El caso de Campo Algodonero sigue siendo una herida abierta en la historia de México. En 2001, los cuerpos de ocho mujeres fueron encontrados en un terreno baldío en Ciudad Juárez, lo que visibilizó un grave problema que hemos vivido durante décadas en nuestro país: la violencia de género.
En aquellos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por su negligencia, su falta de prevención y su indiferencia ante los feminicidios. Y las autoridades de ese entonces hicieron poco para impedir que la tragedia siguiera creciendo.
Desafortunadamente, la violencia contra las mujeres no se presenta como hechos aislados: es el resultado de una cultura que ha normalizado la violencia de género, combinada con grandes fallas en el sistema de justicia que han perpetuado la impunidad para un gran número de feminicidas. Sólo por dar un ejemplo, en 2023, más de 3 mil 500 mujeres fueron asesinadas en México y sólo una fracción se investigó como feminicidio, lo que demuestra que la justicia sigue sin responder a las mujeres.
La realidad es alarmante. Más de 10 mujeres son asesinadas cada día. Y no, no son números: son madres, hijas, hermanas y amigas que no volvieron a ver a sus seres queridos.
Pero la violencia de género se manifiesta de múltiples formas, como la trata, la explotación laboral, las agresiones sexuales, e incluso la desaparición forzada. Chihuahua, y Ciudad Juárez en particular, son territorios que dan testimonio de la gravedad del problema. Desde los noventa, la región se convirtió en un símbolo del feminicidio en México, con miles de mujeres desaparecidas y asesinadas. A pesar de los mecanismos implementados, la realidad no ha cambiado. La ausencia de respuesta institucional agrava la crisis y profundiza el dolor de las familias, que muchas veces terminan haciendo el trabajo que le corresponde al Estado.
La impunidad es el mensaje más grave que el Estado puede enviar. Cuando un feminicida no es castigado, cuando un agresor sigue libre, cuando una desaparición queda sin resolver, el mensaje es claro: la vida de las mujeres no vale. De ahí que sea urgente renovar el sistema de justicia.
Para las mujeres de México que sufren esta realidad, justicia lenta no es justicia; justicia inaccesible y costosa no es justicia; y por supuesto que justicia sin sensibilidad ni sentido social no es justicia. Necesitamos tribunales que garanticen equidad y respeto, que sean espacios donde las víctimas encuentren soluciones y no más indiferencia.
No basta con discursos, leyes que no se aplican o mesas de trabajo sin acciones concretas. Necesitamos un Estado que asuma su responsabilidad, que garantice justicia y seguridad para todas. Que las instituciones dejen de proteger a los agresores y revictimizar a quienes buscan ayuda.
Queremos un país donde las mujeres puedan caminar libres, donde las niñas crezcan sin miedo y donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para todas.
Este 8 de marzo alzamos la voz por las que ya no pueden hacerlo. Por las madres que siguen buscando a sus hijas, por las mujeres que enfrentan violencia todos los días, por las niñas que merecen un futuro sin miedo. Todas las mexicanas nos unimos en una sola exigencia. Ni silencio, ni indiferencia: ¡justicia para todas!
Ana María Ibarra Olguín*
*Magistrada de Circuito; licenciada, maestra y doctora en derecho.
Tomado de https://contralinea.com.mx/feed/
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