Grandes Reportajes de RFI – Recepción de El Salvador a sus deportados: Cinco dólares para armar una nueva vida

La pobreza extrema de El Salvador es una de las principales causas por las que la población emigra del país. Según datos de la Cepal, ocho de cada diez personas de zonas rurales viven en pobreza multidimensional, privados de derechos básicos como salud, educación e ingresos dignos. El salario mínimo apenas alcanza los 400 dólares mensuales.

Esta crisis social se ha amortiguado históricamente gracias a las remesas familiares que representan cerca del 26 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Desde su retorno a la Casa Blanca, Donald Trump ha lanzado una ofensiva destinada cumplir su promesa de "llevar a cabo la mayor deportación de inmigrannets de la historia" a quienes califica como "lo peor de lo peor".

Cada martes y jueves aterrizan en el aeropuerto aviones fletados desde Estados Unidos con ceintos de expulsados a bordo. Luego, son trasladados en buses al Centro de Recepción al Migrante. Fuimos a su encuentro.

Martes 12 de mayo de 2026, colonia La Chacra, San Salvador

“A mi hijo David lo agarraron cuando iba al trabajo en Dallas (Texas) hace tres semanas. Pasamos varios días sin saber nada de él hasta que mi hija logró localizarlo en los registros de una prisión en Tennessee. Anoche, por fin pudo comunicarse con ella y le avisó que a las tres de la madrugada los iban a llevar al aeropuerto para deportarlos aquí, a El Salvador”.

Desde hace varias horas, María Campos, la madre de David Hernández, aguarda de pie y bajo un sol infernal frente al portal del Centro de Atención al Migrante, en la colonia La Chacra de la capital salvadoreña. A su lado, decenas de familias de zonas rurales empobrecidas esperan a un pariente deportado desde EE.UU., en medio de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump que exige un millón de expulsiones de indocumentados al año.

Los martes y los jueves aterrizan en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero aviones con cientos de salvadoreños deportados por la administración Trump: un total de 5031 en el primer trimestre de 2026, según cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador.

La inmensa mayoría de estas personas son obreros en EE. UU., cuyo envío de remesas representa entre el 24 % y el 26 % del PIB del país centroamericano.

Han sido arrestados y apresados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el brazo armado de la política antinmigrante de Trump. La razón: entrar y permanecer en el país en situación irregular que es una falta administrativa, no un delito del orden penal.

“Los tratan como criminales solo por el hecho de haber cruzado la frontera sin el permiso”, dice Maria y aclara que ese no fue su caso porque ella, sus dos hijos y sus nietos entraron a Estados Unidos con Estatus legal.

“No fuimos en la época en que salían las caravanas de emigrantes. En el 2018. Pedimos el asilo en Tijuana, nos dieron un número para tramitar el proceso y entramos de manera regular. Ya en Estados Unidos nos dieron el permiso de trabajo. Yo y mi hijo David trabajábamos en las fabricas donde se produce el jamón y la carne para las hamburguesas”, cuenta Maria. Ella prefirió regresar a El Salvador hace tres años. El resto de la familia se quedó con un proceso de asilo pendiente.

Pese a ello, su hijo David donde fue capturado por el ICE en Dallas, Texas, y trasladado al Centro de Detención del Oeste de Tennessee (Mason, TN), una prisión federal operada por el gigante privado CoreCivic.

“Estoy esperando a mi nieto y aquí le traigo su regalo. Él cumplía años el 25 de abril, y ese día lo detuvieron y se lo llevaron los agentes de migración a las seis de la mañana, cuando salía a trabajar repartiendo paquetes de Amazon”, narra la señora Juana.

Esta abuela vio partir a su nieto cuando era niño, de la mano de sus padres. Ellos, al igual que cerca de dos millones de salvadoreños, emigraron a Estados Unidos huyendo de las pandillas, la muerte, el secuestro, la extorsión, el hambre y las múltiples violencias que genera la pobreza. Ingresaron a Estados Unidos de manera regular a través de la solicitud de asilo.

Una de las diferencias de la administración Trump respecto los gobiernos demócratas de Joe Biden y Barack Obama –que tuvieron tazas altas de deportación- es que actualmente se está deteniendo a inmigrantes en proceso de obtener un estatus legal. “Gente con caso de asilo pendiente o con una solicitud de visa T, o visa U, en curso está siendo detenida. Y la estrategia es resolver rápidamente su caso, con una negativa, para deportarlo”, explica la abogada experta en migración Andrea Mejía.

De repente, aparece el primero de los tres buses en los que vienen unos 250 deportados. La muchedumbre se agolpa emocionada y los saluda a través del vidrio. Apenas unos instantes de alegría mezclada con miedo. Los buses entran a la sede gubernamental. La puerta se cierra. Y en la calle, queda la incertidumbre.

“Tememos que lo acusen de ser pandillero”, dicen algunos familiares que prefieren no dar su nombre. Explican que, bajo el régimen de excepción vigente en el país, los deportados pueden ser acusados de pertenecer a bandas criminales y ser encerrados en las cárceles del régimen —como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad y emblema de la política represiva del gobierno de Nayib Bukele— bajo aislamiento total, sin contacto con la familia o un abogado, y sin derecho a juicio.

Después de varias horas de espera, la puerta del Centro de Atención al Migrante se abre y empiezan a salir los deportados. En su rostro se marca la humillación: de héroes que sostienen al país con sus remesas han pasado a ser tratados como criminales. La mayoría llora al abrazar a sus familias. Es un llanto de derrota y desesperanza.

