El INE: anatomía de una crisis y una infamia

La autoridad electoral es el epicentro de una crisis sin precedentes. Lo que estamos observando en México es, además de muy lamentable, radicalmente opuesto al camino de construcción institucional que inició en 1994 y perduró –con todo y sus vicisitudes y sobresaltos– por casi tres décadas.

1994 fue un annus horribilis para México, marcado por la violencia política y una crisis del régimen. Precedido por el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo (arzobispo de Guadalajara) el año previo, el infame 94 inició con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y continuó con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia.

En el medio de ese trepidante año, ya iniciado el proceso electoral, se aprobó una reforma constitucional que produjo una renovación parcial, sumamente importante, del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), la máxima autoridad electoral del país. Los antiguos consejeros magistrados fueron reemplazados por seis consejeros ciudadanos, cuya designación fue aprobada por dos tercios de la Cámara de Diputados.

Todavía el secretario de Gobernación seguiría presidiendo el Consejo General, pero los votos de los consejeros ciudadanos resultarían esenciales para la toma de decisiones por ese órgano. Se trató de una medida compleja, audaz, para que la autoridad electoral diera certidumbre en las elecciones ante una crisis política de enorme magnitud.

En julio de aquel año, Ernesto Zedillo fue elegido presidente.

Era evidente la necesidad de una nueva reforma política y electoral, que vendría en 1996, con el consenso de todas las fuerzas políticas. Esta reforma le otorgó autonomía constitucional plena al IFE, con el propósito de evitar influencias indebidas por parte del gobierno en turno, lo que necesariamente incluyó la salida del secretario de Gobernación del Consejo General. Así, nació un nuevo sistema electoral que, elección tras elección, fue ganando en eficiencia y –quizá lo más importante– en la confianza de la ciudadanía.

Así, el IFE organizó las elecciones para renovar la Cámara de Diputados en 1997, en la que el PRI perdió, por primera vez desde su fundación en 1929, la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Luego vendría la elección del año 2000, con la primera alternancia en la Presidencia de la República. La elección de diputados de 2003 se celebró con la misma normalidad que las anteriores. De todas ellas fueron responsables los consejeros electorales designados en 1996 con el apoyo de todas las fuerzas políticas.

La primera crisis seria vino después de la elección de 2003, cuando los consejeros electorales terminaban su encargo y la Cámara de Diputados debía nombrar a sus sustitutos con el voto de al menos dos tercios. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuyo presidente entonces era Andrés Manuel López Obrador, saboteó y bloqueó sistemáticamente el proceso de selección, lo que llevó a que, por necesidad, los nuevos consejeros fueran nombrados con los votos de los diputados del PRI y los del Partido Acción Nacional (PAN), que sumaban más de los dos tercios necesarios.

Esto hacía previsibles nuevos sobresaltos. El más importante, tras diez años de existencia del IFE autónomo, se produjo en la elección de 2006, con un grave conflicto postelectoral detonado por López Obrador, quien fue candidato presidencial del PRD y desconoció la victoria del candidato del PAN, Felipe Calderón.

Un triunfo que se dio por un margen estrecho, pero de manera totalmente limpia, según certificarían no solo las autoridades electorales del país, sino todos los observadores, nacionales e internacionales, que supervisaron el proceso y especialmente la jornada electoral. El lopezobradorismo nunca pudo demostrar sus acusaciones de fraude.

Quedó incubado un resentimiento contra la autoridad electoral.

El IFE sufriría las secuelas. En 2007, en un intento –a la postre claramente fallido– de hacer que López Obrador y su movimiento volvieran a los canales institucionales, fue aprobada una reforma electoral regresiva en diversos aspectos, incluyendo la terminación anticipada del mandato del consejero presidente y cinco consejeros electorales –seis cabezas en charola, pues– que habían tomado posesión en 2003 y debían concluir su encargo en 2010.

