Honduras pone en duda al Grupo de Expertos de la ONU tras el asesinato de Berta Cáceres

Después de seis meses de investigación en Honduras, el grupo de expertos independientes (GIEI) concluyó que el asesinato de Berta Cáceres fue un acto previsible y evitable.

Los expertos sostienen que se trató de una operación planificada que involucró a sicarios y personal de la empresa hidroeléctrica DESA, con la tolerancia de ciertos funcionarios. También se reveló el desvío de fondos de un banco de desarrollo holandés, destinados al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que Berta Cáceres y la comunidad indígena lenca se oponían. Estos fondos fueron desviados para pagar a los sicarios que asesinaron a la activista.

Roxana Altholz, una de las expertas, destacó que el Estado hondureño ignoró deliberadamente las interceptaciones telefónicas de los implicados en el crimen: “En esas conversaciones se usaban términos como ‘gatillero’, ‘por 40 lo haría’ o ‘la decisión depende de allá arriba’. Se mencionaban incluso contactos en estructuras de inteligencia. A pesar de tener esta información, no se tomaron medidas para prevenir o desarticular la operación que culminó en el asesinato de Berta Cáceres”.

“La reparación exige medidas estructurales”

A pesar de que ya hay ocho condenados por este crimen, los expertos recomiendan al gobierno hondureño profundizar las investigaciones sobre el papel de la familia Atala, accionista de la empresa implicada en el asesinato, así como proporcionar reparaciones a la comunidad lenca.

“La reparación requiere medidas estructurales, incluyendo la revocación total y definitiva de la concesión del proyecto Agua Zarca, que aún está vigente, y la titulación colectiva de las tierras de las comunidades lencas afectadas”, afirmó Roxana Altholz.

El procurador del nuevo gobierno hondureño de derecha, José Francisco Quiroz, recibió estas recomendaciones con escepticismo y cuestionó la legalidad del convenio firmado por el gobierno anterior que autorizó el trabajo de los expertos. “En el marco de la búsqueda de justicia, no es viable validar un instrumento que no ha sido sometido al examen del Congreso Nacional”, declaró.

Aunque las recomendaciones de los expertos no son vinculantes, el Estado hondureño tiene la obligación de cumplir con sus responsabilidades en materia de derechos humanos, recordó la relatora de la ONU, Andrea Pochak, quien expresó su descontento por las declaraciones del procurador hondureño, quien también puso en duda la imparcialidad de uno de los expertos del GIEI.