Estados Unidos eleva la presión sobre México por la elección judicial y denuncias de acoso fiscal

Nuevas tensiones entre México y Estados Unidos escalan en dos frentes sensibles para el clima de negocios: mientras Washington lanza una advertencia por la reforma judicial y exige garantías sobre la independencia de los jueces, grandes multinacionales estadounidenses denuncian acoso fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En conjunto, ambos factores alimentan la percepción de incertidumbre jurídica en el país, en vísperas de la revisión del TMEC, y debilitan la confianza de los inversionistas extranjeros.

Morena, el partido gobernante, ha reflotado la necesidad de revisar la reforma heredada del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, con el fin de posponer la segunda tanda de comicios para que no coincida con las elecciones intermedias del próximo año. Sin embargo, el trasfondo del “perfeccionamiento” parece responder, al menos parcialmente, a las quejas sostenidas del empresariado, que ha expresado sus profundas preocupaciones por la ausencia de filtros efectivos para acreditar la capacidad técnica de los potenciales jueces. Por ello, la propuesta legislativa introduce nuevos mecanismos de evaluación, como la aprobación de exámenes y la presentación de certificaciones de la Escuela Nacional de Formación Judicial, además de la exigencia de trayectorias profesionales más extensas.

La propuesta está en trámite legislativo, a la espera de materializarse. Mientras tanto, Estados Unidos ha afinado sus críticas hacia el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, incluso llegó a advertir rezago en las inversiones desde el norte, que necesitan “certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción” para seguir su curso. En paralelo, multinacionales sostienen que han enfrentado una escalada en las “auditorías fiscales agresivas y dudosas”, que les niegan derechos tributarios como créditos y deducciones legítimas, así como mecanismos de resolución de disputas transparentes. El Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos (NFTC, por sus siglas en inglés), que cuenta entre sus miembros a unas 300 empresas como Amazon, Ford o IBM, ha sostenido en una misiva reciente —enviada a la Secretaría de Hacienda— que se ha instaurado una exigencia de pagos para acceder a las apelaciones, así como solicitudes injustificadas por parte del SAT de información sensible de las empresas.

“Muchas empresas multinacionales sienten que tienen menos opciones para obtener reparación judicial ante los excesos del SAT, dados los recientes cambios legislativos que limitan la autonomía del sistema judicial mexicano”, agrega. El SAT contestó ante un requerimiento de información de EL PAÍS que no tiene un posicionamiento sobre la carta enviada en marzo.

Si bien Estados Unidos se ha abstenido de criticar la elección judicial sin precedentes por sí misma, ha insistido en la necesidad de garantizar la imparcialidad del sistema judicial. “Hemos dialogado con México repetidamente sobre este tópico. No podemos decir que tener jueces electos sea, ipso facto, contrario al Estado de Derecho, ya que los tenemos en muchos Estados de EE UU”, dijo el subsecretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, en una audiencia de la Cámara de Representantes. “Pero lo que hemos estado diciendo, y lo hemos estado diciendo en conjunto con la comunidad inversora estadounidense en México, es: debes tener jueces calificados, independientes, que no estén en los bolsillos de los carteles, ni de los chinos, ni de nadie. Es un problema que preocupa y lo hemos dejado claro”.

Un riesgo perpetuo

La incertidumbre que atraviesa todo el proceso ha llevado a los inversionistas a tomar precauciones. Un número creciente de compañías con intereses en México ha revisado sus contratos y agregado cláusulas preventivas, que incluyen puntos para resolver conflictos mercantiles entre privados o con el Gobierno federal en cortes internacionales o mediante arbitrajes alternativos. No obstante, para muchas empresas esto no es una solución, debido a los costos y tiempos adicionales que implican estos mecanismos. Todo ello se ha convertido en un nuevo dique que contiene los capitales.

“La presidenta, claramente, está preocupada porque el crecimiento no está donde le gustaría. El Plan México no ha resultado el gran catalizador de las inversiones que se esperaba”, señala Matías Gómez Léautaud, de Eurasia. “Para la iniciativa privada, muchos de los cambios de la presidenta se ven bien: el Plan México, el plan de infraestructura, las nuevas leyes para cooperar entre el sector privado y el público; porque muestran la disposición del Gobierno de interactuar con los inversionistas y con empresas. Pero lo que siempre les acaba preocupando es que, en el mediano y largo plazo, muchas cosas dependen de la buena voluntad del gobierno de turno, cuando estos proyectos son a largo plazo. Ven en la composición del sistema judicial después de la reforma un riesgo latente y perpetuo”, añade.

En medio de este contexto, el crecimiento económico sigue dando señales débiles de recuperación. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que aproxima el comportamiento mensual del Producto Interno Bruto (PIB), apenas avanzó un 0,1% en febrero respecto a enero.

Hasta ahora, los negociadores estadounidenses no han llevado el tema a la mesa del TMEC, el acuerdo de libre comercio entre EE UU, México y Canadá. Se han enfocado en lograr apertura en el sector energético, de telecomunicaciones, en las barreras a la importación de maíz transgénico, el reforzamiento de las reglas de origen y la obstrucción a la inversión china en las cadenas de valor. No obstante, sí han comenzado a elevar sus preocupaciones sobre la incertidumbre regulatoria en aduanas, la burocracia para sacar permisos sanitarios y, con mayor énfasis, el ámbito tributario. “Este problema, sin duda, ha ido escalando, porque no nada más son empresarios extranjeros, también son nacionales, que se están viendo victimizados por el SAT”, señala Jorge Guajardo, diplomático de carrera y socio de DGA Group.

La mandataria ha desestimado una reforma fiscal que implique aumentos de impuestos al consumo y, en cambio, ha instado al fisco a redoblar sus esfuerzos de recaudación en un país con una profunda cultura de evasión. La recaudación tributaria creció cerca de un 5% real el año pasado, impulsada por una mayor fiscalización. “Estamos viendo a muchas empresas extranjeras con problemas con el Gobierno mexicano, con el SAT o Pemex; y que tienen miedo a acudir a las cortes para litigar, pensando que pudieran estar predispuestas a fallar a favor del Gobierno”.

La reforma se materializó en 2025 con la elección de 850 cargos judiciales, la primera vez que integrantes del sistema judicial fueron designados a través del voto popular. La segunda tanda está planificada para 2027. La Administración ha negado cualquier politización del sistema judicial, alegando que la enmienda surgió porque los tribunales no han protegido los intereses de los ciudadanos en un país con una gran potencia industrial, pero que aún sufre los agobios de la pobreza y la falta de inclusión económica y social.

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