El Ocotal: la disputa por el bosque ahora enfrenta a los vecinos con el gobierno

¿Quién decide qué árboles deben caer? Vecinos de Cuajimalpa se movilizan contra la tala de 124 ejemplares en el bosque del Ocotal y exigen al gobierno transparencia y alternativas para proteger el arbolado

Texto y fotos: Camilo Ocampo

CIUDAD DE MÉXICO. — Desde hace un año, en el bosque del Ocotal hay más de 100 árboles marcados con números. Las cifras, pintadas sobre los troncos, permanecen como una advertencia para quienes recorren este espacio de la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México: algunos de esos ejemplares podrían ser derribados.

En la franja boscosa que corre junto a la carretera federal México-Toluca, cerca de las casetas de cobro de La Venta, las marcas se han convertido en motivo de alerta.

El 19 de octubre, vecinos de la colonia Loma del Padre y habitantes de pueblos originarios de Cuajimalpa se movilizaron para impedir que personal de distintas dependencias reanudara los trabajos de tala. El operativo contemplaba el retiro de 124 árboles, bajo el argumento de que representan un riesgo para la carretera y el Tren Interurbano México-Toluca.

Los habitantes cuestionan que entre los ejemplares señalados haya árboles sanos, sin una inclinación que justifique su derribo. También denuncian que las autoridades no han presentado la información ambiental necesaria para conocer las condiciones de cada árbol y determinar si existen alternativas para conservarlos.

La nueva intervención reavivó un conflicto que lleva años en el bosque. Sin embargo, para quienes lo defienden, la disputa ha cambiado de interlocutores: después de que, según información de los vecinos, una franja del predio fue adquirida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a Grupo Carso, las principales exigencias se dirigen ahora a las dependencias gubernamentales que pretenden ejecutar la tala.

«El conflicto ahorita es con el gobierno», dice Orlando Pérez Romero, vecino de Loma del Padre, donde vive desde 1980.

Una tala que no termina

Pérez Romero recuerda que desde el fin de semana anterior al operativo del 19 de octubre los habitantes recibieron información sobre la intención de reanudar los trabajos. La intervención, explica, se concentra en una franja de aproximadamente 800 metros, junto a la curva del tren y la carretera.

El proyecto inicial contemplaba el derribo de 128 árboles. Ahora, las autoridades han señalado 124 ejemplares, algunos de los cuales, asegura, ya estaban marcados y otros fueron incorporados después.

«Hay muchos árboles que no presentan ninguna inclinación, ningún peligro de caerse, pero ellos dicen que es para evitar riesgos a futuro», relata.

La explicación oficial sostiene que los ejemplares identificados podrían caer hacia la carretera o la infraestructura ferroviaria y poner en peligro a quienes utilizan ambas vías. Los vecinos no descartan que algunos árboles deban retirarse por razones de seguridad, pero rechazan que esa justificación se extienda indiscriminadamente a todo el arbolado señalado.

«Desde un principio toda la gente opinaba que sí, hay algunos que están en riesgo y que la verdad somos conscientes de que debían de tirarse por dañar el tren o simplemente caer hacia la carretera y causar alguna catástrofe», cuenta Pérez Romero.

La exigencia, explica, consiste en identificar cuáles representan un peligro real y buscar alternativas para conservar los demás. Entre las opciones que plantean están las podas preventivas y la reducción de peso de las copas para disminuir el riesgo de caída.

La preocupación no es menor para quienes llevan décadas habitando los alrededores. Según el vecino, algunos de los árboles que se pretende retirar tienen más de cien años. Su derribo, advierte, no solo modifica el paisaje: supone perder ejemplares que tardaron generaciones en crecer.

La denuncia se suma a otros episodios de tala registrados durante 2025 y 2026. En mayo de este año, después de reportes vecinales sobre el derribo de árboles, personal de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) colocó sellos de clausura en una zona donde detectó trabajos sin la documentación correspondiente a la vista. Las autoridades informaron entonces que revisarían las posibles irregularidades.

La controversia actual tiene un antecedente inmediato: las reuniones entre habitantes y dependencias en las que, según los vecinos, se acordó censar el arbolado y atender los ejemplares que efectivamente representaran un riesgo.

Los inconformes sostienen que el procedimiento no se ha respetado y que el nuevo listado incluye árboles que no estaban contemplados inicialmente.

De Grupo Carso a las dependencias

La defensa del Ocotal no comenzó con el operativo de octubre. Desde hace más de una década, los habitantes de Loma del Padre y comunidades cercanas se han organizado para impedir que las obras de infraestructura avancen sobre el bosque.

