Jornaleros agrícolas: motor del campo mexicano con pendientes en derechos

Son quienes siembran, cortan y empacan los alimentos que llegan a las mesas de México y del extranjero. Sin embargo, detrás de esa cadena productiva, las y los jornaleros agrícolas siguen siendo uno de los sectores más vulnerables del país.

En México, casi siete de cada 10 jornaleros agrícolas carecen de acceso a servicios de salud, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Es decir, millones de personas que sostienen la producción alimentaria del país trabajan sin acceso garantizado a atención médica.

Sostienen cosechas que abastecen mercados nacionales e internacionales, mientras enfrentan bajos salarios, alta informalidad y limitado acceso a derechos laborales y servicios básicos. Su trabajo es esencial para la economía, pero su realidad cotidiana continúa marcada por la precariedad.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México alrededor de 2.3 millones de personas trabajan como jornaleros agrícolas. Si se consideran sus familias, que con frecuencia migran siguiendo los ciclos de siembra y cosecha, cerca de cinco millones de personas dependen directamente de esta actividad.

En estados con fuerte actividad agrícola como Sonora, la mano de obra del campo ha crecido en los últimos años. Entre 2021 y 2025 se sumaron más de 32 mil trabajadores en ocupaciones de apoyo agrícola. Aunque en algunas actividades el salario promedio puede rondar los siete mil 100 pesos mensuales, los retos en formalidad laboral y acceso a derechos persisten.

Detrás de estas cifras hay historias de vida.

María trabaja como jornalera desde los 15 años. Hoy, después de más de tres décadas en el campo, describe cómo han cambiado las condiciones laborales.

 “Antes se trabajaba muy a gusto en el campo, trabajábamos las 8 horas y a gusto, y ya en este tiempo ya no es como antes. Ahora los cuadrilleros, los supervisores, nos tratan mal. Ya no quieren que uno trabaje más y pagan poquito. Si no sacan la tarea, pues no les pagan el diario”, reconoció.

Con más de 30 años dedicados a esta actividad, María dice que le gustaría ver mejores condiciones para quienes viven del trabajo agrícola: salarios más justos, instalaciones dignas, acceso a baños, educación y servicios básicos para las familias que dependen del campo.

Para el sociólogo José Eduardo Calvario Parra, profesor de la Universidad de Sonora y especialista en estudios sobre población jornalera, estas condiciones tienen raíces profundas.

 “La realidad en que viven las y los jornaleros es una realidad muy difícil. Es una realidad llena de penurias, una realidad en la que cargan desde hace décadas con un conjunto de carencias”, explicó.

El especialista señala que las principales problemáticas están relacionadas con el acceso a la educación, la seguridad social y los servicios médicos, así como con las condiciones de vivienda en muchas localidades agrícolas donde aún faltan servicios públicos y seguridad.

Aunque reconoce algunos avances, como incrementos salariales en ciertos campos, becas y programas sociales de cobertura amplia, advierte que no existe una política pública focalizada exclusivamente en la población jornalera.

La investigadora Leonor Tereso Ramírez, de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, explica que la situación de la población jornalera no ha cambiado de forma sustancial en los últimos años.

Señala que en 2018 desapareció el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), lo que dejó vacíos que otros programas sociales no han logrado cubrir.

 “Por ejemplo, en el acceso a la salud, según datos del CONEVAL 2025, el 67.7% de la población jornalera agrícola en México no tiene acceso a estos servicios. En educación, se estima que el 11.46% es analfabeta. En cuanto a la vivienda, esta población enfrenta mayores dificultades para adquirirla, ya que no existen instituciones que les otorguen créditos hipotecarios, por lo que muchas veces optan por préstamos o por compartir la compra de una vivienda con otras personas”, explicó.

En el caso de Sonora, especialistas consideran que la situación también debe analizarse desde una perspectiva de derechos laborales.

Magda Rivera Carrillo, maestra en Políticas Públicas y Gestión del Desarrollo Social, advierte que en muchos casos las condiciones de trabajo reflejan una violación sistemática de derechos laborales.

 “En cuanto al tema de las mujeres, se estima que alrededor del 85% no cuentan con seguridad social. Además, en los últimos diez años se han reducido al menos un 50% las estancias infantiles dentro de los campos agrícolas. Las mujeres enfrentan acoso, explotación y condiciones de vida y trabajo precarizadas”, señaló.

Las y los jornaleros agrícolas sostienen una parte fundamental de la producción alimentaria del país. Sin embargo, sus condiciones laborales y de vida reflejan una deuda histórica en materia de derechos, seguridad social y bienestar.

Una deuda que sigue presente en los campos agrícolas de México.

Tomado de http://radiosonora.com.mx/feed