El secuestro del INE: responsabilidad pública versus culpa judicial

Fue en un seminario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM –hace años– cuando caí en cuenta de que la palabra “responsabilidad” que yo estaba usando para referirme a la relevancia de ocupar cargos públicos al servicio de la sociedad, estaba siendo entendida por mis interlocutores como sinónimo de “culpa”: asumir una responsabilidad significaba, en lenguaje de litigio jurídico, aceptar que se había cometido una falta o un delito. Un significado opuesto al honor de servir.

Cuando se dice que será necesario “deslindar responsabilidades”, se entiende que se buscará a los culpables de algún delito. Pero en el otro extremo, la ética de la responsabilidad es la que se espera de alguien que, al tomar decisiones, no piensa en sí mismo, sino en las consecuencias que habrá en la vida de los demás. Ser responsable es, en rigor, un privilegio y una distinción: lo es a cabalidad quien se niega a sacar provecho personal de las tareas que le han sido asignadas –por elección o designación– y se pone al servicio de los resultados que se esperan de su labor.

En su estudio sobre las virtudes públicas, Victoria Camps colocó a la responsabilidad –junto a la solidaridad y la tolerancia– como una de las virtudes indispensables para construir un régimen democrático. Y no se refería solamente a los servidores públicos, sino a toda la sociedad. Sin la virtud de la responsabilidad, alegaba Camps, nadie podría hacerse cargo del efecto de sus decisiones individuales sobre el conjunto social.

Ese nuevo giro de la palabra responsabilidad lo usó muchas veces el presidente López Obrador, investido como la encarnación del pueblo (no exagero un milímetro: eso decía él), de modo que cualquier crítica a su desempeño debía leerse como una crítica a la nación. También se ha usado en el penosísimo caso del exgobernador Rocha Moya y sus allegados: las acusaciones contra ellos se volvieron, repentinamente, un ataque a la Cuarta Transformación y, viniendo de una oficina de Estados Unidos, un agravio contra la soberanía nacional.

La semana pasada escuché el mismo argumento en el Consejo General del INE, cuya presidenta lo utilizó literalmente: “Cuando se busca descalificar a la presidencia del INE –dijo de sí misma– no se ataca solamente a la presidencia: se está intentando afectar a una institución constitucional del Estado mexicano”. La transfiguración de la conducta de una persona llevada al extremo de confundirse con un ataque al Estado. Nada menos.

Es inaceptable deshonrar la responsabilidad de servir a otros y, encima, convertir el puesto manchado en pretexto para eludir las consecuencias de la conducta propia. Y lo peor es que, bajo ese mismo argumento, podría venir ahora otro golpe a la institución agraviada, simulando que se combate a la corrupción, mientras quienes se ostentan como dueños de los cargos públicos se reparten las sobras del último pedazo de dignidad democrática que nos queda.

La corrupción debe ser castigada. Pero lo fundamental es evitar que el INE vuelva a ser secuestrado por una facción y una camarilla, por poderosas que sean. El INE es de todas y todos los mexicanos.