“Nos trajeron esposados de manos y pies. Para ir al baño y comer, uno hacía como podía”, relata David Hernández sobre el vuelo de más de seis horas en el que venía con decenas de compatriotas expulsados. La mayoría firmaron su propia expulsión.

Otra particularidad de la guerra contra la migración del actual gobierno estadounidense es la llamada auto deportación. Se trata de una figura creada a partir del programa CBP HOME de Donald Trump que remplazó al CPB ONE, creado por su antecesor, y que permitía la entrada a país a través de una demanda de asilo en la frontera y la obtención del permiso de trabajo temporal mientras el caso se resolvía en las cortes. Al cancelarse de manera general esta protección, 900 mil personas perdieron su estatus legal quedando en riesgo de deportación.

“Para que iba a pelear mi caso de asilo ahí encerrado si, de todas formas, lo iba a perder. Eso es lo que le decían a uno ahí adentro”, dice David.

Los testimonios de inmigrantes apresados dan cuenta de la presión de los agentes e ICE durante el cautiverio para que firmen la auto deportación. “Si un agente del Ice te dice, en ausencia de tu abogado, que vas a perder tu caso, que firmes para irte, está buscando intimidarte y está violando la ley. Ningún prisionero puede ser contactado sin que su abogado esté presente. Esa es la ley”, subraya l abogada litigante Andrea Mejia.

Sentado en la calle, robándole una mínima porción de sombra a la acera, se encuentra José Adán Alasmoy. Espera a que salga un amigo con el que fue capturado en el estado de Misisipi. Él también fue deportado tras ser detenido cuando salía del trabajo. “Trabajaba poniendo pisos”, dice José. Explica que no fueron los agentes del ICE, sino unos patrulleros quienes lo detuvieron por no llevar encendidas las luces intermitentes del auto. “Me pidieron los documentos. Les dije que no tenía y, entonces, llamaron a la migra para que me llevaran”, cuenta.

Tras unas horas de detención en Pearl, Jose fue trasladado del estado de Misisipi al Centro de Procesamiento de ICE de Luisiana, administrado por el gigante he GEO Group, la principal empresa privada a cargo de las cárceles en EE. UU.

«Duele que traten así a la gente trabajadora que sostiene a este país. Mire, nuestro único delito es ser inmigrantes», afirma con la voz quebrada al recordar que su esposa y su hijo se quedaron en Estados Unidos.

Buscando una vida digna para su familia, José Adán emprendió Hace cuatro años el viaje hacia el norte junto a su esposa. Tras pagar 40 000 dólares a los coyotes, sufrieron un secuestro. No obstante, volvió a intentarlo y lo logró. Luego pagó otros 13.000 dólares para que le enviaran a su hijo pequeño en un avión con unos padres falsos. Dice que aún debe parte de todo ese dinero que ha ido pagando con lo ganado en EE. UU.

José Adán guarda la esperanza de recibir los 2.600 dólares que el gobierno Trump, empeñado en aumentar las deportaciones masivas, ofrece a los extranjeros en situación irregular que opten por la deportación voluntaria y bajo condición de no regresar a Estados Unidos por cinco años.

Por ahora, no tiene en los bolsillos ni los cinco dólares que el gobierno de El Salvador le entrega a cada deportado para que regrese a casa tras el control migratorio el Centro de la Chacra.

Cinco dólares no alcanzan para comprar el pasaje desde la colonia La Chacra al centro de la capital salvadoreña, mucho menos para ir a su casa en Usulután, a más de dos horas de camino, afirma José Adán: “Les dije que no quería esa plata”.

Estos salvadoreños que el gobierno de Estados Unidos deporta por no tener sus papeles en regla —lo cual es una falta administrativa y no un delito penal— se fueron un día en busca del sueño americano. Hicieron su vida en Estados Unidos: trabajaron, mantuvieron a sus familias y, en parte, sostuvieron la economía salvadoreña. El sueño se transformó en pesadilla al caer presos de la cruzada antiinmigrante de Donald Trump. Ahora retornan con las manos vacías.

Jorge Rodríguez, coordinador nacional del Servicio Jesuita para Migrantes en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, sostiene que existe una brecha entre las promesas políticas de integración para los migrantes retornados y la falta de programas reales y recursos financieros para ejecutarlas.

Rodriguez subraya que la reinserción va más allá de lo económico. “Los retornados enfrentan graves traumas debido a maltratos en centros de detención o la pérdida repentina de su vida y arraigo en Estados Unidos. Al ser expulsados a El Salvador se ven obligados a enfrentar un nuevo escenario de incertidumbre.” precisa.

El experto también deplora la falta de apoyo psicosocial para la familia que recibe a su pariente expulsado. “Sin embargo, los recursos asignados a los equipos de apoyo son insuficientes y las políticas públicas actuales no coinciden con las necesidades reales”, concluye el experto en migración.

Para este reportaje, Radio Francia Internacional solicitó al Gobierno de El Salvador la entrada al Centro de Atención al Migrante en la chacra, a la cárcel del CECOP y de Santa Ana, así como entrevistas con el vicepresidente y el ministro de Seguridad del país. No hubo respuesta del Estado salvadoreño. El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador tampoco respondió a las preguntas que nuestro consorcio le planteó.