espués de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) asesinó a otro mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que “no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, por lo que estamos preparando medidas jurídicas más importantes, para ir más allá de las notas diplomáticas” y de la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La mandataria no especificó cuáles serán las nuevas disposiciones ni si incluirán acudir ante instancias internacionales, pero anunció que los detalles serán presentados por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
No hay caminos fáciles para hacer que Washington rinda cuentas por violaciones sistemáticas a los derechos humanos como las que perpetra –entre otros ámbitos– en la cacería de migrantes desatada en el segundo periodo presidencial de Donald Trump. En el sistema interamericano de derechos humanos, compuesto por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), los comisionados y jueces tienen un largo historial de señalar únicamente las faltas cometidas por los estados que no se pliegan al imperialismo estadunidense. Incluso si se rompiera esa inercia histórica, Estados Unidos nunca ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y, por lo tanto, la Coridh no tiene jurisdicción para dictarle sentencias vinculantes.
Por su parte, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU es un organismo facultado para dirimir disputas entre estados, pero la ejecución coactiva de sus sentencias depende en última instancia del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene poder de veto. Existe un antecedente, el caso Avena, en el que México logró una resolución favorable ante Washington, pero ésta sólo aplica a las relaciones consulares. En lo que respecta al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención contra la Tortura (CAT), ambos dentro del sistema de Naciones Unidas, Estados Unidos los ratificó con “Reservas, Entendimientos y Declaraciones” (RUD, por sus siglas en inglés) que impiden a las víctimas invocarlos en tribunales. Por último, la Corte Penal Internacional (CPI) no sólo carece de jurisdicción porque Washington nunca ratificó el Estatuto de Roma, sino que además la Hague Invasion Act (Ley de Protección del Personal de Servicio Estadunidense) prohíbe la cooperación con la CPI y autoriza el uso de la fuerza para liberar a cualquier estadunidense detenido por este tribunal. En resumen, las administraciones tanto demócratas como republicanas han tenido como política de Estado que su país jamás responda por ninguna violación a los derechos humanos, ni siquiera cuando ésta alcance la categoría de crimen de lesa humanidad.
Este panorama sólo deja a México la alternativa de litigar ante tribunales estadunidenses. Lamentablemente, tanto la experiencia mexicana en sus demandas contra los fabricantes de armas que diseñan y comercializan sus productos, a sabiendas de que sus clientes son los grandes grupos del crimen organizado, como la militancia trumpista de dos terceras partes de los integrantes de la Suprema Corte de ese país, vuelven improbable que esas instancias emitan una resolución acorde con el derecho.
Con todo, las perspectivas sombrías no pueden tomarse como pretexto para omitir esfuerzos jurídicos encaminados a frenar los asesinatos de mexicanos a manos de un aparato persecutorio racista y fuera de todo marco legal, pues están en juego las vidas de connacionales y la vigencia de sus derechos humanos. Más allá de las acciones del Estado mexicano, nuestra sociedad debe cerrar filas en rechazo al sadismo desatado por Donald Trump, su gobierno y sus simpatizantes contra millones de personas que no han cometido crimen alguno y, por el contrario, contribuyen de manera sustancial en todos los aspectos del quehacer estadunidense, empezando por el económico.
Nota original publicada en el portal de La Jornada el 9 de julio de 2026: https://www.jornada.com.mx/2026/07/09/opinion/002a1edi?partner=rss.
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