La rectoría de la UAQ: entre la academia y la disputa política

Portada: Redes

(21 DE OCTUBRE, 2026).-El día de hoy, Silvia Amaya Llano recibirá su constancia como rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), tras una intensa jornada electoral en la que participaron trabajadores, docentes y estudiantes.

Este ejercicio dejó ver con fuerza que las contiendas por cargos como la rectoría en las universidades públicas de México —y, en particular, en la UAQ— suelen ir más allá de la docencia, la investigación y la difusión académica. En ocasiones, estos procesos se convierten en escenarios de competencia política en toda regla.

Durante buena parte del siglo pasado, las universidades se convirtieron en canteras naturales de la clase política, de donde surgieron figuras que posteriormente ocuparían altos cargos en los gobiernos estatales o puestos legislativos de relevancia.

Resultados preliminares #ElecciónUAQ 2027-2030: La Dra. Silvia Amaya Llano obtiene 44 votos en el H. Consejo Universitario.

La Comisión Electoral compartió los datos. ¡Participación activa en la democracia universitaria! #UAQ #ElecciónRectoríaUAQ pic.twitter.com/YAUv4A6LbJ

— UAQmx (@UAQmx) October 20, 2026

Para entenderlo, basta recordar que, durante las décadas de 1970 y 1980, la rectoría de la UAQ llegó a representar una plataforma de proyección hacia la administración pública, no solo para ocupar determinadas secretarías, sino incluso para aspirar a la gubernatura. Tal es el caso de Mariano Palacios Alcocer, quien fue rector de 1979 a 1982 y, tras concluir su gestión, pasó a la presidencia municipal de Querétaro.

Posteriormente, en 1985, se convirtió en gobernador del estado; más adelante, ocupó la Secretaría del Trabajo, fue embajador y llegó a la presidencia nacional del PRI. Otro caso es el de Braulio Guerra, quien, tras concluir su periodo como rector, de 1982 a 1988, pasó a ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

Actualmente, esta práctica, característica de las épocas de mayor predominio priista, encuentra nuevos ejemplos en otras fuerzas políticas. Uno de ellos es Gilberto Herrera Ruiz, rector de la UAQ entre 2012 y 2018, quien, al término de su gestión, obtuvo una candidatura al Senado de la República por Morena en 2018.

Posteriormente, se desempeñó como superdelegado de la Secretaría del Bienestar y llegó a ser diputado federal.

Recientemente, pidió licencia para competir por la candidatura de Morena a la gubernatura de Querétaro; sin embargo, no resultó favorecido en el proceso interno, en el que las encuestas terminaron por respaldar a Santiago Nieto, otro personaje que ha ido escalando posiciones dentro de la estructura política de Morena, luego de su salida de la Unidad de Inteligencia Financiera durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

xr:d:DAF8UIJgsWE:127,j:6547527166148122412,t:24021920

Estos ejemplos hablan de la proyección política que puede representar la rectoría de la UAQ y permiten dimensionar los intereses que despierta este cargo. No se trata únicamente del rumbo académico y de investigación que puede tomar una institución, sino también de las aspiraciones de quienes buscan encabezarla y de las posibilidades de proyección política que puede ofrecer más allá de la propia universidad.

Y, sin interpretar necesariamente esta relación como algo negativo, hay que reconocer que la capacidad política que adquiere quien encabeza una institución de esta naturaleza puede ofrecer ciertas ventajas.

Entre ellas están la posibilidad de interlocución para gestionar recursos o defender el presupuesto ante el Congreso local y el gobierno federal; la oportunidad de visibilizar las necesidades de distintos puntos del estado mediante la infraestructura universitaria, así como la posibilidad de establecer convenios con el sector productivo regional, la industria privada y otros organismos que puedan ofrecer espacios laborales para los egresados o aportar recursos para la innovación.

Sin embargo, los riesgos aparecen cuando esta relación deriva en una sobrepolitización de la vida universitaria. La incorporación de lógicas clientelares puede terminar convirtiéndose en un mecanismo para cobrar favores políticos a costa de la salud de la comunidad académica. Asimismo, el aumento de las fricciones entre facciones por diferencias de orientación o filiación política entre académicos y trabajadores puede fracturar el tejido universitario y erosionar la legitimidad de sus autoridades ante la propia comunidad estudiantil.

Un ejemplo de estas tensiones se observó durante la contienda entre la maestra Elena Catalina Gutiérrez y la doctora Silvia Amaya Llano, quien resultó electa para un segundo periodo de tres años, correspondiente a 2027-2030.

