Una visita pactada, una entrada rápida: pasen, pasen, no se queden ahí fuera. El empresario se sienta en una silla. Ofrece el sofá. ¿Agua? Trae dos botellas. “Hace tres semanas mataron aquí al lado a una mujer. Fue por la mañana”, cuenta. Una señora que estaba ahí se extrañó de que no llegara la ambulancia. “Y otra que estaba con ella, dijo, ‘no, pues están esperando a que se muera’… Es que han matado a paramédicos también, por atender a las víctimas”, explica el empresario, que no dice su nombre, ni el giro de su negocio, ni el barrio en el que vive, ni la edad, ni el nombre, nada. La violencia es divisa en Cuautla, en el oriente de Morelos, y el hombre evita cualquier riesgo. En el reino de la extorsión y de los plomazos vengativos, cualquier precaución es poca.
Cuautla se ha convertido en una emergencia nacional en México, el ejemplo de sus males criminales, un experimento inconsciente de las mafias, que la amenazan de muerte, atrincheradas en sus órganos de gobierno. En mayo, el Gabinete de Seguridad federal detuvo, en el marco del operativo Enjambre contra la corrupción institucional, a la columna vertebral del ayuntamiento. Cayeron desde el alcalde al tesorero, pasando por el secretario municipal y el oficial mayor. Se les escapó un objetivo, el encargado de los mercados y la central de abastos, que sigue prófugo. Las detenciones responden a la presunta colaboración del equipo de Gobierno con una organización criminal, enraizada en el Cartel de Sinaloa y la Unión Tepito, que controlaba la venta ambulante, el rastro local de carne, los mercados y el área de catastro y pago de predial, por mencionar algunos rubros.
El problema trasciende en tiempo y espacio a los esfuerzos del Gobierno federal, que preside Claudia Sheinbaum. Cuautla espejea un problema nacional. No es una excepción, sino la norma que impera en muchos municipios del país, grandes y pequeños, sometidos a poderosas pinzas político-criminales, que imponen o toleran esquemas de extorsión y ordeña al presupuesto y al tejido económico local. Así, las mafias prosperan y se derraman en regiones enteras. Lo que hacen en un municipio se repite en el siguiente. Y si no son ellas, lo hacen otras. Las detenciones de Cuautla no han sido las únicas. Las autoridades han capturado también, por el mismo asunto, al exalcalde de Yecapixtla y al alcalde de Atlatlahucan, municipios vecinos, además de una candidata a alcaldesa en esta última localidad y al exalcalde de Ayala, otro pueblo cercano.
Todo empezó en un campo de aguacates. Al menos el último ciclo criminal: crecimiento de un grupo, presiones de los capos, cooptación administrativa y, por último, escándalo mediático. Acostumbrado a las imágenes comprometidas de sus políticos, Morelos supo en febrero del año pasado que un líder criminal regional, conocido como El Barbas, adscrito aparentemente a la facción del Cartel de Sinaloa que funciona desde Guasave y Los Mochis, se reunía con alcaldes y demás funcionarios de la región oriente, donde Cuautla es la cabecera. De hecho, había un vídeo de una de las reuniones, sostenida durante el verano de 2024, poco después de las últimas elecciones locales y estatales.
Reunidos en un campo de aguacates de Totolapan, cerca de Cuautla, El Barbas aparecía junto a todos los detenidos el mes pasado en Morelos: el alcalde de Cuautla, Jesús Corona, de la coalición PRI-PAN-PRD; el alcalde de Atlatlahucan, de la misma coalición, e Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla, del PAN. A la junta acudieron también varios funcionarios de Cuautla, el oficial mayor, el secretario municipal, el tesorero, el encargado de mercados… Alguien los grabó, alguien guardó la cinta y luego la divulgó, en febrero de 2025. Las autoridades abrieron una investigación por aquello, que alimentaron con informes y testimonios. Un año y poco más tarde, en mayo, capturaron a casi todos los asistentes.
Las aprehensiones han elevado cantidad de preguntas en Morelos, no tanto sobre la veracidad de las acusaciones, pasto de chismorreos durante años en la región, sino por la certeza de que el problema apunta a todos los partidos, de todos los colores, y que no es una cosa del presente. No en vano, el mismo Corona ha sido alcalde de Cuautla dos veces, la primera por Morena, de 2019 a 2021. O la familia Sánchez Zavala, tres hermanos y el padre, que ha controlado la política de Yecapixtla, bajo las siglas del PRI o el PAN, desde hace más de una década. Como dice un exfuncionario del Gobierno federal en Morelos que ha consultado EL PAÍS estos días: “Es un tema de crimen organizado interpartidista. Yo creo que ningún partido y gobierno de los últimos 15 años se salva”.
Las negociaciones de la delincuencia con los gobiernos locales, que se renuevan cada tres años, generan una tensión que cristaliza en capas superpuestas, cuya ruptura es parte de la norma. Los acuerdos amparan además la gestión de la economía ilegal, la extorsión a restaurantes, bares, fábricas, la venta de droga al menudeo, donde la competencia es feroz. En ambos ámbitos, la violencia es la herramienta preferida para resolver conflictos. Estos días en Cuautla, un antiguo alto funcionario local, conocedor de los vaivenes del poder regional de los últimos 15 años, señalaba, sin duda alguna: “El problema empezó cuando se les dejó entrar”. Se refería a los criminales y a la burocracia local, una fuente de ingresos tan apetitosa en México como el tráfico de drogas.