En 2017, la construcción del Tren Interurbano México-Toluca abrió una de las primeras disputas recientes por el arbolado. Los vecinos se opusieron a un trazado que amenazaba con afectar miles de ejemplares y consiguieron que se modificara el proyecto en ese tramo. Años después, la preocupación volvió con los intentos de tala en la franja cercana a la carretera.

La presencia de Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, también ha marcado la historia del predio. La empresa ha sido señalada por habitantes y defensores del bosque como propietaria de terrenos en la zona, aunque los derechos sobre parte de esas tierras también son objeto de controversia entre quienes reclaman su carácter comunal.

Ahora, explica Pérez Romero, la empresa se ha deslindado de los trabajos en la franja donde se pretende retirar el arbolado. Según su relato, ese terreno fue adquirido por la SICT, por lo que los abogados que anteriormente representaban a la compañía ya no son quienes encabezan las intervenciones.

«Los abogados de Grupo Carso, ellos se desligan totalmente, dado que precisamente se supone que esta franja, toda esta franja donde pretenden hacer la tala, ya la compró SCT al Grupo Carso», afirma.

El vecino identifica entre las dependencias involucradas a la SICT, la Sedema, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y otras instancias relacionadas con la gestión del territorio y las obras ferroviarias.

Asegura que los habitantes también han cuestionado la manera en que se ha convocado a personas para respaldar el proyecto, mediante operadores políticos locales.

La discusión, por tanto, ya no se limita a la relación entre una empresa privada y quienes defienden el bosque. Ahora involucra a las autoridades que justifican el retiro de los árboles por motivos de seguridad, a las dependencias ambientales responsables de los permisos y a los habitantes que reclaman información sobre el alcance de la intervención.

Los vecinos han recurrido a la vía jurídica para intentar frenar los trabajos. Pérez Romero relata que promovieron amparos y cuestionaron las firmas presentadas por las autoridades como respaldo vecinal a la tala.

De acuerdo con su testimonio, algunas personas aseguraron que habían firmado pensando que se trataba de una reunión informativa, no de una aprobación del derribo.

En el terreno jurídico, la disputa continúa. En abril de 2025 se presentó el amparo 476/2025 contra la intervención en el bosque.

Un año después, en julio de 2026, un tribunal colegiado revocó la resolución que había desechado inicialmente el juicio y ordenó reponer el procedimiento para que el promovente pudiera demostrar su relación con el territorio y su pertenencia a una comunidad originaria.

Esta decisión no implica que se haya otorgado una suspensión definitiva contra la tala, pero permite que el proceso judicial siga adelante y que se examine la participación de los habitantes en la defensa del Ocotal.

Pérez Romero también denuncia que, en agosto pasado, fue llevado ante un juez cívico tras ser acusado por una representante vinculada con los trabajos en el bosque. Él sostiene que se trató de un montaje para intimidarlo y asegura que no se abrió una carpeta de investigación en su contra.

Defender lo que queda

En la movilización más reciente se sumaron vecinos de Cuajimalpa, San Pablo Chimalpa y San Lorenzo Acopilco, además de colectivos universitarios y organizaciones sociales. Para Pérez Romero, esa participación responde a una preocupación compartida: que la intervención en la franja junto a la carretera abra la puerta a nuevas afectaciones dentro del bosque.

El temor tiene que ver también con el proyecto que las autoridades han planteado para la zona. De acuerdo con el vecino, después del derribo se contempla colocar una malla para restringir el acceso a la franja intervenida, bajo el argumento de evitar accidentes cerca de la carretera y del tren.

A su juicio, la pérdida de árboles puede generar una cadena de nuevas intervenciones: si los ejemplares que permanezcan cerca de la infraestructura se consideran posteriormente un riesgo, podrían convertirse en objeto de otra tala.

«Si nosotros no defendiéramos esto que ahorita es obvio que toda la gente se da cuenta que es con el propósito de ampliar la carretera, a futuro nuevamente van a tener que tirar más árboles», advierte.

Frente a ese escenario, los habitantes piden detener los trabajos, hacer públicos los dictámenes técnicos que justifican el derribo de cada ejemplar y buscar alternativas que permitan conservar el arbolado que no represente un peligro. También plantean que el predio sea expropiado y protegido, una demanda que se mantiene desde hace años.

Pérez Romero insiste en que la conservación del bosque no está reñida con la seguridad de quienes transitan por la zona. Lo que cuestiona es que se presente la tala como única solución sin explicar qué árboles deben retirarse y cuáles pueden salvarse.

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