El Parlamento de España vota en contra de dos decretos sobre vivienda del gobierno de Pedro Sánchez tras la crisis por el desahucio de la anciana Maricarmen

Fuente de la imagen, Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

Autor, Alicia HernándezTítulo del autor, BBC News Mundo

Fecha de publicación 2 octubre 2026

Tiempo de lectura: 6 min

Autor, Alicia Hernández

Título del autor, BBC News Mundo

Sin sorpresa, pero con consecuencias que aún están por verse dentro del panorama político español, el Congreso de los Diputados de España votó este viernes en contra de los decretos de vivienda aprobados esta semana por el gobierno de coalición de Pedro Sánchez.

Los textos no consiguieron los votos necesarios para su aprobación y promulgación.

Contaron con el respaldo del PSOE y Sumar, la coalición de partidos de izquierda en el poder.

Ya se conocía el voto en contra del conservador Partido Popular y de la formación de extrema derecha Vox. A ellos se sumó este viernes Junts per Catalunya, partido independentista catalán de centroderecha.

En concreto, uno de los decretos tuvo 172 votos a favor y 178 en contra, mientras que el segundo tuvo 166 votos a favor y 184 en contra.

Desde la noche del jueves se esperaba este resultado, cuando Junts anunció su rechazo a los decretos y pidió al gobierno la redacción de un nuevo texto basado en una propuesta presentada por este grupo parlamentario.

La redacción de estos decretos se hizo esta semana en medio de un fuerte movimiento de protestas que derivó en la instalación de una acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid el pasado 26 de septiembre.

La chispa que detonó la protesta y ha expuesto la crisis de vivienda que vive el país europeo fue el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años.

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Tras ser sacada de su casa, tuvo que ser ingresada en el hospital por problemas de salud, si bien luego se le permitió regresar a la vivienda en la que ha vivido de alquiler durante siete décadas.

Entre otras medidas, el primer decreto limitaba la subida del precio de los alquileres, contemplaba la prohibición de los desahucios hasta 2030, regulaba el alquiler de temporada, prohibía la compra especulativa por parte de los llamados "fondos buitre", prorrogaba algunos contratos de alquiler y contenía incentivos para que los propietarios bajaran el precio de los arriendos.