Francia: el malestar democrático

Las imágenes de las manifestaciones del 17 de octubre, especialmente las de militantes de extrema izquierda –los “bloques negros”– enfrentándose con la policía, de saqueos de numerosos comercios por parte de oportunistas, de destrozos e incendios de mobiliario urbano, tiendas y edificios públicos, pero también las de una violencia policial absolutamente desproporcionada, circularon profusamente en los noticieros y en las redes sociales.

Estas imágenes apocalípticas cobraron todavía mayor fuerza debido a las solemnes declaraciones del presidente de la República la noche siguiente. De traje negro, corbata negra y gesto grave, Emmanuel Macron se entregó a un ejercicio retórico destinado a mostrar que unos “sediciosos” querían “hacer caer a la república”, pero que él sabría restablecer el orden sin dejar de atender ciertas reivindicaciones ni dar la espalda a algunas preocupaciones legítimas de la juventud.

Condenó, con toda razón, la violencia inaceptable de una extrema izquierda que apuesta por la confrontación pensando así radicalizar a unos opositores considerados demasiado tibios, así como la de los saqueadores, cuya actitud calificó de absolutamente inexcusable e inexplicable. Del mismo modo, instó a los distintos actores sociopolíticos a actuar conjuntamente y aseguró a las fuerzas del orden que contaban con “su apoyo”.

Afirmó que quería escuchar las demandas expresadas por los cientos de miles de manifestantes. Mencionó reivindicaciones relacionadas con el aumento del costo de la vida, en particular el alza del precio de los combustibles, debido al bloqueo del estrecho de Ormuz tras la guerra de Irán.

También reconoció las “legítimas preocupaciones sobre su futuro” expresadas por los estudiantes de secundaria y universitarios.

Si bien destacó su voluntad de diálogo y negociación, concluyó con firmeza que el país necesitaba “orden, apaciguamiento y no una escalada”, precisando que quienes afirmaban que “la urgencia era salir a la calle, manifestarse, crear desorden” no tenían “otro objetivo que dañar a la República y secuestrar el debate” que llegaría con las elecciones presidenciales, previstas para dentro de seis meses.

Lo que sorprende, al observar la relevancia que adquirieron las imágenes de la violencia, y al escuchar las palabras del presidente, es que tanto los medios de comunicación como el mandatario parecen cerrar los ojos ante la naturaleza de la gravísima crisis política que atraviesa Francia. Comprender los hechos y captar su significado exige no caricaturizarlos, sino restituirlos en toda su complejidad. Para ello, empecemos por recordar cuál fue el ambiente de estas manifestaciones y quiénes las convocaron.

En primer lugar, hay que destacar el número muy elevado de manifestantes. Fue equivalente al de las movilizaciones contra la austeridad presupuestaria de septiembre de 2025, superior al de quienes protestaron contra la reforma laboral de 2016 y la reforma de las pensiones de 2020, aunque inferior al de los opositores a las reformas de las pensiones de 2010 y 2023.1 En segundo lugar, hay que señalar que las violencias, indiscutibles e insoportables, fueron obra de una minoría.

Según estimaciones de la policía, la extrema izquierda, en sus distintas vertientes, contaría con entre 3 mil y 5 mil personas. Suponiendo que todos sus miembros hubieran estado presentes en las manifestaciones del 17 de octubre y que a ellos se hubiera sumado un número equivalente de saqueadores, ambos grupos habrían representado, en el mejor de los casos, menos del 1% de los manifestantes.

También hay que subrayar que, aunque los saqueadores se ceban en los escaparates destruidos por la extrema izquierda, de ningun modo alguno comparten sus proyectos anticapitalistas. Son lo que Robert Merton llamaba “conformistas desviados”; quieren acceder a objetos que son signos de determinado estatus social o, más prosaicamente, quieren revenderlos.

En cambio, se ha dicho demasiado poco sobre el ambiente a la vez festivo y grave que los cientos de miles de manifestantes, en su inmensa mayoría pacíficos, supieron imprimir a las marchas. La manifestación parisina debía comenzar con un concierto autorizado ofrecido por los 400 músicos de la Orchestre du Nouveau Monde, pero no pudo celebrarse porque los músicos fueron inundados de gases lacrimógenos sin previo aviso y en contravención del derecho a manifestar.

