En la primera vuelta de las elecciones en Perú, la apertura de varias mesas de votación se vio retrasada debido a la falta de material electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señaló directamente a la empresa Servicios Generales Galaga, responsable de la distribución y logística, como culpable de esta situación.
Galaga SAC se presenta en su sitio web como una empresa que prioriza la puntualidad, pero ha fallado en la entrega de material electoral, acumulando más de 36 millones de dólares en contratos con el Estado peruano.
Desconfianza en las instituciones
“Hasta ayer, casi nadie conocía a Galaga. Ahora, todos la conocen por ser responsable de un escándalo que ha empañado estas elecciones. Aunque los votos afectados por los retrasos no son significativos, la situación genera una mala impresión en un contexto de desconfianza hacia las instituciones. Esto degrada aún más la percepción de confianza de la ciudadanía en las autoridades electorales”, comenta el analista peruano Augusto Álvarez Rodrich a RFI.
La ONPE atribuyó el retraso electoral a Servicios Generales Galaga, que ha rechazado las acusaciones. Sin embargo, lo más sorprendente es que la ONPE volvió a otorgar un contrato a esta empresa para el transporte de material electoral, a pesar de haberla sancionado en tres ocasiones anteriores por incumplimientos en servicios similares.
“No hay una explicación lógica para esto. Si ya había fallado, ¿por qué volver a contratarla? Las investigaciones en curso deberían aclarar esta situación”, añade Rodrich.
Riesgo de impugnación de resultados
Si bien el retraso en la entrega de votos no afectará significativamente el conteo general, podría ser utilizado por candidatos o partidos como base para alegar un posible fraude electoral.
Marcela Ríos, directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), señala a RFI que “definitivamente habrá una tentación de judicializar el proceso y de impugnar los resultados. Este riesgo ya existía en un contexto tan fragmentado y polarizado, y ha aumentado con los errores en el procedimiento”.
“Es crucial que todas las instituciones peruanas realicen una investigación exhaustiva sobre los problemas ocurridos. Además, es fundamental aprender de estos errores y corregirlos, ya que se avecina una segunda vuelta presidencial y es esencial que se resuelvan los inconvenientes para que la ciudadanía pueda votar con confianza”, agrega.
Mientras tanto, el gerente general de Galaga se mantiene en silencio. Ayer, la Policía Nacional detuvo al gerente de gestión electoral de la ONPE por presunto delito de omisión y demora en actos funcionales, en cumplimiento estricto de la ley como parte de la lucha contra la corrupción.
Tomado de https://www.rfi.fr/
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