Venezuela afirma tener un derecho «irrenunciable» sobre la región del Esequibo, rica en petróleo, según lo declarado el miércoles por un representante del país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) durante una audiencia sobre una antigua disputa territorial con Guyana.
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La CIJ está llevando a cabo una semana de audiencias en La Haya sobre este conflicto, que ha generado tensiones militares. El representante venezolano, Samuel Moncada, afirmó ante el tribunal que «los derechos históricos de Venezuela son irrenunciables y Venezuela está decidida a defenderlos en paz», mientras lucía una insignia con el mapa de su país que incluía el territorio en disputa.
La disputa se remonta a los años 1800 y se intensificó tras el descubrimiento de grandes reservas de petróleo por ExxonMobil en 2015, lo que convirtió a Guyana en el país con mayores reservas de crudo per cápita. El Esequibo representa más de dos tercios de Guyana, que actualmente lo administra.
Venezuela reclama este territorio, que se extiende a lo largo del río Esequibo y abarca 160.000 kilómetros cuadrados. Los jueces de la CIJ deberán evaluar la validez de la frontera establecida en 1899 durante el dominio colonial británico. Venezuela sostiene que la frontera debería definirse según un acuerdo posterior de 1966, firmado antes de la independencia de Guyana, que establece que el río Esequibo es la frontera natural, como lo era en 1777 durante el dominio español.
Caso «existencial»
El ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Hugh Hilton Todd, indicó a los jueces que el caso tiene «una importancia existencial para Guyana», ya que afecta más del 70% de su territorio. «Para los guyaneses, la idea de que nuestro país sea desmembrado es una tragedia, porque perderíamos la mayor parte de nuestras tierras y sus habitantes. (…) Guyana dejaría de ser Guyana sin ellos», agregó.
Sin embargo, el representante venezolano desestimó este argumento, afirmando que «la caracterización que presenta Guyana de una supuesta amenaza a su integridad territorial es una interpretación errónea y una presentación engañosa de los hechos y el derecho».
Aunque las audiencias ante la CIJ concluirán el lunes, la sentencia podría tardar meses o incluso años en emitirse. Las decisiones de la corte son vinculantes, pero carecen de mecanismos para garantizar su cumplimiento. «Nuestra experiencia histórica nos ha enseñado que delegar asuntos vitales de la república a instancias internacionales ha sido perjudicial para nuestra soberanía e integridad territorial», concluyó Moncada. «Venezuela no ha consentido en ningún momento someter esta controversia a la jurisdicción de ninguna corte o tribunal arbitral», afirmó.
Tomado de https://www.rfi.fr/
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