Los manifestantes de todas las edades –aunque los estudiantes de secundaria y universitarios fueron probablemente los más numerosos– portaban pancartas de espíritu rebelde y mordaz, contra el gobierno y la brutalidad policial.

Algunos de los eslóganes dan una idea del tono: “Manu, aquí tienes tu República en Marcha”, en referencia al nombre del movimiento macronista; “35 alumnos por clase, 35 horas de clase, 35 grados”, en alusión tanto a las promesas presidenciales jamás cumplidas de mejorar el sistema educativo como a las de actuar contra el calentamiento global, igualmente incumplidas. “Nuestros horarios están más cargados que el expediente judicial de Marine [Le Pen]”; “Un profesor por cada 35 alumnos, ¡cinco granaderos por alumno!”; o “Queremos que nos escuchen, no que nos golpeen”, “Vivir en Francia cuesta un brazo, quejarse cuesta un ojo”, “A.C.A.B.” (All cops are bastards, “todos los policías son bastardos”), “Todo el mundo odia a la policía”, en referencia a la violencia policial.

También se escucharon lemas más clásicos sobre “la vida cara”, la defensa de los servicios públicos y la inacción gubernamental frente al cambio climático. Hubo Marsellesas y cantos antifascistas; ondearon banderas palestinas junto a banderas francesas y rojas.

Las manifestaciones del 17 de octubre fueron convocadas por estudiantes de secundaria y universitarios a través de las redes sociales, así como por antiguos “chalecos amarillos”, veteranos de las movilizaciones de 2023, sindicatos y varios partidos políticos, principalmente La Francia Insumisa (LFI), el Partido Comunista y Los Verdes, que negociaron con los prefectos los recorridos autorizados.

Esta confluencia de llamados a manifestarse se inscribió en la estela de numerosas protestas de estudiantes de secundaria, primero en los liceos de los suburbios y después en los del centro de las ciudades: bloqueos de escuelas y manifestaciones en la vía pública que comenzaron desde mediados de septiembre y a los que se sumaron numerosos universitarios después del inicio del curso. Las movilizaciones cobraron cada vez más fuerza a lo largo del mes de octubre.2

Enumeremos también las reivindicaciones formuladas desde mediados de septiembre por los estudiantes de secundaria: renovación de los liceos, muchos de ellos en un estado de deterioro deplorable –calefacción ineficiente en invierno, edificios inadecuados para los episodios de calor extremo, especialmente en los suburbios populares, baños fuera de servicio–; clases menos numerosas; sustitución de los profesores ausentes; horarios mejor diseñados; el fin del sistema de inscripción universitaria Parcoursup, una plataforma completamente disfuncional; más lugares en las instituciones de educación superior.

Los universitarios también exigieron más recursos materiales para las universidades, un aumento de sus presupuestos y ayudas para vivienda o más plazas en las residencias universitarias.

Por su parte, los chalecos amarillos, los sindicatos y los partidos políticos pidieron congelar los precios de los productos de primera necesidad, incluidos los combustibles; aumentos salariales, en particular del salario mínimo; defensa de los servicios públicos, cuyos recursos se han ido reduciendo con los años; y, finalmente, un sistema fiscal más justo que haga contribuir al 1% de los contribuyentes más ricos para financiar la transición ecológica.

Lo que llama la atención ante estos hechos incontestables no es solo la notable sordera del presidente de la República y de su primer ministro desde el comienzo de las protestas estudiantiles, sino, aún más, la brutalidad desproporcionada de las acciones policiales.

En efecto, la primera reacción de varios miembros del gobierno fue denunciar la “acción de grupúsculos”, aludiendo implícitamente a LFI y a los grupos de extrema izquierda, que, si bien apoyaron inmediatamente a los estudiantes, de ningún modo estuvieron en el origen de las protestas. Los miembros del gobierno también explicaron que los estudiantes de secundaria “no tenían derecho a huelga”, que los bloqueos de los liceos eran “ilegales”, y amenazaron a los huelguistas con sanciones por ausentismo.

También dejaron entender que la quema de contenedores frente a los liceos y algunos actos de brutalidad inaceptables cometidos por determinados estudiantes contra profesores o personal administrativo constituían una forma de acción generalizada. Fue una manera de exagerar fraudulentamente acontecimientos claramente circunscritos.

El complemento de esta retórica fue dar a la policía carta blanca para actuar. El ministro del Interior declaró que no había dado “ninguna instrucción de contención” a las fuerzas del orden; el prefecto de policía de París se expresó en el mismo sentido.

