«Faltan por fiscalizar 96% de los contratos otorgados por el INE», afirma contralor

Los contratos entregados por el Instituto Nacional Electoral (INE) a empresas y negocios vinculados a José Alfredo Hernández Casillas y su hermano Raymundo, por uno mil 400 millones de pesos, según investigaciones periodísticas, apenas representan el cuatro por ciento del universo de contrataciones del INE.

El 96 por ciento restante también debe ser revisado, advirtió el titular del Órgano Interno de Control del órgano electoral, Víctor Hugo Carvente.

Las irregularidades, dijo, han sido detectadas no solo en el actual periodo, sino en administraciones previas.

Entre los focos rojos que utiliza el OIC para seleccionar contratos sujetos a fiscalización mencionó las “licitaciones declaradas desiertas, las adjudicaciones directas reiteradas a los mismos proveedores, montos elevados frente a los precios de mercado, participación recurrente de las mismas empresas”.

Además de compras que no estaban previstas en el programa anual, contrataciones al cierre del ejercicio fiscal y plazos de ejecución inusualmente cortos.

También alertó sobre empresas de reciente creación que obtienen contratos, poco después de iniciar operaciones, además de posibles vínculos entre proveedores que participan conjuntamente en los procedimientos.

Puso por ejemplo que en una auditoría iniciada el 19 de mayo de este año, todavía en etapa preliminar, se detectaron 45 cédulas de observaciones correspondientes al periodo del 1 de diciembre de 2024 al 31 de mayo de 2026.

Los resultados preliminares fueron notificados el 9 de octubre y la revisión deberá concluir, a más tardar, el 18 de noviembre.

Posteriormente, se abrirá un plazo de 30 días hábiles para que las áreas involucradas entreguen documentación y aclaren o solventen las observaciones.

Las que queden firmes, adelantó, se publicarán en la Plataforma Nacional de Transparencia a principios de enero.

El funcionario reportó tres contrataciones de asesorías, estudios e investigaciones por un total de tres millones 532 mil pesos, en las que encontró indicios de vínculos entre proveedores, terceros y un servidor público, posibles conflictos de interés y servicios cuya ejecución se reportó en apenas seis días, sin que se acreditara suficientemente su necesidad.

Se identificaron relaciones entre empresas participantes, posibles transferencias de obligaciones contractuales a terceros y documentación insuficiente para comprobar la prestación, supervisión y recepción de los servicios”.En este último caso, explicó: “Hay indicios de una posible triangulación, pues el beneficiario final de los recursos no habría sido la empresa a la que se adjudicó el contrato”.

Como resultado de otra investigación, el OIC sancionó a la empresa Belcrom con inhabilitación y una multa económica por incumplir la entrega de 25 mil 302 chalecos, únicamente entregó en tiempo siete mil 267 y dejó pendientes 18 mil 35.

Carvente Contreras agregó que este tipo de irregularidades se detectaron en un contrato entregado en 2021, cuando aún no llegaba a la presidencia del INE Guadalupe Taddei. Dijo que se contrató material electoral en cinco pesos, en su cotización más baja, este mismo material está ahora tasado en un peso.

Se preguntarán por qué ahora es más bajo. Pues porque estas empresas fijan los precios, actúan como oligopolios. Tienen la capacidad de concentrar el mercado y de justamente fijar los precios en el mismo”.“Si se hubiera contratado al precio más bajo de este 2026, nos habríamos ahorrado unos tres mil millones de pesos”, preciso el contralor, durante su comparecencia de este viernes, tras ser citado por comisiones unidas de Vigilancia de la ASF y de Transparencia y Anticorrupción, para explicar el estado de las indagatorias abiertas contra Guadalupe Taddei, ex presidenta consejera del INE.