Sin esperar la llegada de la fecha fatal, el entonces consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, presentó su renuncia anticipadamente. Fue un trato por demás injusto a quienes cumplieron cabalmente con sus deberes y se condujeron con probidad y pulcritud a pesar del vendaval político a su alrededor.

Afortunadamente, el nuevo presidente y los nuevos consejeros siguieron consolidando los procedimientos que generaban confianza ciudadana en las elecciones, y los procesos electorales de 2009 y 2012 se celebraron con normalidad. Aunque el otra vez candidato López Obrador tampoco reconoció el triunfo del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, no hubo en esta ocasión un conflicto postelectoral importante.

La reforma electoral de 2014 estableció un sistema nacional de elecciones y el IFE fue sustituido por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El mecanismo de selección de los consejeros electorales –que es clave para entender la actual crisis que atraviesa el INE– fue modificado para que, en lugar de que las fracciones partidistas buscaran directamente llegar a consensos para integrar al Consejo General, se creara un comité de evaluación, de carácter temporal, para proponer quintetas de candidatos a la Cámara de Diputados, la cual, por mayoría calificada de dos tercios, designaría a los integrantes del Consejo General; en caso de que tal mayoría no se lograra antes del plazo fatal señalado, se seleccionaría a los nuevos consejeros por insaculación dentro de cada quinteta.

Es decir, una tómbola. Si bien la reforma de 2014 fue en general positiva, dejó ahí, latente, esa bomba de relojería.

Con la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República en 2018, se desplegaron dos estrategias con respecto al Instituto Nacional Electoral. Por un lado, ataques y críticas sistemáticas y crecientes contra algunos integrantes de su Consejo General; por otro, en los momentos de renovación escalonada de consejerías, cada tres años, el objetivo fue impulsar a perfiles cada vez más cercanos o directamente comprometidos con el régimen.

Un punto de inflexión contra el ala del Consejo General que no se doblegó ante la agenda de Morena fue su negativa a iniciar el proceso de revocación de mandato en 2022, por no tener clara la ruta constitucional ni el presupuesto adecuado para realizarla. Ese bloque sensato de consejeros fue sometido a descalificaciones, persecución del órgano interno de control del INE e inclusive denuncias penales.

La figura de la Contraloría Interna es relevante por el papel político que ha desempeñado en el último ciclo: como el contralor es designado por la Cámara de Diputados, controlada por Morena, se ha alineado a la agenda oficialista.

La progresiva acumulación de poder del régimen hizo posible designar en el INE a perfiles más proclives al régimen. En 2023, al no haber acuerdo entre los partidos políticos para conseguir la mayoría calificada, fue necesario recurrir al escenario límite de la insaculación para designar a tres consejeros electorales y a la consejera presidenta del INE. La suerte –hoy sabemos, más bien, la desventura– quiso que de la tómbola saliera el nombre de Guadalupe Taddei Zavala.

En la medida en que el nuevo partido dominante se ha ido transformando en hegemónico y el régimen se ha vuelto cada vez más autoritario, la selección de consejeros electorales se ha convertido en un coto capturado. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), junto con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, eran los encargados de designar al comité que integraba las quintetas.

Primero, el régimen capturó la CNDH. Desde ahí se rompió el equilibrio en el proceso de preselección de candidatos a consejeros electorales.

No es, pues, en absoluto sorprendente que, salvo honrosas excepciones individuales, desde 2020 los perfiles predominantes son afines o con fuertes vínculos con Morena. Luego la cosa se ha puesto aún peor, con la desaparición del INAI y, por último, el pequeño detalle de que ahora la coalición de partidos que apoyan al régimen suma –indebidamente– más de dos tercios de la Cámara de Diputados, por lo que no existe ningún incentivo para buscar algún tipo de consenso con los partidos de oposición.

No hay que buscar mucho para encontrar responsables: son los presidentes del obradorato. López Obrador intentó impulsar una reforma electoral ferozmente regresiva, que afortunadamente no fue aprobada, y promovió una reforma al poder Judicial federal para establecer la elección popular de personas juzgadoras, iniciativa que fue avalada por Claudia Sheinbaum y, por supuesto, aprobada por la aplanadora oficialista en ambas cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales.