A diferencia de contiendas anteriores, el conflicto entre ambas candidatas se trasladó intensamente a las plataformas digitales, donde circularon cuentas anónimas, memes y publicaciones orientadas a desacreditar sus trayectorias personales y cuestionar el manejo presupuestal de la universidad. Incluso se difundieron acusaciones sobre presuntos desvíos de recursos. Ante los ataques contra su candidatura, la maestra Elena Catalina Gutiérrez respondió con señalamientos relacionados con una posible malversación de recursos públicos asignados a la institución.

En particular, Gutiérrez sostuvo que la plantilla oficial de base de mandos medios y superiores de la UAQ registraba 15 plazas de director de facultad, con un costo anual de 29 millones 933 mil 520.61 pesos, pese a que, existen únicamente 14 plazas de este tipo, distribuidas entre las 13 facultades y la Dirección de la Escuela de Bachilleres.

Al revisar los datos oficiales disponibles, correspondientes al menos al primer y segundo trimestre del año, no fue posible confirmar esta afirmación. Sin embargo, el señalamiento adquiere un matiz particular cuando se considera el antecedente de las acusaciones contra el exrector Gilberto Herrera Ruiz por el presunto desvío de más de 300 millones de pesos, denunciado por el excontralor universitario José Alejandro Ramírez Reséndiz ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) en 2020.

En el caso de la administración de Herrera Ruiz, las denuncias apuntaron a un presunto esquema de triangulación de recursos mediante convenios con dependencias públicas y organismos, entre ellos el entonces Conacyt, para contratar a terceros o proveedores que supuestamente simulaban la prestación de servicios.

Con este antecedente, las denuncias como las realizadas por Gutiérrez pueden convertirse en un eje discursivo poderoso para marcar diferencias entre grupos internos, sobre todo cuando se acompañan de propuestas para reducir los salarios de la alta burocracia universitaria en un 50 %, con el argumento de equilibrar la disparidad de ingresos frente a sectores de la comunidad, como los profesores de asignatura y el personal administrativo de menor nivel.

Si bien todavía falta revisar la información correspondiente al tercer y cuarto trimestre para determinar si existen elementos adicionales que permitan confirmar o descartar los señalamientos, este tipo de controversias pone de manifiesto las tensiones que atraviesan los órganos internos de control de las universidades públicas, especialmente cuando su fiscalización depende administrativamente de las propias autoridades en turno. La situación mantiene bajo el escrutinio público la capacidad de estas instituciones para transparentar y auditar formalmente el uso del presupuesto millonario que reciben cada año.

Por otro lado, la revisión de los datos disponibles, al no permitir corroborar los señalamientos de Gutiérrez, también obliga a examinar la precisión de las acusaciones formuladas durante la contienda. Cuando los discursos que buscan visibilizar posibles actos de corrupción no cuentan con respaldo documental suficiente, corren el riesgo de convertirse en descalificaciones al calor de la competencia electoral. Esto puede generar desinformación entre la comunidad universitaria y restar credibilidad a quienes aspiran a dirigirla.

Todo ello ocurre en un contexto marcado por una intensa campaña de desacreditación en redes sociales, en la que circularon ataques contra distintas candidaturas. La propia dinámica de estas publicaciones, así como su posible vinculación con grupos políticos internos, merece un análisis cuidadoso, sin atribuir responsabilidades que no estén sustentadas en pruebas.

Las contiendas universitarias, así, abandonan su carácter de meros trámites académicos para convertirse en ejercicios de movilización política interna que pueden adquirir una importante dimensión mediática a nivel estatal. En ocasiones, reproducen, a menor escala, las prácticas más cuestionables del manual de la política electoral partidista.

Las comunidades universitarias corren entonces el riesgo de polarizarse innecesariamente en torno a la disputa por un cargo que, como muestran estos antecedentes, puede seguir utilizándose como plataforma hacia otros niveles y esferas de la política nacional. En ese proceso, la autonomía universitaria puede quedar vulnerable, al igual que el papel de las universidades como motores de educación, investigación y divulgación de la ciencia y la cultura.

Por ello, la comunidad universitaria debe mantener una vigilancia cada vez más rigurosa sobre las aspiraciones de quienes buscan encabezar estas instituciones, así como sobre el uso de recursos en campañas mediáticas y el ejercicio del presupuesto público. El objetivo no es negar la dimensión política de la universidad, sino evitar que los intereses personales o partidistas se impongan sobre sus funciones académicas.

La autonomía universitaria no se defiende únicamente frente a las presiones externas: también requiere mecanismos internos de transparencia, rendición de cuentas y participación que impidan que la institución quede subordinada a proyectos políticos particulares. De lo contrario, en cada proceso electoral corre el riesgo de convertirse en una nueva disputa por el control de una estructura cuyo propósito fundamental debería seguir siendo la educación, la investigación y la divulgación como servicio a la sociedad.