INE: esclarecimiento, justicia y reforma

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó “múltiples irregularidades cometidas durante años en la contratación de bienes y servicios” por parte del Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo con el organismo de fiscalización de la Cámara de Diputados, por primera vez desarrolla investigaciones con la colaboración directa de personas que han proporcionado información y elementos relevantes, “colaboración (que) ha permitido obtener información de quienes conocen cómo habrían operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años”.

Entre los elementos aportados por informantes que se acogieron al programa para reducir sanciones destacan testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes de WhatsApp, así como nombres y alias de presuntos involucrados, con los cuales fue posible documentar “indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses”.

El comunicado muestra no sólo la pertinencia, sino la viabilidad de esclarecimiento, procuración e impartición de justicia ante el grave escándalo por corrupción en el que se encuentra sumido el máximo organismo electoral del país. Es claro que la ASF está en condiciones de aportar los elementos que permitan la intervención de la Fiscalía General de la República ante actuaciones de funcionarios públicos que, de acuerdo con todos los indicios disponibles, configuraron una serie de delitos.

La ciudadanía y el país necesitan investigaciones sólidas y expeditas para devolver la credibilidad al manejo administrativo del INE, especialmente en vísperas de un proceso electoral como el que tendrá lugar el año entrante.

Más allá de la coyuntura, el problema se remonta a la decisión del gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) de asignar partidas presupuestales desmesuradas al recién formado Instituto Federal Electoral (IFE) y a los partidos políticos, como manera de contrarrestar el descrédito de los procesos electorales.

El vertido de recursos públicos virtualmente ilimitados al sistema político-electoral abrió el margen para el establecimiento de una cúpula institucional con ingresos y privilegios principescos que contrastan con la situación de los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del INE que ayer se manifestaron en la sede del instituto en demanda de ingresos de cuando menos dos salarios mínimos.

El movimiento laboral ilustra cuál ha sido el verdadero uso dado por la burocracia dorada –consejeros, directores, subdirectores, asesores, vocales ejecutivos locales y titulares de unidad– a su preciada “autonomía”: mientras las personas que realizan las funciones sustanciales para mantener en marcha la democracia perciben salarios de hambre, 694 altos mandos se llevan más de 100 mil pesos mensuales cada uno.

En la situación actual, es evidente la hipertrofia presupuestal del INE, de los organismos públicos locales electorales (Oples) y también de los partidos, así como el surgimiento de toda una industria alimentada por el río de dinero que se convierte en un verdadero torrente en cada periodo de comicios.

Cuando los miles de millones de pesos erogados por el erario para mantener este sistema se aúnan con el régimen de autonomía concedido a las instancias electorales, se genera un incentivo perverso para los conflictos de intereses, las puertas giratorias y los desvíos de dinero.

Salta a la vista, pues, la necesidad de emprender una reforma integral del sistema con una redacción que preserve la autonomía en la organización y calificación de los comicios y que al mismo tiempo ponga fin al libertinaje presupuestal de las instancias encargadas de organizarlos.