Kast analiza más de 100 solicitudes de indulto en Chile

(16 DE SEPTIEMBRE, 2026).-La mayoría corresponde a condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet; el Gobierno asegura que revisará cada expediente de manera individual.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, confirmó que su Gobierno analizará más de 100 solicitudes de indulto presidencial, la mayoría relacionadas con personas condenadas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, informó que las solicitudes son mayoritariamente por hechos ocurridos en 1973, mientras que las relacionadas con condenas por hechos del estallido social de 2019 son mucho menos numerosas.

Kast ha descartado aplicar una regla general y sostiene que los expedientes deberán analizarse “caso a caso”. Hasta el momento, las solicitudes continúan en el Ministerio de Justicia y el Presidente todavía no ha tomado una decisión sobre ellas.

El debate ocurre pocos días después del 53 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al presidente Salvador Allende e inició la dictadura militar que gobernó Chile hasta 1990.

Al referirse a los posibles indultos, Kast sostuvo que el ejercicio de esta facultad presidencial no modifica las sentencias dictadas por los tribunales.

El mandatario también puso énfasis en la situación de personas condenadas que padecen enfermedades graves o terminales.

“Esto lo han señalado distintos juristas, de distintas tendencias, que no corresponde que una persona muera en la cárcel”, afirmó Kast al ser consultado sobre los criterios que podrían considerarse para resolver las solicitudes.

El Presidente también fue cuestionado específicamente por el caso de Miguel Krassnoff, exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) condenado en numerosas causas relacionadas con la represión durante la dictadura. Kast evitó anticipar una decisión y reiteró que los casos serían evaluados individualmente.

El debate también ha generado presión dentro de los sectores que respaldan al Gobierno.

El Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario han planteado la posibilidad de impulsar un indulto general desde el Congreso para personas condenadas por hechos relacionados con la dictadura.

Kast ha señalado que los partidos tienen derecho a presentar una iniciativa de ese tipo, pero ha mantenido su posición de analizar las solicitudes de indulto presidencial de manera individual.

De acuerdo con información publicada por medios chilenos, las solicitudes actualmente en trámite todavía no han llegado a una resolución presidencial. El Ministerio de Justicia tampoco tiene un plazo legal específico para concluir su análisis.

Las solicitudes han provocado rechazo entre organizaciones de familiares de víctimas y sectores vinculados con la defensa de los derechos humanos.

Sus críticas se centran especialmente en la posibilidad de otorgar beneficios a personas condenadas por homicidios, desapariciones, torturas y otros delitos cometidos durante la dictadura.

El exministro de Justicia y Seguridad Pública Luis Cordero sostuvo que los crímenes de lesa humanidad no son indultables y pidió al Gobierno actuar de acuerdo con la Constitución, la legislación chilena y el derecho internacional. Se trata de una posición jurídica expresada por Cordero, en un debate en el que existen distintas interpretaciones sobre el alcance de la facultad presidencial.

El caso de Krassnoff se ha convertido en uno de los puntos más controvertidos. El exmilitar acumula condenas que, sumadas, superan los mil años de prisión por distintos delitos vinculados con la represión de la dictadura.

Organizaciones de familiares han cuestionado que personas condenadas por estos delitos puedan recibir beneficios sin que, según sostienen, exista colaboración suficiente para esclarecer el destino de las víctimas.

La discusión sobre los indultos ocurre en un contexto especialmente sensible para la memoria histórica chilena.

El 11 de septiembre se cumplieron 53 años del golpe de Estado de 1973. Este año, por primera vez desde el retorno de la democracia, el Gobierno no organizó una conmemoración oficial del aniversario, decisión que generó críticas de sectores de la oposición y de organizaciones vinculadas con la memoria y los derechos humanos.

A este contexto se suma una encuesta de Criteria, citada por medios chilenos, según la cual 59% de las personas consultadas se manifestó en contra de conceder indultos a exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos. El dato corresponde a una encuesta de opinión y no constituye una medición sobre la totalidad de la población chilena.

Por ahora, el Gobierno de Kast mantiene abierta la revisión de las solicitudes y sostiene que cada expediente será evaluado individualmente. No se ha anunciado todavía la concesión de estos indultos.