Mujeres denuncian tortura, desnudez forzada y amenazas tras protesta por agua limpia en Jalisco

(27 DE OCTUBRE, 2026).-Adriana Gabriela Arriola Dueñas y Daniela Álvarez Zepeda relataron golpes, humillaciones y amenazas de desaparición durante su detención el 11 de octubre. Las denunciantes señalan que las agresiones ocurrieron en Casa Jalisco y continuaron en instalaciones de la fiscalía estatal.

Dos mujeres detenidas durante la protesta por agua limpia del pasado 11 de octubre en Guadalajara denunciaron haber sufrido golpes, humillaciones, amenazas y presuntos actos de tortura en instalaciones de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, y posteriormente en la Fiscalía del Estado.

En una investigación publicada por La Jornada, el corresponsal Juan Carlos G. Partida recogió los testimonios de la abogada Adriana Gabriela Arriola Dueñas y la doctora Daniela Álvarez Zepeda, quienes describieron las agresiones que, según sus declaraciones, sufrieron durante las aproximadamente 12 horas que permanecieron retenidas.

Ambas mujeres afirmaron que fueron insultadas, vejadas y amenazadas con desaparecerlas. También denunciaron que otras personas detenidas fueron golpeadas y sometidas a tratos degradantes.

Adriana Arriola acudió a la manifestación para exigir agua libre de contaminantes y fue detenida junto con su hija de 19 años. Según su testimonio, una mujer policía a quien identificó como “la jefa” se lanzó contra una de las jóvenes detenidas y la ahorcó frente a personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, bomberos, paramédicos y otros policías.

La abogada aseguró que la joven pataleaba mientras las personas presentes observaban sin intervenir.

Arriola también denunció que cuatro policías la introdujeron a Casa Jalisco con el pantalón abajo. Además, afirmó que vio cómo ingresaron desnudo a otro hombre, quien permaneció así durante un tiempo hasta que le arrojaron un short para que se cubriera.

Las amenazas, relató, continuaron durante su detención. De acuerdo con su testimonio, los agentes les dijeron que las desaparecerían, que no volverían a salir y que irían a buscarlas porque tenían fotografías y nombres de todas las personas detenidas.

La doctora Daniela Álvarez Zepeda describió las condiciones en las que permanecieron alrededor de 40 manifestantes detenidos, confinados en una habitación de aproximadamente cinco por cinco metros que identificó como parte de Casa Jalisco.

Según su relato, las personas habían sido detenidas durante la protesta después de que policías utilizaran gases lacrimógenos y chorros de agua a presión.

Álvarez contó que una joven comenzó a convulsionar e intentó acercarse para colocarla en una posición segura, pero se lo impidieron. Después llegaron paramédicos que, de acuerdo con su testimonio, tampoco podían mover adecuadamente a la joven.

La doctora afirmó que la detenida volvió a convulsionar y que pidió al personal médico no administrarle una solución salina. También denunció que policías aseguraban que la joven fingía y se reían mientras otras personas presentaban lesiones.

Las dos mujeres coincidieron en que durante su detención sufrieron humillaciones, golpes e insultos. Sus testimonios forman parte de las denuncias por presuntas torturas y violaciones a los derechos humanos presentadas después de la protesta.

Tras permanecer retenidas en la habitación que identifican como parte de Casa Jalisco, las personas detenidas fueron subidas a un camión negro sin placas ni identificación visible, relataron las denunciantes.

Inicialmente, según su versión, les dijeron que serían trasladadas a la Cruz Verde debido a la gravedad de las lesiones. Sin embargo, el vehículo se dirigió a las instalaciones de la Fiscalía del Estado.

Ahí, aseguraron, continuaron las agresiones y los tratos degradantes. Relataron que permanecieron a la intemperie bajo la lluvia, empapadas y con frío, mientras algunos jóvenes fueron dejados semidesnudos o sin pantalones, sin que se les proporcionara ropa.

También denunciaron que la atención médica y la elaboración de los partes de lesiones fueron condicionadas a que se desnudaran por completo en un consultorio cuyas ventanas estaban cubiertas únicamente con bolsas de plástico, por lo que podían ser vistas desde el exterior.

Las mujeres sostuvieron que las agresiones ocurrieron pese a la presencia de personal de derechos humanos en el lugar. Asimismo, rechazaron la versión de las autoridades estatales de que las detenciones no ocurrieron en Casa Jalisco.

Como elemento para respaldar su señalamiento, indicaron que la pareja de Daniela Álvarez logró realizar una captura de pantalla de su ubicación en tiempo real dentro del perímetro de la residencia oficial, antes de que le retiraran el dispositivo.

Adriana Arriola y Daniela Álvarez forman parte de un grupo de aproximadamente 10 personas que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de tortura. También rindieron declaración ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que atrajo el caso, según la información publicada por La Jornada.

En un primer informe, la CNDH señaló que el grupo de personas infiltradas que provocó disturbios y habría servido de pretexto para la represión del 11 de octubre mantenía coordinación directa con autoridades policiales.

Las denunciantes pidieron que se investigue y sancione a los responsables. Señalaron al gobernador Pablo Lemus y a mandos policiales, incluido el secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, a quienes consideran responsables de los hechos. Hernández había respondido previamente a los señalamientos con la frase: “Yo no fui”.

Las mujeres también acusaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco de no intervenir para detener las agresiones, pese a que, según ellas, su personal se encontraba en la habitación donde estaban confinadas las personas detenidas.

El abogado José Francisco Salazar González, defensor de cuatro víctimas, entre ellas Arriola y Álvarez, sostuvo que los hechos descritos constituyen un conjunto de presuntas violaciones a los derechos humanos y a los protocolos policiales y jurídicos.

El abogado, doctor constitucionalista y profesor de la Universidad de Guadalajara, también señaló que hubo violencia de género, pues, según explicó, en varios casos fueron policías hombres quienes golpearon a mujeres detenidas. Entre las conductas denunciadas mencionó golpes, incomunicación, humillaciones y el traslado de manifestantes a lo que calificó como una “prisión privada” dentro del perímetro de la residencia oficial del gobernador.

Las víctimas, además, acusaron al Ministerio Público estatal de integrar carpetas de investigación con datos que consideran falsos o forzados durante las detenciones. Por ello, pidieron que la FGR atraiga las investigaciones y actúe para esclarecer los hechos.

Aunque afirmaron tener miedo porque agentes investigadores de la fiscalía ya acudieron a sus domicilios, decidieron hacer públicos sus testimonios. Consideraron que denunciar lo ocurrido también puede servir para protegerse y responsabilizaron a las autoridades estatales de cualquier agresión en su contra.

Las acusaciones sobre tortura, violencia de género y posibles irregularidades deben ser investigadas por las autoridades competentes. Las denunciantes exigen que se esclarezcan los hechos, se garantice su seguridad y se sancione a quienes resulten responsables.