Una actitud que causa perplejidad cuando se recuerdan las instrucciones dadas a los policías en 2006 por Sarkozy, entonces ministro del Interior, durante la revuelta estudiantil contra el Contrato de Primer Empleo: “Les pido que den muestras de discernimiento”. O las del prefecto de policía Maurice Grimaud en mayo de 1968: “Golpear a un manifestante caído al suelo es golpearse a uno mismo, al mostrar una imagen que afecta a toda la función policial.

Es todavía más grave golpear a manifestantes después de su detención y cuando son conducidos a dependencias policiales para ser interrogados”. Amparados por la laxitud de Laurent Nunez, ministro del Interior, los policías multiplicaron las brutalidades sin que sus superiores hicieran ningún llamado al orden.

Hubo miles de detenciones –cerca de 5 mil antes del 17 de octubre–, la mayoría de las veces sin motivo, de manifestantes, muy a menudo adolescentes, que con demasiada frecuencia fueron golpeados, insultados y retenidos en condiciones indignas. Hubo cargas sin previo aviso, golpes contra manifestantes tendidos en el suelo y uso de granadas lacrimógenas y de dispersión que provocaron graves mutilaciones a varios adolescentes.3

Los padres fueron convocados ilegalmente por las autoridades para exigirles que prohibieran a sus hijos manifestarse. Esta estrategia del miedo se combinó con otra de desgaste.

La previsión era que los quince días de vacaciones de Todos los Santos –del sábado 18 de octubre al domingo 1 de noviembre– acabarían con el movimiento de protesta en los liceos. Pero estas violencias, cuyas imágenes circularon por las redes sociales, así como las bravatas del ministro del Interior, contribuyeron considerablemente a consolidar el movimiento estudiantil, convirtiendo la denuncia de los abusos policiacos en uno de sus motivos de movilización.

Tuvieron el mismo efecto entre padres y profesores, igualmente indignados por los abusos policiales. Más aún: impulsaron a los chalecos amarillos a llamar a acudir a las manifestaciones estudiantiles, y a los sindicatos y partidos de izquierda a organizar y proteger las marchas de estudiantes y convocar la manifestación del 17 de octubre.

Desde entonces fue indudable que se produjo una suerte de “convergencia de las luchas”, y de manera duradera, como lo demuestran las manifestaciones que se han sucedido desde entonces.

Queda por explicar la violencia del 17 de octubre y la que la precedió. Para ello seguimos el meticuloso análisis de Sebastian Roché.

Contra lo que sostuvo el ministro del Interior, que primero negó la evidencia para después retractarse penosamente, las operaciones de mantenimiento del orden del 17 de octubre fueron un fiasco. Las autoridades fueron incapaces, en primer lugar, de prever el elevado número de manifestantes, probablemente porque pensaban que la brutalidad de las fuerzas del orden disuadiría a muchos posibles manifestantes de sumarse a las marchas.

Sin duda con la misma intención, tardaron todo lo posible en fijar los recorridos autorizados, lo que les impidió disponer a tiempo de fuerzas policiales en los lugares adecuados para hacer frente a posibles bloques negros o saqueadores. Rápidamente desbordados y con efectivos insuficientes, los policías actuaron fuera de todos los protocolos vigentes para el mantenimiento del orden.

Muchos agentes no llevaban sus números de identificación, que permiten reconocerlos, y emplearon con demasiada frecuencia una fuerza desproporcionada. Más de 2 mil personas fueron detenidas, en la mayoría de casos con brutalidad innecesaria e insultante, sin que ello impidiera los saqueos: cerca de 750 comercios fueron vandalizados.

Los gases lacrimógenos y las cargas sorpresivas fueron múltiples; también las intimidaciones contra periodistas y manifestantes pacíficos, a quienes insultaron y apuntaron con lanzagranadas.

Evidentemente, también hubo policías heridos, pero la policía se abstuvo de proporcionar estimaciones precisas. Dos personas murieron durante las manifestaciones, si bien se desconoce si esas muertes estuvieron directamente relacionadas con los gases o los golpes propinados por policías, y ocho personas, entre manifestantes y transeúntes, quedaron mutiladas por disparos de diferentes tipos de granadas policiales.

