Información de alta demanda, clave para la transparencia con sentido social

Guillermo Cejudo Ramírez y María Marvan Laborde / Foto: Francisco Parra

En la política actual de transparencia con sentido social lo que importa es aprender de la experiencia ciudadana, adaptar y corregir lo que ha salido mal. Hoy se sabe cuál es la información más demandada, pertinente y útil (pensiones, disponibilidad de médicos, permisos) entonces las instituciones deben tener disponible esa información para acelerar procesos.

Guillermo Cejudo Ramírez, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló lo anterior al ofrecer la charla “Nuevas rutas y retos de la Transparencia, el Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales en la UNAM”, ante especialistas reunidos en el Aula Reforma Política de 1977, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Durante la sesión, realizada en vivo y vía Zoom, el miembro de la Academia Mexicana de Ciencias precisó que en materia de transparencia es importante aceptar que no todas las personas buscan la misma información, en los mismos formatos, ni en los mismos tiempos, por eso se requiere multiplicar las formas en las que la gente puede acceder a ella.

El experto de la División de Administración Pública del CIDE destacó que las reformas constitucionales y legales están transformando el régimen de transparencia y apertura gubernamental en México; no eliminan el derecho al acceso a la información, pero sí modifican la coordinación entre autoridades y desvinculan la transparencia de la participación, que era una condición central de la lógica de apertura gubernamental.

Acompañado por María Marván Laborde, titular de la Autoridad Garante de la UNAM, Cejudo Ramírez detalló que lo que no cambia es el derecho reconocido en la constitución, tampoco la obligación de las autoridades de documentar, y preservar la información pública, y tampoco el proceso mediante el cual las personas ejercen su derecho, es decir, los tiempos y procesos pensando en los sujetos.

Lo que cambió, precisó, se multiplican los organismos garantes y pierden autonomía institucional; el Sistema Nacional de Acceso a la Información sustituye al Sistema Nacional de Transparencia; se introduce la noción de información socialmente útil y se desvincula la transparencia de la agenda de participación y de datos abiertos (núcleo de la apertura gubernamental).

La duda que surge ante estos cambios, reflexionó el doctor en Ciencia Política por la Universidad de Boston, es qué pasará con los estándares y la construcción de capacidades, porque una cosa fijar estándares comunes (la vara con la que se medirá) y otra es que todos los organismos estén en condiciones de llegar hacia allá, es decir, generar capacidades como la UNAM, pero esto no está ocurriendo en otras entidades sólo porque la ley lo exige.

Otro problema es la multiplicación de órganos garantes, porque puede llevar a una dispersión de estándares y heterogeneidad, lo que lleva al riesgo de intromisión política desde las contralorías hacia los municipios y ayuntamientos en los Estados, comentó Cejudo Ramírez.

En el entorno actual es importante preservar la articulación de la apertura gubernamental, es decir, el gobierno fragmenta esto o lo vuelve procedimientos separados y es algo que costará trabajo para rearticular datos abiertos, con participación ciudadana, con transparencia en general, añadió.

Los cambios en el régimen de transparencia y apertura gubernamental de México ofrecen una oportunidad para pensar la transparencia desde la perspectiva de las personas, lo que abre oportunidades para hacer cambios que permitan ofrecer información más pertinente en nuevos formatos y más accesibles a quien lo solicita.

El investigador señaló que en la última medición de apertura gubernamental (2023) se buscaba justamente ofrecer una transparencia con perspectiva social, pero es algo que está por definirse, se está pensando en explicitar cuál será su modelo y está inspirado en la lógica de cómo pensarla desde las personas.

Se dice fácil, pero es muy difícil, de ahí que el CIDE lanzó un Laboratorio de Gobierno centrado en las Personas que tiene dos principios, el primero es que el criterio debe ser la mejora en la calidad de las personas, es decir, qué información tengo y, segundo, el gobierno debe adaptarse a las circunstancias complejas, heterogéneas y cambiantes de la ciudadanía.

Lo que las personas requieren en un municipio pequeño no es lo mismo que las que viven en uno grande, el formato, el contenido, el lenguaje, la temporada importan, entonces debemos pensar en qué me sirve de la información, finalizó.

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