Nueva ley británica abre ventana legal en la lucha del ejido El Bajío contra Fresnillo Plc

El ejido sonorense, que desde hace más de una década litiga contra Fresnillo PLC por el despojo de su territorio y el incumplimiento de 67 sentencias agrarias, podría beneficiarse del nuevo régimen de diligencia debida anunciado por el Reino Unido. Pero la propuesta legislativa tiene un alcance limitado: cubre derechos humanos y explotación laboral, pero no incluye obligaciones ambientales expresas ni garantiza automáticamente la ejecución de las sentencias mexicanas

CIUDAD DE MÉXICO. – El 4 de noviembre de 2026, el Gobierno británico anunció ante el Parlamento su decisión de legislar para introducir un régimen obligatorio de diligencia debida en derechos humanos para las mayores empresas que operan en el Reino Unido .

La medida, celebrada por organizaciones como Human Rights Watch y la Corporate Justice Coalition, busca cerrar las brechas del actual marco de conducta empresarial responsable, que el propio Ejecutivo calificó de «fragmentado» y demasiado dependiente de la acción voluntaria .

Para el ejido El Bajío, una comunidad campesina del municipio de Caborca, Sonora, que desde 2014 ha obtenido 67 sentencias favorables contra la minera Penmont —filial de Fresnillo PLC— por la ocupación ilegal de su territorio y la extracción no autorizada de oro, el anuncio representa un avance político, pero no una victoria jurídica inmediata. Esto, porque la minera, propiedad de la familia Bailléres, cotiza en la Bolsa de Valores de Londres.

El régimen anunciado se aplicará a empresas británicas con una facturación global superior a los 350 millones de libras, así como a empresas no británicas con una facturación generada en el Reino Unido por encima de ese umbral.

Estas compañías deberán identificar, evaluar y abordar los riesgos de abusos de derechos humanos y explotación laboral en sus operaciones y cadenas de suministro .

Además, se otorgarán poderes a un regulador para investigar a empresas sospechosas de colocar en el mercado británico bienes fabricados con trabajo forzoso y, en caso de que no se hayan cumplido las obligaciones de diligencia debida, ordenar su retirada .

Fresnillo PLC, que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y cuya mina en el territorio del ejido El Bajío sigue reportando reservas valoradas en miles de millones de dólares –aunque no está en operaciones –, cumple con el umbral de facturación y, por tanto, estaría sujeta al nuevo régimen cuando la ley entre en vigor. Sin embargo, la propuesta tiene una limitación crucial que el propio ejido ha identificado.

El anuncio gubernamental contempla la diligencia debida en derechos humanos y explotación laboral, pero no incorpora expresamente una obligación general de debida diligencia ambiental.

Así lo han señalado también organizaciones como Anti-Slavery International y Human Rights Watch, que ha pedido al Gobierno británico extender el alcance de la ley a los riesgos ambientales y climáticos .

La Corporate Justice Coalition, la red de 68 organizaciones que impulsa desde 2017 una ley más ambiciosa —la Business, Human Rights and Environment Act—, ha advertido que la exclusión de los daños ambientales del borrador legislativo del Comisionado Independiente contra la Esclavitud es «particularmente preocupante», y ha subrayado que la degradación ambiental y el cambio climático son impulsores de abusos de derechos humanos, incluida la esclavitud moderna .

Para El Bajío, cuyo litigio contra Fresnillo PLC incluye precisamente daños ambientales causados por la invasión ilegal de su territorio para la explotación minera, esta omisión es significativa. La ley, tal como está planteada, no obligaría a la minera a rendir cuentas por el daño ecológico causado en el desierto de Sonora.