Pero hay más: en algunos lugares, como Marsella, miembros de los CRS asistieron impasibles a la entrada por la fuerza de saqueadores en el ayuntamiento. Como escribió sobriamente Sebastian Roché, “este balance es el más sangriento de los últimos veinte años”.

Queda por comprender cuáles fueron las consecuencias de estos acontecimientos y qué clima político crearon.

La primera consecuencia es, sin duda, el fin del macronismo. La conferencia de prensa del presidente del 18 de octubre fue crepuscular.

Macron, que pretendió aprovechar lo mejor de las herencias de la derecha y de la izquierda, aparece ahora como un charlatán, ególatra e impotente. Las interpelaciones burlonas bajo el nombre de “Manu” muestran hasta qué punto ha sido desacralizado por buena parte de la juventud.

Sus anuncios de posibles consultas gubernamentales han caído en saco roto, como lo demuestran las reuniones organizadas con los sindicatos, los partidos políticos y posteriormente los estudiantes. Si bien el gobierno recibió a los sindicatos el 21 de octubre y a los partidos al día siguiente, todos consideraron que no estaba dispuesto a negociar, sino más bien a impartir una clase magistral versión discurso presidencial.

En lugar de mesas redondas que colocaran a los participantes en un plano de igualdad para permitir el intercambio, desbloquear posiciones y formular nuevas propuestas, los miembros del gobierno y los altos funcionarios presentes recibieron a sindicatos y partidos encaramados en una tarima desde la cual expusieron diferentes argumentos, mientras los asistentes apenas pudieron hacer preguntas u objeciones.

Todo ello recuerda la manera en que fueron enterradas las consultas organizadas con los chalecos amarillos, cuyos cuadernos de quejas, abiertos por el gobierno en respuesta a sus manifestaciones, nunca fueron tomados en cuenta; o la Convención Ciudadana por el Clima, que reunió a ciudadanos elegidos al azar y cuyas conclusiones habrían podido servir como hoja de ruta para la transición climática; o el rechazo a tomar en cuenta peticiones firmadas por más de dos millones de electores contra la reintroducción de determinados pesticidas; o, finalmente, el absoluto desdén ante las manifestaciones pacíficas contra la reforma de las pensiones, que reunieron a más de un millón de manifestantes en 2023.

Una encuesta publicada el 21 de octubre refleja bien el sentimiento imperante de desconfianza y debilitamiento de la autoridad: 91% de los encuestados condena la violencia de los vándalos, 62% considera que se debe a la impunidad de la que estos gozan y 51% deplora el debilitamiento de la autoridad del Estado.

Existe aquí, como señala el sociólogo François Dubet, una “crisis democrática” producto de una sedimentación de las iras que “se expresan cíclicamente, con alianzas cada vez más heterogéneas entre los grupos sociales. (…) El debilitamiento de los cuerpos intermedios hace que el mecanismo de transformación del enojo en reivindicaciones ya no funcione. Las organizaciones sindicales y los movimientos reivindicativos siguen la ira más de lo que la canalizan”.

Sin duda, el jefe de Estado tiene una enorme responsabilidad en esta crisis. Ha actuado como si fuera todopoderoso, permaneciendo sordo al diálogo y a la crítica, jugando a presentarse como un De Gaulle que salvaba al país en 1939, personaje del que, en el mejor de los casos, es una caricatura.

La disolución de la Asamblea Nacional en 2024, decidida en un arrebato luego de los malos resultados de su partido en las elecciones europeas, le hizo perder la mayoría relativa que había obtenido después de su reelección como presidente de la República, y sus sucesivos gobiernos van a tientas, intentando no ser censurados.

Lo mismo puede decirse de la ira estudiantil: las señales de alarma llevaban mucho tiempo ahí, especialmente en lo relativo al deterioro de los edificios y las disfunciones de la educación nacional en materia de sustitución de profesores ausentes o del paso de la educación secundaria a la superior. Por último, hay que señalar que Emmanuel Macron ha desmantelado todas las medidas destinadas a poner en marcha una transición climática, cosa que le reprochan los jóvenes manifestantes.

Además, sus diferentes gobiernos, especialmente los de su primer mandato, que contaban con una mayoría muy cómoda, se cuidaron mucho de hacer las necesarias reformas de las técnicas de mantenimiento del orden, como las emprendidas en otros países europeos, donde la policía actúa con mayor comedimiento.

