<!––>
Mientras en la Ciudad de México persisten los desalojos con violencia, vecinos del predio ubicado en República de Cuba número 11 denunciaron la existencia de una posible red de despojos inmobiliarios en la que estarían implicados dos notarios del estado de Hidalgo
Texto y fotos: Camilo Ocampo
CIUDAD DE MÉXICO. – El 27 de agosto, familias que vivían en Cuba 11 fueron desalojadas con violencia. Desde entonces comenzaron a organizarse para recuperar su hogar y frenar lo que califican como desalojos ilegítimos en la capital.
Leer más
Su apuesta es una reforma legal, aunque trabajan a contrarreloj, pues los despojos con el mismo modus operandi continúan, como ocurrió con residentes de Mar Blanco 102, en la colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo.
Vecinos descubren red de desalojos
Un video difundido por la colectiva Antigentrificación.Cdmx muestra a una mujer de la tercera edad que, con lágrimas en los ojos, denuncia haber sido expulsada con violencia mientras le apuntaban con un arma. En el mismo mensaje hace un llamado a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para que le ayude a recuperar su hogar. El testimonio refleja cómo los desalojos forzados se han vuelto habituales en la capital mexicana.
Mientras tanto, quienes ahora viven en un campamento improvisado a unos pasos del Zócalo se han movilizado jurídicamente para intentar recuperar su vivienda y frenar estas prácticas.
El señalamiento, sin embargo, apunta al estado de Hidalgo. De acuerdo con el abogado de las familias de Cuba 11, Arturo Aparicio, dos notarios públicos estarían involucrados en el despojo.
El primero es Octavio Eduardo Soto Hernández, detenido por la Procuraduría de Justicia de Hidalgo en julio de este año, acusado de simular un acto jurídico para beneficiar a un tercero en la inscripción de un predio urbano en Tolcayuca. Soto también avaló las escrituras de Cuba 11 en la CDMX. Pese a que obtuvo su título de notario en 2022, la Ley del Notariado de Hidalgo exige al menos cinco años de experiencia para desempeñar esas funciones.
El segundo es Edén Khadaffy Cornejo Gómez, notario 16 e hijo del actual delegado de la Secretaría de Gobernación, Luciano Cornejo Barrera. Fue él quien el 10 de septiembre autorizó la compraventa de Cuba 11. Cabe recordar que la Procuraduría de Hidalgo cateó esa notaria en mayo de 2023. Ahí decomisó documentos, registros de visitantes, agendas, dispositivos electrónicos y sistemas de videovigilancia.
Operaciones legales, para despojos inmorales
Días antes del operativo, el gobernador Julio Ramón Menchaca había advertido que en Hidalgo existe un exceso de notarías. Recordó que la ley establece un notario por cada 30 mil habitantes, pero subrayó que en administraciones anteriores “se repartieron como volantes”.
Sobre el caso, el abogado Aparicio aseguró: “Pareciera que hay una red de notarios en Hidalgo autorizada a modo para dinámicas de fraude procesal. Es un poco lógico, pero la normativa permite que se haga cumplir un contrato de compraventa en Hidalgo sobre un predio en la Ciudad de México”.
Mientras llega más información, y las familias siguen en la calle con el invierno a la puerta, los afectados trabajan para presentar una reforma que impida el desalojo de más hogares en la capital. Además, hicieron un llamado a la sociedad civil para sumarse a su causa y exigir al gobierno una solución digna.
Camilo Ocampo
Tomado de https://piedepagina.mx/
Más historias
Claudiashein : Gira de rendición de cuentas: Honestidad y resultados en Hermosillo, Sonora.🎥 https://t.co/nfAVe13AwB https://t.co/c3skeuGAkr
@HugoAguilarOrti: La jurisdicción indígena fue uno de los temas de debate en el Pleno de la @SCJN, al resolver el Amparo en Revisión 162/2026.El punto central fue: ¿en qué momento debe la autoridad del sistema estatal definir si un asunto penal, en este caso sobre portación de armas, corresponde ser resuelto por la autoridad indígena o por la estatal?La mayoría decidió que el juez de control debe primero dictar el auto de vinculación a proceso y después definir qué autoridad es la competente para conocer el caso.Mi postura fue en contra, porque una vez dictado ese auto, en los hechos, el caso ya estaría sometido a la justicia estatal, lo que dejaría sin efecto real el reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena.El artículo 2°, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía”.Asimismo, dispone que “La jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con sus sistemas normativos, dentro del marco del orden jurídico vigente, en los términos de esta Constitución y leyes aplicables”.Ante la coexistencia de dos sistemas jurídicos, el reto es construir mecanismos que permitan su interacción y coordinación, sin que uno anule al otro.Ese es el camino hacia el #PluralismoJurídico y una #JusticiaRealYVerdadera.
@HugoAguilarOrti: Esta semana participé en la inauguración del Seminario de las Altas Cortes de América Latina «La justicia frente al cambio climático y la bioculturalidad», un espacio que reunió a juzgadoras y juzgadores de distintos países de la región para compartir experiencias y reflexionar sobre los retos que enfrenta la justicia ante la crisis climática.El cuidado de los bosques, ríos, mares y territorios no es solo una cuestión ambiental; es una cuestión de derechos, de vida y de futuro para las próximas generaciones.Desde la @SCJN asumimos esa responsabilidad con convicción.Proteger el medio ambiente significa también reconocer y defender la diversidad biológica y cultural de los pueblos y comunidades. El cuidado del medio ambiente también es un acto de #JusticiaRealYVerdadera.