EU: xenofobia contraproducente

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que se coordina con el de Seguridad Nacional (DHS) a fin de identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que han llegado al país “alegando ser visitantes de corta duración, pero luego solicitan asilo para quedarse de manera permanente”. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, aseguró que “la gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de solicitudes de asilo falsas”.

De acuerdo con funcionarios que hablaron con medios bajo condición de anonimato, hasta 200 mil personas podrían perder sus permisos, lo que sería la revocación de visas más numerosa en la historia estadunidense y probablemente enfrentaría impugnaciones legales.

Cabe recordar que el gobierno de Donald Trump ha impuesto múltiples restricciones para anular el derecho de asilo por la vía de los hechos: los agentes fronterizos impiden a los migrantes presentar la solicitud respectiva si los interceptan antes de pisar formalmente territorio estadunidense en los puertos de entrada; se prohíbe realizar la solicitud a quienes cruzan por un tercer país (como México) sin haber pedido protección en esa nación antes de llegar a la frontera estadunidense; los expedientes se remiten directamente a los jueces de inmigración y se inician procesos de deportación rápida, suprimiendo en muchos casos la entrevista inicial con un oficial de asilo.

Con la nueva disposición, los solicitantes se verían obligados a permanecer en sus regiones de origen mientras las autoridades estadunidenses procesan sus casos, lo cual puede demorar años.

Es decir, que quienes buscan huir de grupos armados, guerras, crimen, persecución política o catástrofes naturales quedarían a merced de los elementos y de sus agresores hasta que el trumpismo revise sus expedientes, lo cual podría postergarse indefinidamente por la determinación del magnate de cerrar todas las vías legales para la migración de personas no multimillonarias.

En diciembre de 2025, el DHS anunció la terminación inmediata de los programas de reunificación familiar que beneficiaban a ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, empobrecidos –casi todos, por la acción directa de Washington– y, con la excepción de Cuba, azotados por graves problemas de violencia.

En mayo pasado, eliminó el estatus de parole humanitario y las autorizaciones de trabajo para individuos que llegaron con documentos por medio del programa de patrocinio para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. En apenas un año, retiró el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de un millón y medio de personas de al menos 11 naciones, incluyendo Venezuela (más de 600 mil afectados), Haití, Honduras, Afganistán, Siria, Nepal y Etiopía.

Trump no ha restringido su furor xenófobo a quienes buscan refugio. Ahora mismo, impulsa una norma que cobraría 100 mil dólares a las empresas por cada trabajador extranjero al que deseen contratar mediante la visa H-1B, dirigida a empleados altamente cualificados.

Además, reduciría el tope anual de 65 mil a sólo 25 mil visados. En el año fiscal 2024 se aprobaron aproximadamente 400 mil solicitudes, de las cuales 140 mil correspondieron a nuevos ingresos y 260 mil a renovaciones de empleo.

El 65 por ciento de las visas H-1B son usadas por el sector tecnológico y otra importante porción por el financiero; es decir, que este gobierno furiosamente pro empresarial busca privar de mano de obra especializada a los segmentos más dinámicos de la economía estadunidense.

La generalización de la cruzada antimigrante del trumpismo muestra que ésta no tiene nada que ver con el combate a la delincuencia, la seguridad nacional, el control fronterizo o el ordenamiento de la migración masiva. A estas alturas, es claro que la administración republicana se encuentra poseída por una obsesión malsana que no sólo destruye los derechos de millones de seres humanos y causa un sufrimiento indecible a las familias, sino que golpea a la economía que Trump prometió rescatar.