Ordenan prisión preventiva para seis exdirectivos de Ueno Bank por presuntas irregularidades financieras

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(06 DE NOVIEMBRE, 2026).-Un juez de Paraguay ordenó prisión preventiva para seis exdirectivos de Ueno Bank, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras que incluye créditos otorgados sin garantías suficientes, sobregiros y transferencias de recursos entre empresas relacionadas con el mismo grupo económico.

La resolución fue emitida el jueves 5 de noviembre por el juez especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia. Los procesados deberán permanecer en establecimientos penitenciarios, separados entre sí y sin posibilidad de comunicarse con los demás imputados.

Los seis son Federico Miguel Vázquez Villasanti, expresidente y exdirector ejecutivo de la entidad; Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.

En la misma causa, el juez concedió arresto domiciliario con monitoreo electrónico a Diana Leticia Mongelós González y Mariana Isabel Torres Rubiani. La medida tomó en cuenta que ambas tienen hijos pequeños. También se les impusieron restricciones, entre ellas la prohibición de salir del país y de comunicarse con los demás procesados.

La causa involucra a 27 personas, entre directivos bancarios, empresarios y representantes de distintas sociedades. La prisión preventiva es una medida cautelar y no representa una sentencia condenatoria.

Fiscalía investiga préstamos y transferencias entre empresas vinculadas

El Ministerio Público investiga operaciones realizadas entre 2025 y 2026 que, de acuerdo con su hipótesis, habrían comprometido los activos de Ueno Bank mediante préstamos y sobregiros concedidos a empresas relacionadas con el grupo económico controlador de la entidad.

Entre las compañías mencionadas por la Fiscalía figuran MOWI, Grupo Hendy y Grupo M. Los investigadores sostienen que recibieron financiamientos por montos elevados, pese a que presuntamente no contaban con capacidad financiera suficiente ni garantías reales adecuadas.

De acuerdo con la imputación, en octubre de 2025 Ueno Bank solicitó a la Superintendencia de Bancos que esas sociedades fueran formalmente desvinculadas del grupo económico. Sin embargo, la solicitud no habría sido acompañada de toda la documentación requerida y la autorización regulatoria seguía pendiente.

Pese a ello, según la Fiscalía, el banco continuó otorgando créditos y sobregiros a esas compañías.

Los investigadores también sostienen que parte de los recursos era transferida poco después a otras sociedades relacionadas, entre ellas ITTI, REDISA, REDIPRO y KAITEL. La hipótesis fiscal apunta a que el dinero no se habría destinado principalmente a los proyectos productivos declarados, sino a cubrir deudas, cancelar sobregiros y pagar obligaciones de otras empresas del mismo entorno.

Uno de los casos señalados es el de Grupo M, que registraba pasivos por 126 mil 776 millones de guaraníes y un patrimonio neto de 5 mil 327 millones. Para los investigadores, esa diferencia refleja un nivel de endeudamiento que debía haber sido considerado al evaluar los créditos.

La Fiscalía imputó a 27 personas por presuntos hechos punibles que incluyen conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

Ueno Bank, en el centro de la crisis política de Paraguay

La investigación financiera se desarrolla en medio de la crisis que provocó la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay. El 3 de noviembre, el organismo inició un procedimiento de resolución luego de detectar que la solvencia de la entidad había caído por debajo del mínimo legal.

La decisión afectó a cerca de 2.9 millones de clientes, que quedaron sin acceso a sus cuentas y servicios financieros, y provocó protestas de ahorradores.

La crisis también alcanzó al presidente Santiago Peña, quien presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre, en medio de cuestionamientos por sus antiguos vínculos empresariales con el grupo propietario del banco.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el inicio de un juicio político contra el mandatario. El procedimiento continuó en el Senado, pese a que Peña había presentado su renuncia.

Además de las medidas personales contra los ocho procesados, la investigación contempla acciones patrimoniales para evitar la disposición de bienes y recursos relacionados con las operaciones bajo investigación.