La gran decadencia
Siempre hay un antes y un después, aunque sus barreras sean porosas. Para el caso de Cuautla, el límite aparece a finales del primer gobierno de Corona, en 2020 y 2021: el principio de la gran decadencia final. Una persona que conoce la política local, que en ocasiones ha sido consultora de las autoridades federales y que prefiere ocultar su identidad, dice: “Justo por entonces empezó a descontrolarse el ambulantaje, abrieron muchos bares que funcionaban hasta tardísimo, y empezó a haber también ataques”. El ambulantaje y los bares per se no son mala cosa, el problema eran sus gestores en la sombra. En los bares, la venta de droga proliferó. “La extorsión creció muchísimo también [al amparo del ambulantaje] y ya todo el mundo decía que era la Unión Tepito”, explica.
Cuautla y el oriente de Morelos, conexión con Guerrero y Puebla, vivían entonces un interregno. En enero de 2022, medios locales publicaron una fotografía tomada años antes del entonces gobernador, Cuauhtémoc Blanco, de la coalición de Morena, con los dos principales líderes criminales del oriente, Irving Solano, alias El Profe, y Raymundo Castro, alias El Ray. En la imagen también estaba Homero Figueroa, alias La Tripa, detenido hace unas semanas en Puebla, poco después de las capturas de polìticos de mayo. En los años de Blanco como alcalde de Cuernavaca, La Tripa llegó a trabajar para el sistema de agua y alcantarillado municipal. Él y su grupo, el Comando Tlahuica, se habían dado cuenta de que el agua era un negocio. Su lógica: apoderarse del aparato administrativo y cobrar ellos mismos las cuotas de los vecinos y la venta de pipas.
Para cuando se tomó esa foto, diciembre de 2018, “el Profe trataba de adueñarse además del rastro municipal de carne”, explica la fuente anterior, en referencia al espacio en que cientos de carniceros que abastecen a Cuautla y alrededores, matan a los animales y se aprovisionan de carne. Millones de pesos mensuales. “El Profe y el Ray tenían a sus proveedores y obligaban a los carniceros a comprarles”, explica. “Poco después se hicieron con el control del área de catastro y pago de predial del ayuntamiento”, añade. Aunque la fotografía parecía alargar la época de esplendor de ambos criminales a 2022, en realidad había acabado antes. El Ray fue detenido en 2019 y murió asesinado ese mismo año en prisión. El Profe cayó en 2021 y cumple una condena de décadas en la cárcel.
Luego de Corona, Rodrigo Arredondo, también de Morena, ganó las elecciones en Cuautla. Cuando apenas llevaba un año en el cargo, apareció por allí El Barbas, llegado de Sinaloa. Según publicaba el diario Reforma a finales de mayo, citando la investigación que derivó del vídeo con el líder criminal, El Barbas hizo mancuerna con alias Milton, líder de la Unión Tepito, que allá en Cuautla tomó el nombre de Gente Nueva. Pero su liderazgo se discutía, y el interregno aún causaba fricciones. Los vendedores de droga de la época anterior seguían a la suya en los bares de Cuautla y alrededores. “Entonces empezaron a pelearse con los de la Unión Tepito”, sigue la fuente de arriba. Hubo más peleas: por el rastro de carne, por las rutas de transporte, por el cobro de piso… Y hubo muertos, muchos muertos. En 2023 y 2024, Cuautla contó más asesinatos que nunca.
Las capas superpuestas de delincuentes que operaban en la región convirtieron a Cuautla en un manicomio, el sueño de un loco. Todo el mundo sabía que había operadores de la Unión Tepito, grupo criminal de la capital; todos habían escuchado del Barbas. Y todo el mundo asumía que, entre medias, criminales de medio pelo trataban de medrar, de sacar partido. Era una fiebre, todo el mundo quería sacar tajada. El empresario de Cuautla recuerda una anécdota que le contó un agente de policía hace unas semanas. “Resulta que una patrulla encontró hace unos meses, ya de madrugada, a dos muchachos en la carretera, con la moto averiada. Se detuvieron, les registraron la mochila, y encontraron dos carteles así”, dice. “¡Eran dos mensajes que iban a dejar a dos negocios para que pagaran piso, una taquería y una consultora!”, añade. Según cuenta, por ir a dejar los mensajes, los muchachos, de 17 años, recibirían 500 pesos cada uno. 27 dólares.
La extorsión es la consecuencia más visible del estado de las cosas en Cuautla y el oriente de Morelos en general, también la más lesiva para la población. De enero a mayo, las autoridades han contado en el municipio 313 víctimas de este delito, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), una cifra que dobla a las registradas en el mismo periodo del año anterior. Los datos ofrecen dos lecturas. La primera, que la crisis es enorme, más grande que nunca; la segunda, que antes también lo era, pero ahora se denuncian más casos. Más allá de eso, una incertidumbre aflora: ¿qué efecto tendrá el corte de un tentáculo de la hidra criminal en un delito tan fácil de perpetrar como la extorsión?
