A solo cinco días de las elecciones presidenciales en Perú, las encuestas recientes indican que las propuestas extremas para enfrentar el crimen organizado están ganando apoyo entre los votantes. Una de las más controversiales es la reivindicación de la pena de muerte para los delitos de sicariato y extorsión, promovida por Carlos Álvarez, un comediante de televisión que se ha aventurado en la política y que ha escalado al segundo lugar en las preferencias electorales.
En los primeros meses de 2026, la Policía Nacional del Perú ha registrado más de dos mil denuncias por extorsión, sumándose a las alarmantes cifras del año anterior, que reportó 2,248 homicidios, lo que equivale a un promedio de seis muertes diarias. Aunque se ha notado una ligera disminución en las cifras de enero y febrero de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, los asesinatos y los intentos de homicidio siguen siendo preocupantes. Un caso reciente es el de Julio César Guerra, un conductor de autobuses en Lima, quien fue víctima de un ataque mientras realizaba su ruta.
Julio César relata su experiencia: «Hace un mes, el 18 de febrero, volví a nacer. Dos personas en una moto se acercaron a mí mientras dejaba a un pasajero. Cuando intenté arrancar, escuché gritar ‘Somos del Clan del Norte’. En el caos, me dispararon y me hirieron en el costado izquierdo. La empresa me está ayudando con los gastos, pero no es suficiente. Espero volver a trabajar, ya que la banda fue capturada, y nos sorprendió saber que uno de ellos era un ex trabajador de la empresa».
La extorsión se ha convertido en un problema crítico, especialmente para los conductores de autobuses, quienes son amenazados para ejercer presión sobre los dueños de las empresas. Alan Vargas, gerente general de Vargasant SAC, una compañía de transporte con 100 autobuses y 150 conductores, ha enfrentado amenazas desde 2024, comenzando con llamadas y mensajes de texto. «Primero dejaron balas afuera de nuestras instalaciones, luego dispararon ráfagas y finalmente atacaron a uno de nuestros choferes. Nos amenazan con fotos de nuestros vehículos y de nuestras casas. La situación se vuelve más grave cuando no respondemos a las amenazas», explica Vargas.
La informalidad en el sector del transporte es un factor que agrava la situación. Según Vargas, el 67% del transporte público en Lima opera sin regulación, lo que impide que los conductores denuncien las extorsiones, ya que su actividad también es ilegal. Se estima que la informalidad en el país alcanza el 70%.
El aumento de la extorsión ha revelado que muchas de estas operaciones se llevan a cabo desde las cárceles, lo que pone de manifiesto el fracaso del sistema penitenciario en su función de rehabilitación. Además, las víctimas de extorsiones ya no son solo las personas adineradas, sino que ahora se concentran en barrios periféricos y pequeños negocios, donde la informalidad es común.
Marleni, dueña de un pequeño negocio de comida en Callao, también ha sido afectada por la extorsión. Tras un incidente con un familiar, decidió tomar medidas de protección. «Lo único que puedo hacer es protegerme. Descargué una aplicación para identificar llamadas y lo que aparece es aterrador: sicarios, llamadas desde las cárceles. Antes pensaba que esto solo sucedía en ciertos lugares, pero ahora es un problema generalizado, y los que más sufren son los que menos tienen», comenta Marleni.
La inseguridad ha llevado a muchos a cuestionar la efectividad de las acciones gubernamentales. Vargas expresa su frustración: «Responsabilizarnos de más de 300 familias es abrumador. No se ha avanzado nada, solo medidas populistas que no han funcionado. Los líderes evitan enfrentar el problema directamente».
Para proteger a sus conductores, la empresa de Vargas ha establecido convenios con la policía para que al menos dos agentes los acompañen en su recorrido. Sin embargo, la cobertura es limitada y los conductores sienten miedo de salir a trabajar, lo que afecta la operación del negocio.
En medio de esta crisis de seguridad, las elecciones presidenciales se acercan con un clima de incertidumbre. Marleni no tiene claro por quién votará, pero está decidida a no apoyar a los actuales gobernantes. Por otro lado, Julio César confía en Keiko Fujimori, mientras que Vargas busca un candidato que proponga soluciones efectivas contra la extorsión. «Necesitamos un líder que tome decisiones claras sobre la inseguridad. Algunos candidatos proponen la pena de muerte, y creo que sería una medida adecuada para generar confianza entre los conductTomado de https://www.rfi.fr/
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