Esta falta de reflexión resulta todavía más perjudicial porque el problema de las formas de mantener el orden era evidente desde el final del mandato de François Hollande, especialmente durante las manifestaciones contra la reforma de las pensiones.

Por último, la propuesta más que razonable que Macron lanzara durante su primera campaña presidencial, la de introducir una dosis de representación proporcional para que la Asamblea representara mejor las distintas corrientes de opinión del país y para que los parlamentarios recuperaran un papel relevante y aprendieran a llegar a acuerdos, también quedó en el olvido.

No se puede absolver a los parlamentarios de sus responsabilidades en esta crisis. Algunas formas de irresponsabilidad tienen una larga historia.

Los parlamentarios del partido de gobierno y sus aliados renunciaron voluntariamente a cualquier iniciativa o independencia y desempeñaron de manera constante el papel de una cámara de registro. Nunca intentaron presionar para volver a poner en la agenda algunas de las promesas macronistas, especialmente la de la representación proporcional.

Su única preocupación parecía ser no disgustar a un presidente que tenía en sus manos sus futuras candidaturas en la próxima renovación de la Asamblea. Y por más que los parlamentarios veían surgir ciertas demandas en sus circunscripciones, nunca se coordinaron para encontrar maneras de responder a ellas.

Los partidos de izquierda, unidos en el Nuevo Frente Popular, también tienen su cuota de responsabilidad en la crisis, particularmente después de sus buenos resultados en las elecciones de 2024. Eligieron deliberadamente no proponer a los parlamentarios de centro, a los independientes o a los representantes de la mayoría decepcionados por el verticalismo macronista para formar una coalición capaz de gobernar. Se hundieron en disputas de egos y cedieron hasta el final a los chantajes maximalistas del líder de LFI.

Sin duda, son la derecha y la extrema derecha quienes ofrecen el espectáculo más desolador. La Agrupación Nacional (RN) combina un antisemitismo larvado –ilustrado por las declaraciones recientemente reveladas, dignas de un libelo fascista, de su joven secretario general, Jordan Bardella– con una islamofobia sin complejos que abre la puerta a los crímenes racistas de los que acaba de ser víctima la población de la ciudad de Trappes, calificada por el propio Bardella como una “República islámica en miniatura”.

Su único papel en la Cámara ha sido y es chantajear a la frágil mayoría presidencial, siempre a merced de una moción de censura permitida por la suma de los votos de la izquierda y del RN. Este último impuso en el debate público sus temas racistas y sus llamados al odio, que tienden a normalizarse gracias a la acción de propietarios de medios convertidos en propagandistas encarnizados.

Cuesta encontrar una propuesta procedente del RN que no sea un intento de romper con los principios de separación de poderes. A ello se suman las iniciativas que designan chivos expiatorios: los migrantes y los franceses de origen extranjero, cuya expulsión resolvería todos los problemas económicos de Francia; o los intelectuales, universitarios y artistas, portadores de teorías “woke” y “antifrancesas”, a quienes habría que retirar todos los recursos.

Salvo contadas excepciones, los parlamentarios de derecha oscilan entre el apoyo al gobierno y la adhesión a las tesis del RN para consolidar alianzas electorales con él. Pero tampoco aquí se distinguen intentos por devolver un papel fuerte al legislativo.

Esto significa que el país parece atrapado en una crisis duradera en la que ni el presidente, ni sus ministros ni la Asamblea parecen tener el control de los acontecimientos. Al primer acto de la protesta, el 17 de octubre, le siguieron el segundo (24 de octubre) y tercero (31 de octubre), en los que las coordinadoras estudiantiles, los sindicatos y LFI convocaron manifestaciones que reunieron a 800 mil y 500 mil personas, respectivamente, según los organizadores; 500 mil y 320 mil según el Ministerio del Interior.

Si hubo actos de violencia contra la policía, estos no tuvieron nada que ver con los enfrentamientos y saqueos del 17 de octubre. En cambio, la brutalidad de las fuerzas del orden y el incumplimiento de los protocolos se hicieron habituales.

Hay otra característica de esta crisis que es necesario abordar y que probablemente sea la más inquietante: el papel incendiario que desempeñaron distintos actores sociopolíticos. También aquí el gobierno, por boca del primer ministro Lecornu, tuvo desde el principio un rol clave.

