INE: hipertrofia presupuestal

Hace dos meses, en este espacio se advirtió que el Instituto Nacional Electoral (INE) había elaborado un anteproyecto de presupuesto en el cual se contemplaban incrementos extraordinarios tanto para su operación interna como para la organización de los comicios del año entrante, cuando se renovarán la integración de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, diputaciones locales en 31 entidades y ayuntamientos y alcaldías en 30.

Lamentablemente, una mayoría de los consejeros desoyó los llamados de la ciudadanía e incluso de una minoría de sus colegas que demanda poner fin al encarecimiento artificial de la democracia, una lacra que estuvo entre los principales factores de desprestigio del extinto Instituto Federal Electoral, del INE presidido por Lorenzo Córdova, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de otros órganos pretendidamente autónomos creados durante el periodo neoliberal.

Lejos de racionalizar el gasto, el INE pide al Congreso 47 mil millones de pesos para el ejercicio 2027, de los cuales 13 mil 453 millones corresponden al proceso electoral y el resto (más de 33 mil millones) a su actividad corriente y “distintos proyectos”. Esto significa que la autoridad electoral proyecta erogar casi 50 por ciento más que en los comicios federales de 2024, pese a que en estos tres años la inflación acumulada se estima entre 14 y 16 por ciento.

La administración del organismo argumenta que deberá instalar un número sin precedente de casillas (176 mil 741, 6 mil 738 más que en 2024), así como cubrir el incremento en el precio del papel y la seguridad para la producción de las boletas electorales; pero estos costos no parecen justificar el desmedido aumento presupuestal. De entrada, cabe preguntarse si en este trienio el padrón electoral se ha abultado tanto como para justificar la apertura de 6 mil 738 casillas adicionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló ayer que “cada dos años el país debe pagar 50 mil millones de pesos al IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario), heredero del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa)” por una parte de los intereses de la deuda contraída por Ernesto Zedillo. Además, dado el esquema diseñado por el cogobierno del PRI y el PAN para hacer eterno ese débito, es necesario adquirir deuda adicional para pagar el capital y otros intereses.

Es inevitable notar que, con su insaciable apetito de recursos públicos, el INE se ha convertido en una suerte de Fobaproa, un gasto sin fin que drena al erario de medios escasos que podrían emplearse en beneficio de la población.

En el fondo, además del dinero y sus posibles destinos, lo que está en juego es la posibilidad de la reforma institucional y la confianza de los ciudadanos en la democracia electoral como mecanismo para realizar la voluntad popular: al negarse a acatar el mandato de austeridad, porfiar en mantener privilegios insultantes y empeñarse en inflar el costo de los comicios, los consejeros envían a la sociedad un desalentador mensaje de inercia y falta de sensibilidad.

En este sentido, contrasta la postura del TEPJF, que decidió solicitar el mismo presupuesto ejercido este año, sin siquiera actualizarlo por inflación. Por esta vez, el Tribunal ha mostrado que es posible cumplir sus funciones sustantivas sin hipertrofia financiera, y el INE haría bien en seguir su ejemplo.