
Las investigaciones comerciales de Donald Trump para reimponer su muro arancelario, bajo la Sección 301, suponen una nueva batalla a librar para México. Tras el varapalo que recibió el republicano del Supremo con la cancelación de buena parte de sus aranceles, en febrero pasado, su Gobierno ha echado a andar una serie de pesquisas sobre “excesos de capacidad estructural” para justificar los nuevos aranceles.
Como parte de estas nueva estrategia, Washington asegura que México, China, Vietnam, Japón, India, los integrantes de la Unión Europea y un puñado de países más registran excesos de capacidad en sus manufacturas, con volúmenes que han distorsionado sus mercados y suponen un riesgo para sus factorías y empleos. El Gobierno de Claudia Sheinbaum, así como los representantes de la industria mexicana, han rechazado estos señalamientos y han pedido su exclusión del proceso. “No existe fundamento legal ni fáctico para incluir a México en el alcance de esta investigación”, indicó la representación del país latinoamericano en las consultas públicas de la Oficina Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).
En las audiencias de la USTR, México compartió su preocupación por las consecuencias que podrían derivarse de este proceso: la interrupción de las cadenas de suministro norteamericanas, el debilitamiento de la cooperación regional, el aumento de los costos y precios de producción y, en última instancia, la pérdida de más empleos en el sector manufacturero. México detalló que las medidas comerciales unilaterales generarían serias preocupaciones respecto a su coherencia con las obligaciones de Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el TMEC.
En este mismo foro, la empresa siderúrgica Deacero esgrimió que Estados Unidos mantiene un superávit comercial de acero estructural con México de 4.000 millones de dólares anuales y añadió que el 55% del total de las importaciones de acero a México provienen de su vecino país del norte. Gerardo Lameda, representante de la firma Deacero, indicó en estas consultas que la imposición de medidas adicionales contra México, bajo la Sección 301, solo agravaría los desafíos comerciales de Norteamérica, socavaría el espíritu del TMEC y perturbaría las cadenas de suministro integradas. Por ello solicitó a Washington no imponer medidas comerciales adicionales a las exportaciones mexicanas de acero.
El representante industrial añadió, además, que los vigentes aranceles sectoriales del 50% sobre el acero mexicano complican aún más el panorama. “Desde la implementación de los aranceles de la Sección 232, los países asiáticos han sido los principales beneficiarios del comercio de acero con Estados Unidos. México y Estados Unidos se enfrentan a una amenaza y un desafío comunes: la estrategia china de inundar los mercados globales con acero barato y subsidiado. Estados Unidos no puede afrontar este desafío solo mediante el aumento de los aranceles globales. Una Norteamérica más fuerte e integrada es la respuesta más eficaz al exceso de capacidad estructural y a las prácticas comerciales desleales”, zanjó.
Para EE UU, México es parte del problema. En los argumentos iniciales de estas investigaciones, la USTR advirtió del creciente superávit comercial que tiene el país latinoamericano respecto a EE UU por el ascenso de sus exportaciones a su mercado de autos, mercancías de construcción, transporte y salud. “La industria automotriz mexicana ocupa el quinto lugar a nivel mundial en la fabricación de vehículos ligeros y pesados, con exportaciones globales que ascendieron a 104.800 millones de dólares en 2024. Estados Unidos representa el 79,7% de las exportaciones mexicanas en el sector automotriz”, refiere el Gobierno de Trump.
La USTR determinará si los actos, políticas y prácticas bajo escrutinio son irrazonables, discriminatorios y perjudican o restringen el comercio estadounidense. Además de México, los países en el punto de mira son China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea, Vietnam, Taiwán, Bangladesh, Japón e India. En sintonía con su política America First, los republicanos aseguran que la sobrecapacidad extranjera puede frenar la producción y las nuevas inversiones en Estados Unidos en sectores estratégicos.
La investigación de la USTR, bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, es un capítulo más en la estrategia proteccionista de Trump. Las acusaciones por supuestos excesos de capacidad en sus manufacturas forman parte de un nuevo camino tras el derrumbe de los aranceles globales y recíprocos por parte de la justicia estadounidense. En febrero pasado, el Supremo anuló los llamados “aranceles recíprocos” y a inicios de este mes, el tribunal comercial de EE UU resolvió que los gravámenes universales del 10% también son ilegales, no obstante, la Casa Blanca informó que recurrirá el fallo. El Gobierno de Trump se aferra a su visión de reordenar el comercio internacional, a punta de aranceles.
Tomado de https://feeds.elpais.com/

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