El fallido proceso de elección judicial (la elección de los “acordeones”) es el antecedente inmediato del actual proceso de deterioro de la autoridad electoral.

En el contexto de la discusión sobre la reforma al poder Judicial, el Congreso de la Unión, con el voto mayoritario de Morena y sus aliados, decidió, inopinadamente, otorgar a la presidencia del INE la facultad de nombrar a los directores ejecutivos y de unidades técnicas sin necesidad de someter tales nombramientos, como había sido hasta entonces, al Consejo General, donde eran necesarios los votos de al menos ocho consejeros. Con el cambio legal se formalizó un criterio del Tribunal Electoral en el mismo sentido.

Romper así la colegialidad le permitió a Taddei conducir al INE de forma vertical y despótica, desatendiendo con frecuencia solicitudes de información de los propios consejeros electorales. Esa reforma rompió el diseño institucional donde el consejero presidente era el primero entre pares, no una instancia superior a los demás consejeros ni, por supuesto, al Consejo (hasta en los detalles se observaba: a Taddei se le decía “presidenta”, cuando a sus antecesores siempre se les trató como “consejero presidente”).

Las recientes evidencias periodísticas sobre las conductas que presumen corrupción, redes de complicidades y uso indebido de funciones por parte de Taddei llevaron a una crisis de confianza que la orilló a presentar su renuncia el 26 de octubre. Con la principal operadora del régimen en el INE caída en desgracia, el gobierno está empantanado en una crisis de la que torpe e inútilmente se trata de deslindar. A diferencia de 1994, ahora la autoridad electoral es la que aporta gasolina al fuego de la crisis política.

Que no se olvide la cadena de decisiones que llevaron a encumbrar a Taddei y el proceso de captura del INE: ataques recurrentes en las conferencias presidenciales diarias contra consejeros electorales que defendieron la autonomía del instituto; control del comité de evaluación que propone a los consejeros del INE; uso político del órgano interno de control; confirmación de bloques dentro del propio Consejo General para aprobar decisiones cruciales para la agenda del gobierno; y, por supuesto, lo más importante: la aprobación de la asignación de diputados de representación proporcional, ratificada por el también capturado Tribunal Electoral, que otorgó a la coalición oficialista una inconstitucional súper mayoría legislativa que facilita cualquier abuso de poder por parte del nuevo régimen autoritario.

Taddei cayó en desgracia y fue abandonada a su suerte, pero se ha mantenido el sello de la casa de negar, minimizar y culpar a otros de los escándalos de corrupción que cada vez comprometen más al gobierno. La estrategia –no por inverosímil menos infame– es pretender culpar del escándalo Taddei nada menos que a Lorenzo Córdova, cuya honorabilidad y comportamiento ejemplar, primero como consejero electoral y después como consejero presidente del INE, está fuera de toda sospecha.

El gran dilema ahora es quién la va a sustituir. La designación de la presidenta interina fue una mala señal, aunque haya sido aprobada por unanimidad del Consejo. Ahora que se detona la convocatoria para que la Cámara de Diputados elija a la nueva presidenta del INE, lo ideal sería que el perfil a nombrar, además de contar con amplia experiencia en la materia y prestigio profesional, tuviera el aval de todos los partidos políticos y no fuera, una vez más, una imposición de la aplanadora morenista-verde-petista. Un escenario con probabilidad cercana a cero, dada la vocación irrefrenable de control y autoritarismo del régimen.

Lo que está en juego es de la mayor relevancia: cumplir con los compromisos que se deben a la ciudadanía para que pueda acudir a votar el próximo 6 de junio de 2027: que los procedimientos y reglas sean impecables, los votos libremente emitidos y justamente computados, y que la representación sea fiel reflejo de la voluntad del electorado. Revertir, pues, el legado destructivo del ciclo Taddei.