Estudiantes que aprobaron el examen de admisión a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifestaron ayer frente a la Rectoría de Ciudad Universitaria y cerraron por algunas horas la circulación en avenida Insurgentes, en protesta contra el “examen de control” que implementará la máxima casa de estudios como respuesta al fraude masivo durante la fallida aplicación de la prueba en línea.
Esta previsible expresión de malestar muestra que la institución está muy lejos de resolver la crisis abierta por el fracaso del examen virtual, así como los frentes creados al anular el proceso original y someter, sin distingos, a los aspirantes a repetir el test. Con esta decisión, se generan dos categorías de descontentos legítimos, pero con intereses y demandas opuestas. Por un lado, quienes obtuvieron de manera honesta un puntaje suficiente para asegurar su lugar seguirán oponiéndose a repetir la prueba y cuestionarán su legitimidad. Por otro, quienes quedaron fuera, pero alcanzaron calificaciones que les habrían bastado para ingresar en años recientes, exigirán la limpieza del procedimiento a fin de distinguir a quienes se esforzaron de los tramposos.
Otro problema que la UNAM ya reconoce es que deberá afrontar la posibilidad de que los inconformes recurran a juicios de amparo para obligarla a respetar los resultados y guardarles el lugar al que se hicieron acreedores. Además del costo y el tiempo de estos litigios, la universidad quedará expuesta al hecho de que las sentencias judiciales difícilmente distinguirán entre aspirantes honestos y tramposos, sino que se limitarán a evaluar el cumplimiento de las condiciones establecidas para el ingreso, entre las cuales no se contempla un examen de control. Un catedrático de la Facultad de Derecho de la propia UNAM instó a los aspirantes afectados a promover un amparo indirecto contra la decisión de esa casa de estudios de desconocer los resultados de su último examen de admisión, bajo el argumento de un presunto fraude, y recomendó no presentar el examen de control. Asimismo, aseguró que el despacho del que es socio ha obtenido sentencias favorables en casos similares. Más allá del conflicto de intereses de académicos que usen su práctica privada para litigar contra la institución a la que pertenecen, no se puede negar el derecho de los aspirantes a recurrir a los canales legales para frenar lo que se percibe como una injusticia.
Estas inconformidades se ven reforzadas porque hasta ahora ni la Rectoría ni la comisión técnica para la revisión del proceso de ingreso a la licenciatura 2026 han explicado ni han dado garantías de que en algún punto puedan explicar cuántos estudiantes recurrieron a estrategias fraudulentas. Los mecanismos de supervisión apenas detectaron malas prácticas en 2 por ciento de las pruebas, pero las desviaciones estadísticas (la diferencia entre los promedios de calificaciones de años pasados y los del actual) obligan a reconocer que la magnitud del fraude fue mucho mayor. Carlos Arámburo de la Hoz, integrante de la comisión, reconoció que hay evidencias de que se cometieron irregularidades en el examen en línea, que además sugieren que “no fueron únicamente situaciones individuales”, pero aún no “alcanzamos ese nivel” de decir con certeza quién y dónde. Por último, la solución del examen de control se ve manchada por la apariencia de encubrimiento a Territorium Life, la empresa que recibió 40 millones de pesos para garantizar que nadie hiciera trampa, y que quien lo intentara fuera detectado y sancionado de inmediato.
Es evidente que no existen salidas fáciles a una problemática tan compleja como la que atraviesa la UNAM, pero lamentablemente la solución presentada por la máxima casa de estudios puede crear más problemas de los que pretende resolver, además de que no toca las cuestiones de fondo. Como se ha insistido en este espacio, el más trascendente de estos asuntos es el agotamiento de un mecanismo de selección sin méritos pedagógicos ni legitimidad. La negativa a siquiera revisarlo erosiona la credibilidad de toda la institución y alimenta un conflicto que no puede posponerse de manera indefinida.
Nota original publicada en el portal de La Jornada el 4 de agosto de 2026: https://www.jornada.com.mx/2026/08/04/opinion/002a1edi?partner=rss.
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