Golpe al huachicol fiscal: FGR revienta bodegas de Ingemar y asegura pruebas clave

FISCALÍA ASEGURA DOCUMENTOS CLAVE EN BODEGAS DE INGEMAR POR CASO DE HUACHICOL FISCAL

Derivado de las indagatorias en torno a una de las redes de contrabando de combustibles más grandes detectadas en el país, la Fiscalía General de la República ejecutó operativos de cateo en dos bodegas vinculadas con la empresa Ingemar, relacionada con el exgobernador bajacaliforniano Ernesto Ruffo Appel. Durante estas diligencias, las autoridades federales aseguraron diversos indicios documentales que permitirán profundizar en el esquema de operaciones de comercio exterior de dicha compañía.

El material incautado incluye contratos, actas de asamblea y pedimentos de importación que arrojan luz sobre la manera en que presuntamente se simulaban operaciones comerciales para evadir obligaciones fiscales. Las investigaciones de la dependencia federal apuntan a que estas maniobras formaban parte de un engranaje ilícito para introducir derivados del petróleo al territorio nacional de manera irregular.

FOTO: FGR

Las pesquisas sobre este esquema de huachicol fiscal se remontan al hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, los cuales contenían casi cuatro millones de litros de hidrocarburo. Las autoridades descubrieron que la red operaba declarando ante las aduanas una fracción mínima de la capacidad real de los contenedores para reducir drásticamente el pago de impuestos.

La estructura corporativa de Ingemar, constituida en la Ciudad de México y a la cual Ruffo Appel se integró como accionista y posterior secretario del Consejo de Administración, es evaluada por su presunta participación en esta red de delincuencia organizada. El daño patrimonial estimado al erario supera los cuatro mil millones de pesos, de acuerdo con el análisis de miles de operaciones comerciales y financieras bajo revisión.

Ante los cuestionamientos públicos sobre la aprehensión del exfuncionario y las voces que acusan una presunta persecución política, tanto la titular de la Fiscalía como el Poder Ejecutivo federal han defendido la legalidad del proceso. Las autoridades sostienen que la investigación está sustentada en indagatorias técnicas, financieras y aduaneras de largo aliento, y recalcaron que los implicados tienen garantizados el debido proceso y el derecho a su defensa jurídica.