“Muchos médicos se autoengañan al cobrar de la industria: piensan que actuarían igual sin ese dinero”

En su libro ‘No llores más’, Harris desentraña las décadas de opacidad, colusión regulatoria y agresivas estrategias comerciales que ocultaron los riesgos mortales de los productos más icónicos de la multinacional estadounidense Johnson & Johnson: de los polvos de talco para bebé al fentanilo.

La historia del capitalismo estadounidense está repleta de marcas que no solo han definido sectores, sino que se han asentado en la memoria afectiva de varias generaciones. Pocas firmas encarnan este fenómeno con la fuerza de Johnson & Johnson, un conglomerado farmacéutico e industrial cuya imagen pública se cimentó durante más de un siglo sobre los pilares del cuidado materno-filial, la ética corporativa y la confianza ciega del consumidor.

En el libro No llores más: Los oscuros secretos de Johnson & Johnson, publicado ahora en castellano por Capitán Swing, el periodista de investigación Gardiner Harris, que durante años cubrió el sector farmacéutico para The New York Times o The Wall Street Journal, desentraña los entresijos de la compañía y examina cómo algunos de sus productos más icónicos se vieron envueltos en graves crisis sanitarias y escándalos judiciales ocultados al público.

En esta entrevista con SINC, Harris repasa los hallazgos de su investigación, el papel de los órganos reguladores y el impacto de estas prácticas en la salud pública mundial.

Usted plantea en su libro que la historia de Johnson & Johnson permite explicar la propia evolución del sistema sanitario estadounidense. ¿Hasta qué punto la trayectoria de sus productos refleja las contradicciones de este modelo?

Efectivamente, la historia de la compañía corre en paralelo a la de la sanidad en Estados Unidos, un sistema que alberga lo mejor y lo peor de la medicina mundial. Existen servidores públicos extraordinarios, pero también un nivel de corrupción estructural devastador. En el país, esa corrupción se sustenta en una premisa básica: permitir que grandes corporaciones como Johnson & Johnson paguen directamente a los médicos para que actúen como comerciales a tiempo parcial.

Ese flujo de dinero está en la base de crisis sanitarias colosales, desde la epidemia de opiáceos hasta los escándalos con el antipsicótico Risperdal. La influencia del dinero es profunda porque muchos profesionales se autoengañan pensando que actuarían igual sin cobrar, cuando en realidad es la compensación económica la que moldea sus creencias.

Lo más grave es que esta dinámica se exportó fuera de nuestras fronteras; por ejemplo, con el uso de la eritropoyetina (Epo) en enfermos de cáncer, donde los investigadores mantenían silencio debido a contratos de confidencialidad e incentivos económicos, ocultando riesgos que acabaron costando cientos de miles de vidas.

En el libro calcula que solo tres productos de la empresa causaron alrededor de dos millones de muertes en Estados Unidos. Ante cifras de tal magnitud, ¿cómo responde al argumento de que la compañía también ha desarrollado tratamientos que salvan vidas?

Es habitual escuchar que el balance debe equilibrarse por los productos beneficiosos de la empresa, pero ese es su trabajo y su negocio legítimo. No se puede compensar el crimen con el cumplimiento ordinario del deber. Si una cajera de banco realiza miles de transacciones de forma honrada durante treinta años y un día sustrae quinientos dólares de la caja, es una delincuente y será procesada sin que nadie alegue su intachable historial previo.

En 2003, seis de sus siete productos más vendidos estaban directamente involucrados en prácticas delictivas o fraudulentas

En el caso de Johnson & Johnson, la situación es aún más grave: en 2003, seis de sus siete productos más vendidos estaban directamente involucrados en prácticas delictivas o fraudulentas. No hablamos de un fallo aislado, sino de una conducta sistemática. Durante buena parte de su historia reciente, la corporación ha funcionado en la práctica con dinámicas más cercanas al crimen organizado que a la responsabilidad social que preconiza en su famoso credo.

Habiendo cubierto la industria farmacéutica durante décadas, ¿qué le llevó a enfocar su investigación específicamente en Johnson & Johnson y no en otras grandes firmas del sector?

Hubo dos factores clave. El primero fue la enorme brecha existente entre su reputación pública y su comportamiento real. A diferencia de otras farmacéuticas cuyas valoraciones cayeron tras el aumento de precios o los escándalos de los noventa, Johnson & Johnson se mantuvo sistemáticamente en la cumbre de las empresas más admiradas del mundo. Para un periodista, ese nivel de hipocresía es el principal motor de investigación.

El segundo factor fue personal y profesional. A finales de los noventa descubrí que J&J era la única gran farmacéutica que se negaba a ceder sus patentes para facilitar medicamentos asequibles contra el VIH en África. Años después, tras el nacimiento de mi hijo y su paso por la unidad de cuidados intensivos neonatales, descubrí que la empresa había comercializado de forma ilegal y encubierta un fármaco gástrico, Propulsid, en prematuros, a sabiendas de que no era eficaz en niños y que provocaba arritmias cardíacas mortales. Esas experiencias me demostraron que su comportamiento era sensiblemente peor que el del resto de la industria.

Su libro detalla un deterioro progresivo de la capacidad supervisora de la Agencia para el Control de Alimentos y Medicamentos de EE UU (FDA). ¿Cómo se produjo esta degradación institucional?

Ha sido un declive paulatino que se aceleró en 1992, cuando el Congreso aprobó un sistema mediante el cual la propia industria farmacéutica pasó a financiar directamente gran parte del presupuesto de la FDA a través de tasas de usuario. Cuando los responsables del organismo intervienen en congresos del sector, llegan a dirigirse a las empresas llamándolas «nuestros clientes», olvidando que su único cliente debe ser la ciudadanía.

La lección es clara: un cuerpo de inspección y seguridad como la FDA no puede estar financiado por las mismas entidades a las que debe supervisar

Esta dependencia económica ha maniatado al regulador. En 2012, por ejemplo, mientras se investigaba a ejecutivos de Johnson & Johnson por fraudes con Risperdal y por la comercialización ilegal de prótesis de cadera y mallas vaginales defectuosas, la cúpula de la FDA pidió ayuda al consejero delegado de la tecnológica sanitaria para sacar adelante una ley de financiación. Como resultado implícito, ningún alto directivo fue procesado penalmente. La lección es clara: un cuerpo de inspección y seguridad no puede estar financiado por las mismas entidades a las que debe supervisar.

Usted propone la creación de una entidad independiente para evaluar la seguridad de los productos médicos tras su comercialización. ¿Por qué es necesaria esa separación?

Existe un conflicto de interés inherente cuando el mismo organismo que aprueba un medicamento debe investigar sus fallos una vez que está en el mercado. Es el modelo que aplicamos en la aviación civil: la Administración Federal de Aviación (FAA) homologa los aviones, pero cuando se produce un accidente, la investigación la realiza la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), un órgano totalmente independiente.

Necesitamos una estructura similar en la medicina. Además, el problema de los dispositivos médicos es global. En Europa, las exigencias de prueba clínica previas a la venta han sido históricamente incluso inferiores a las estadounidenses, bastando en muchos casos con un marcado CE tramitado en países con estándares laxos. Cuando la FDA aprueba un dispositivo defectuoso, se genera un efecto dominó internacional que valida el producto en todo el mundo y deja desprotegidas a miles de víctimas.

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