La era de la impunidad

Algunas épocas han sido vistas como de reivindicaciones, otras de auge para los totalitarismos. Unas de fracturas ideológicas, como la Guerra fría, o de estructuración del pensamiento democrático, como los años que le siguieron.

En octubre de 2018, el periodista Jamal Khashoggi fue asesinado por agentes del gobierno saudí. El asesinato fue vinculado al príncipe heredero y líder de facto de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman. Eran los inicios de la primera presidencia de Donald Trump y Estados Unidos daba indicios de algo semejante a una transformación que lo distanciaba de su papel tradicional como fuerza de influencia absoluta. El espíritu transaccional del mundo que conocemos hoy estaba en sus albores y su desarrollo ayudó a que se dispersaran tanto la gravedad del crimen como esa aparente pérdida de hegemonía.

Recuerdo haber leído por esas fechas que Antonio Guterres, también en la etapa inicial de su cargo como secretario general de Naciones Unidas, declaró en alguna entrevista que el mundo entraba en una era de impunidad e impredecibilidad. Una, por el cambio en la posición del país más fuerte del planeta a merced de su nuevo gobernante; otra, por la facilidad con la que los intereses y las motivaciones transaccionales se iban imponiendo sobre los algunos limites (el asesinato de Khashoggi en este caso, disipado por la cercanía entre Washington y Riad), perdiendo el equilibrio que mínimamente conservaban.

Los ejercicios políticos a partir de los cuales se han construido nuestras civilizaciones, desde los religiosos a los más laicos y republicanos, han tenido la intención de proporcionar una base de orden a dinámicas sociales que, sin él, arriesgan a caer en el caos. Sobre todo, con miras al futuro.

La democracia, aunque por momentos da la impresión de descansar en el presente inmediato, es en buena medida la traducción política de los códigos que establecen el tipo de sociedades que buscan ser los países hacia adelante. Si esa mirada en el tiempo llega a ser sustituida, como ocurre frecuentemente, por nociones que premian el corto plazo, es común que se responsabilice al entendimiento democrático de los votantes y al comportamiento y posiciones a menudo aberrantes de los liderazgos políticos.

Rara vez se contempla una relación previa que desemboca en la sensación de crisis permanente que viven diferentes Estados, de México a Estados Unidos, Brasil, Israel y no pocos países europeos.

La democracia no es necesariamente el primer y único sujeto de fondo en las discusiones que surgen del escándalo en el Instituto Nacional Electoral mexicano, tampoco frente a las elecciones intermedias en Estados Unidos, con las vulneraciones y agresiones a los límites del poder por parte de su presidente, o las parlamentarias de esta semana en Israel, con el acumulado que contemplan las motivaciones de Netanyahu.

Tampoco en las elecciones brasileñas, y probablemente no lo será el próximo año en Francia, donde parecen estar dando de sí las estructuras de un tipo de país que se construyó a partir de la segunda mitad del siglo XX y eso da licencia, con impunidad y aceptación, para pronunciamientos xenófobos, contrarios a la inclusión y a la multiculturalidad a la que se deben los mejores episodios de la misma nación donde son emitidos.

No cambió la relación con la democracia de los electores en todos los casos donde triunfa un proyecto populista, sin importar su filiación ideológica, o cuando se minimiza y relativiza el papel y comportamiento de los personajes e instituciones que transgreden los límites del ejercicio público, para beneficio propio o de sus grupos. En buen número de los ejemplos que durante unos diez años nos han llevado a debatir sobre lo que se le pide, lo que puede dar o lo que interesa de la democracia o a los códigos políticos, la relación que se ha ido modificando, es la que tenemos con la impunidad.

Funciona como monstruo destructor de los acuerdos. De sus muchas formas, la impunidad frente a la justicia, que permite a responsables de violaciones a la ley seguir con su vida sin mayores consecuencias, es la que tiene una denominación más aceptada bajo un entendido común. Aunque no infalible. Si un funcionario roba, corrompe o se deja corromper, la identidad política le permitirá un grado de fuero, en el mejor caso temporal, frente al conjunto que debería reprobar su comportamiento sin matices. La identidad sirve de atenuador para lo delictivo y actúa como insumo para lo impune.

Las expresiones de la impunidad y los coqueteos con ella se hacen de otras versiones más o menos veladas.

Una vez que los códigos de la impunidad le retiran a cuenta de relativizaciones el semblante negativo, es perfectamente natural, en su lógica, por ejemplo, como sucede en México, que no haya repercusiones para un proyecto político que tiene responsabilidad sobre la muerte de cientos de miles durante la pandemia, que sigue manipulando la percepción de un sistema sanitario que cobra la salud y tranquilidad de la población que lo requiere, que cuenta con miembros que, con singular frecuencia, resultan ligados a estructuras criminales o tienen una propensión a participar en los esquemas de corrupción más diversos.

Casi en cada ocasión donde acciones políticas o de personajes políticos menoscaban las estructuras democráticas, hay impunidad escudada a través de los favores de la identidad.

Ante el rechazo de un sector político de América Latina a las posiciones históricas y acciones del presidente Lula en Brasil, no fueron pocos quienes, en el espectro ideológico opuesto, se inclinaron por el segundo Bolsonaro sin importar la promoción de indulto al primero, su padre, en prisión domiciliaria por intentar un golpe de Estado.

Al margen de los postulados de Flávio Bolsonaro, que personalmente me resultan deleznables y seguramente son del agrado de otros, la responsabilidad por atentar de manera violenta contra el estado de derecho no debería estar presta a subjetividades que la minimizan. Salvo que se esté dispuesto a proporcionar un margen de impunidad admisible.

De nuevo, promovida por elementos de identidad.

El asalto al Capitolio en Washington, en enero de 2021, por simpatizantes de Donald Trump que, siguiendo la línea del entonces candidato perdedor, rechazaron el resultado de las elecciones, no solo se suscribe a la misma raíz, sino que muestra la capacidad de adecuación a los códigos de la impunidad, al punto en que esta se aleja de lo reprobable y deja de ser parte de la conversación política.

En la mirada hacia afuera hay muestras que sostienen, casi una década después, el escenario que arrancó en 2018. Estados Unidos conserva una hegemonía que le permite saltar del secuestro de Maduro en Venezuela a la guerra con Irán, pero no le alcanza para terminar esa guerra ni para modificar los resultados electorales en Brasil ni, supongo, en cualquier otro lado. La transaccionalidad que favorece una impunidad sujeta a nociones –muchas debatibles– de un bien mayor, abrió camino a la impunidad generalizada y proveniente de las identidades políticas.

En un país como México, donde la impunidad tenía ya una ruta bien definida y es parte de las estructuras políticas regulares, el espíritu de un mundo al que no somos ajenos ha beneficiado al mundo propio de Palacio Nacional. Si hay intención de escapar de la era de la impunidad, las discusiones deberían de centrarse en ella. Ahí empiezan cada una de nuestras calamidades. No en otro lugar. ~