La noche del 17 de octubre, llamó a “elegir su bando: (…) el de la República y las fuerzas del orden o el de los vándalos”. No estableció ninguna distinción entre los manifestantes, en su inmensa mayoría pacíficos, y los vándalos y saqueadores.

Del mismo modo, cuando Macron afirmó que ya no era momento de manifestarse y que el debate debía desarrollarse de otra manera, y llamó a los prefectos a prohibir las concentraciones en los centros urbanos, sin desautorizar jamás a su ministro del Interior, justificó graves incumplimientos de la ley.

Fueron, al mismo tiempo, los de los cuerpos policiales, a los que nunca se dieron instrucciones para utilizar la fuerza de manera proporcional, y los de los prefectos, que violaron el derecho a la manifestación pacífica. Macron puso en práctica y legitimó medidas liberticidas en nombre del “restablecimiento del orden”.

El ministro de Justicia, Gérard Darmanin, tampoco se quedó atrás en esta gesticulación antidemocrática. Dio instrucciones a la fiscalía para imponer las penas más severas a los manifestantes detenidos, lo cual también constituye una singular concepción de la independencia de la justicia.

Finalmente, alegando la “fascinación por la violencia” de la LFI y comparando los bloqueos de los liceos, que según él fueron promovidos por ese partido, con un “ensayo general” destinado a “organizar una insurrección popular” en caso de victoria de Marine Le Pen en las elecciones presidenciales, el presidente del partido de derecha Los Republicanos, Bruno Retailleau, planteó la cuestión de la necesaria prohibición de la LFI.

También sostuvo que era necesario “proclamar el estado de emergencia” para restablecer el orden. Al hablar de la “gran responsabilidad [de LFI] en el discurso de odio” y en la creación de una “situación de tensión”, Gérard Larcher, presidente del Senado, propuso a su vez prohibir LFI.

En las declaraciones de Retailleau aparece la idea de que son legítimas ciertas formas de acusación que no se basan en delitos comprobados, sino en la posibilidad de que el acusado los cometa, no inmediatamente, sino dentro de seis meses. La presunción de inocencia y la necesidad de que la acusación pruebe el delito atribuido a un acusado quedan borradas en nombre de las necesidades del mantenimiento del orden.

Del mismo modo, la idea de proclamar el estado de emergencia es desproporcionada frente a las formas de la crisis que atraviesa el país y no resolverá los problemas planteados, en particular, por los estudiantes de secundaria. Las rupturas con los principios democráticos son evidentes y gravísimas.

La paradoja es que, en esta escalada iliberal, el partido de objetivos antidemocráticos que es el RN –pensemos en su propuesta de reforma constitucional que reduciría los poderes del Consejo Constitucional– aparece a un costado. Como favorita en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y con posibilidades casi seguras de imponerse a LFI en la segunda, Marine Le Pen interpreta el papel de partido del orden en busca de respetabilidad, preparándose para ejercer el poder.

Si bien equipara a la extrema izquierda y a LFI, que constituirían las dos ramas de una misma corriente –los “grupos antifascistas serían la rama armada”, LFI “la rama política”–, se opone a su prohibición y afirma que quiere “combatirla en las urnas”.

El otro elemento incendiario es, sin duda, LFI. Los comentaristas han señalado con razón la indecencia de ciertas comparaciones, como la establecida por el primer ministro entre la muerte del joven militante de extrema derecha Quentin Deranque, ocurrida en Lyon el 14 de febrero de 2026, y la matanza de Trappes y La Verrière perpetrada el 23 de octubre por Kevin Tessier, que dejó un muerto, Pengo Bossio Wangi, y cinco heridos, entre ellos una niña de 12 años.

En Lyon, en una pelea entre militantes de extrema izquierda y extrema derecha que se dio en torno a una conferencia sobre Palestina de la eurodiputada Rima Hassan, un joven, Quentin Deranque, fue golpeado y cayó al suelo, donde militantes de extrema izquierda lo patearon hasta matarlo.

En Trappes y La Verrière, al día siguiente de las manifestaciones del 17 de octubre, un hombre en cuyo domicilio se encontró un ejemplar de Mein Kampf y pegatinas en homenaje al RN preparó un atentado racista dirigido contra personas “de tipo musulmán, africano o norteafricano”. Según Kevin Tessier, afirmó ante los investigadores, la ciudad de Trappes, era “un nido de islamistas”.

