EU: facilitador de impunidad

Autoridades de Estados Unidos detuvieron ayer en Miami a Inés Gómez Mont, prófuga desde 2021 y acusada en México de delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero por una red de empresas fantasmas que habría movido unos 3 mil millones de pesos en contratos del sistema penitenciario federal. La Fiscalía General de la República atribuyó la captura al intercambio de información con Washington, aunque no se ha precisado si obedece a una petición de extradición o a su situación migratoria.

El arresto ocurre un mes después de que Interpol cancelara la ficha roja contra ella y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, cuya defensa alegó persecución política. La presidenta Claudia Sheinbaum los llamó “factureros reconocidos” y anunció que México pediría restablecer la alerta.

Nada garantiza que esta detención desemboque en una entrega. Álvarez Puga fue arrestado por el ICE en septiembre de 2025 y, lejos de ser enviado a México, obtuvo libertad bajo fianza con un localizador, mientras Washington rechazaba su detención provisional con fines de extradición porque los delitos imputados no son violentos.

No es un caso aislado: entre enero de 2018 y mayo de 2026 México formuló 269 requerimientos de extradición a su vecino y éste no ha entregado a una sola persona; 36 fueron negados y el resto sigue en el limbo. Entre los reclamados figuran el ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y operadores del huachicol fiscal.

Esta negativa sistemática exhibe la hipocresía de Washington. Mientras libera, protege o mantiene fuera del alcance de la justicia a prófugos de alto perfil, el presidente Donald Trump repite sin pruebas que los cárteles gobiernan México –lo dijo en mayo, lo reiteró ante la Asamblea General de la ONU en septiembre y volvió a decirlo hace dos semanas–, exige que este país haga más contra los cárteles y amaga con operaciones militares en territorio nacional.

La misma administración que reclama la entrega inmediata de funcionarios mexicanos pidió información adicional en 47 de las 50 solicitudes de detención provisional presentadas por México, y convierte su suelo en refugio de evasores, lavadores y saqueadores del erario.

México, en cambio, trabaja con hechos. Del 1º de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2026, el gabinete de seguridad detuvo a 70 mil 500 personas, aseguró 36 mil 300 armas y 569 toneladas de droga –la Marina, por sí sola, había decomisado cerca de 77 toneladas de cocaína hasta junio– y desmanteló casi tres mil laboratorios clandestinos, mientras el promedio diario de homicidios dolosos cayó 52 por ciento.

Desde 2019 el país ha extraditado a Estados Unidos a centenares de personas, a las que se suman 92 capos de alto perfil enviados en tres traslados masivos, entre ellos Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy. Ante estas cifras, lo mínimo que cabe exigir a Washington es reciprocidad, empezando por la entrega de Gómez Mont y Álvarez Puga, para que respondan ante la justicia.