Pocos son los negocios que no han recibido papelitos con avisos truculentos en el municipio en los últimos años, del estilo “tienes 15 minutos para llamar o te lleva la verga, hijo de tu puta madre”, acompañado de un número de teléfono. Trocitos de papel que alguien llega y deja en el mostrador, con la esperanza de que el miedo haga que el comerciante, la empresaria, tomen el celular y marquen y queden atrapados en la maraña del crimen. Lo peor es que no se sabe quién hace qué, si los criminales incrustados en el Gobierno u otros. Muchos eligen pagar aunque los criminales sean impostores: pueden ser peligrosos también. Otros eligen cerrar su negocio. El empresario, que manejaba una tienda en el centro, cerró. A él solo le llegó el papelito a su segundo negocio, pero el centro, dice, “se había degradado demasiado”.
El presente
A falta de que el Barbas, prófugo, diga lo contrario, el nuevo ciclo criminal en Morelos ha concluido antes de su maduración. La captura de la Tripa cerraba definitivamente el anterior; la caída de la red institucional del Barbas ha herido de muerte a este último. El problema es que el camino criminal ya existe. La lógica de adueñarse de esferas de poder institucional figura ya en cualquier manual delictivo. Morelos y el oriente han visto además cómo esa inercia va más allá de los municipios. Solo hay que echar un vistazo a la cadena de asesinatos vinculada al liderazgo de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco), organización campesina que se beneficia desde hace años de las regalías por el uso del agua que hace la Comisión Federal de Electricidad.
En febrero de 2022, criminales asesinaron al presidente del consejo de vigilancia de la asociación, Francisco Vázquez. En 2024, el entonces presidente de Asurco, Antonio Domínguez, sobrevivió a un ataque armado en su casa. Domínguez, que también había sido alcalde del municipio de Ayala, vecino de Cuautla, dejó el cargo tras el atentado. En su lugar quedó Carolina Plascencia. En septiembre de 2025, criminales asesinaron a Plascencia en una carretera. La semana pasada un círculo se cerraba con la detención de Domínguez y un antiguo colaborador suyo en Ayala, su secretario municipal. Las autoridades les encontraron supuestamente armas y drogas.
Esta sucesión de eventos muestra las consecuencias de la pelea por el poder en la asociación y su dinero, aunque las piezas no acaben de encajar: no se sabe por qué mataron a Plascencia o Vázquez, por qué atacaron a Domínguez, por qué lo han detenido ahora. El alto funcionario local, conocedor de los vaivenes del poder regional de los últimos 15 años, señala precisamente que la detención de La Tripa, y sus intereses y conocimientos en el mercado regional del agua, habrían provocado la caída de Domínguez. Medios locales en Cuautla señalan que el presunto criminal se ha acogido al programa de testigos protegidos de la Fiscalía General de la República, aspecto que no ha sido confirmado.
El asesinato en 2019 del activista Samir Flores debe insertarse en las mismas y violentísimas dinámicas por el control de poder y recursos en la región. Vecino de Temoac, cerca de Cuautla, Flores pertenecía al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que se oponía a la construcción del Proyecto Integral Morelos, dos centrales termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto que funcionarían en la zona y los estados aledaños, y que beneficiaban económicamente a Asurco y al municipio de Cuautla. Pese al enfado que provocó el asesinato, nunca se supo quién lo mandó matar. El juicio contra el único acusado terminó con su absolución en marzo.
Las dificultades para hacer justicia en este caso y en los anteriores responden, además del fallo sistémico de las fiscalías, a la prosperidad del tejido criminal en la región. “Han aparecido grupitos [criminales] en cada municipio, sin excepción”, dice la persona que conoce la política local en Cuautla y alrededores, y que en ocasiones ha sido consultora de las autoridades federales. En septiembre de 2025, recuerda, detuvieron a una extesorera de Temoac, apodada La Patrona o La Jefa, y a 10 integrantes de la célula criminal local, Los Aparicio, sospechosos del caso de Flores. El presidente municipal de Temoac, familiar de La Jefa, había dejado el cargo meses antes por un ataque armado en su contra.
Cuautla y el oriente de Morelos se encuentran en una encrucijada. El aparente fin de los ciclos criminales recientes hace preguntarse por su futuro. ¿Se están gestando nuevos liderazgos, que solo se conocerán con la próxima foto o video filtrado? ¿Está sirviendo de algo la detención de autoridades y criminales o simplemente les despeja el camino a potenciales sucesores? El empresario de arriba no es demasiado optimista. Su relato es un catálogo de negocios cerrados y ejecuciones, de gente que pagó o que decidió marcharse. La decadencia ha llegado al punto de que los extorsionadores reparten amenazas como quien distribuye volantes publicitarios. “Viene a dejar los papelitos así, tal cual”, dice. Podrida desde arriba, la sanación de la vida pública local aparece como única posibilidad para Cuautla.
Tomado de https://feeds.elpais.com/



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