En un caso estamos ante un asesinato abyecto e inexcusable, pero no premeditado. En el otro, estamos ante un asesinato y varios intentos de asesinato planeados, una matanza que podría haber sido mucho más mortífera si el arma del atacante, una ametralladora, no se hubiera atascado varias veces, como recordó el alcalde de Trappes en un discurso de rara dignidad.

A pesar de lo anterior, LFI, su dirigente Jean-Luc Mélenchon y sus allegados mantienen una relación más que ambigua con la violencia. Ciertamente, nunca llaman a pasar a la acción e incluso se proclaman “partidarios de la no violencia”.

También declaran constantemente que la lucha de los vándalos no es la suya y llaman a sus militantes y simpatizantes a no sumarse a ellos.

Pero los llamados de Mélenchon “al ruido y la furia”, en un país que parece dividido de manera duradera en tres corrientes que obtienen cada una más o menos un tercio de los votos en las primeras vueltas de las distintas elecciones, ponen en primer plano la idea de una división necesaria entre un partido de las clases populares y otros que no serían más que defensores del statu quo neoliberal.

Para construir esa mayoría, todos los medios parecen válidos. Existe una mitificación de ciertos episodios de la Revolución francesa, ante todo del papel de Robespierre y los montañeses, así como de las experiencias neopopulistas latinoamericanas.

Cuando Mélenchon evoca la gesta de los montañeses, pasa por alto la naturaleza del Terror. También cultiva una suerte de ceguera sistemática ante los objetivos antidemocráticos de los dirigentes de la Alianza Bolivariana y sus prácticas autoritarias.

Sus ejemplos históricos y sus referencias a América Latina son otros tantos simplismos destinados a movilizar, haciendo caso omiso de las realidades sociales e históricas. Como si las indudables veleidades autoritarias de Macron fueran comparables con el absolutismo de la monarquía agonizante.

Hay aquí una voluntad de escenificar repetidamente la división amigo/enemigo como esencia de la política, con claros ecos antidemocráticos. Es algo muy alejado de la idea de la democracia como espacio de conflictos aceptados que conducen a la organización de competencias regulares por el poder.

También está la tolerancia hacia las prácticas de la extrema izquierda o hacia ciertas violencias en el marco de bloqueos de liceos o facultades, peleas con la policía, intentos de incendiar un liceo o agresiones contra miembros de la administración escolar. Como afirmó recientemente el alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, la violencia es a veces “legítima”, lo que abre la puerta a desvíos como el de que “el fin justifica los medios”.

Paralelamente, así es como Mélenchon tergiversa la cuestión cuando se le pregunta qué piensa del lema A.C.A.B.

Habla, a la manera de un sofista, de la “libertad de expresión” y del viejo lema “Mort aux vaches” (“Muerte a las vacas”, forma despectiva de referirse a los policías de los anarquistas a principio del siglo XX), para no molestar a una parte de los estudiantes de secundaria y universitarios, aunque el lema sea tan discutible y falso como lo fue en su momento “CRS = SS”. (Como si la policía no ejerciera la violencia que ejerce precisamente por las instrucciones de sus superiores.) Del mismo modo, no pronuncia una palabra de condena a los lemas de moda en LFI, como “todo el mundo odia al PS”, utilizado contra figuras del Partido Socialista, como el alcalde de París Emmanuel Grégoire, durante una concentración organizada después del atentado de Trappes, o el episodio en que Raphaël Glucksmann fue alcanzado por una tarta después de su victoria en las primarias socialdemócratas.

Es urgente que se alcen voces firmes contra estas formas complementarias de exaltación: por un lado, la retórica del restablecimiento del orden mediante la suspensión de las libertades individuales; por otro, la que coloca la división amigo/enemigo en el centro de la política. El resultado más evidente de semejantes retóricas es desnaturalizar y poner en peligro el debate democrático y, con ello, servir a los propósitos de la extrema derecha de RN.

Ha llegado el momento de reconocer las divisiones que atraviesan el país y reivindicar un cierto espíritu de conciliación. Son condiciones indispensables para salir de la innegable crisis del régimen democratica que atraviesa hoy Francia. ~

Sebastian Roché, sociólogo de la función policial, analizó estas actuaciones de la policía en numerosas colaboraciones en Libération, y Thomas Legrand recordó atinadamente las palabras de Maurice Grimaud en un editorial publicado en el mismo diario el 29 de octubre. ↩︎