El fantasma de la injerencia de Estados Unidos en México vuelve con el caso del gobernador de Sinaloa

El día después del terremoto político de la acusación de Estados Unidos contra el actual gobernador de Sinaloa y otros nueve altos cargos de ese Estado por sus vínculos con el narco, la presidenta, Claudia Sheinbaum, entró sonriente y con aparente aplomo en el salón en el que se celebra su conferencia diaria para dirigirse “al pueblo de México”. Entreverando sus frases con la palabra soberanía, afirmó que si Washington no presenta pruebas “irrefutables”, su motivación “es política”. Al día siguiente le subió el volumen a la patria ―“frente al embate exterior, debe haber unidad nacional”― y atizó a la oposición remontándose a 1848, cuando México perdió la mitad de su territorio en la guerra contra Estados Unidos. “No se distinguen en absolutamente nada de los conservadores del siglo XIX que fueron a pedir la intervención extranjera en México”, les dijo.

El fantasma de la injerencia de Estados Unidos en México es casi igual de viejo en la relación bilateral. Pero en el segundo mandato de Donald Trump, aparece con frecuencia y de forma más visible, invocado por Sheinbaum en un discurso cada vez más a la defensiva. Al margen de si se podrá demostrar con pruebas la culpabilidad del gobernador, de Morena, el partido en el Gobierno, la acusación que hizo pública el Departamento de Justicia de Estados Unidos ―en vez de mantener el asunto reservado, algo que ha molestado a México― ha crispado una relación ya tensa y asimétrica en la que Washington tiene muchas palancas de presión ante una negativa.

Ambos países están en la cuenta atrás con Canadá para revisar el TMEC, un tratado comercial clave para México, muy dependiente del norte y de su política arancelaria, en un momento en el que su economía acaba de experimentar una caída del 0,8% del PIB en el primer trimestre. La petición para detener al gobernador y cómo responda México puede contaminar la mesa de negociación, porque señala las sospechas sobre la narcopolítica, una semana después de que el embajador Ronald Johnson reprochara en Sinaloa la corrupción en el país, ya que las inversiones necesitan, dijo, “certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción”.

El miedo a la injerencia en materia de seguridad también es grande de este lado de la frontera. El temor es que Trump actúe contra los cárteles en territorio mexicano por su cuenta, saltándose los límites que México marca a los reiterados ofrecimientos de Trump de ayuda militar, quien ha dicho que “México está gobernado por los cárteles”. Varios países, como Ecuador y Argentina, han aceptado esa presencia y operativos conjuntos, alineados con la visión estadounidense de Latinoamérica como su área de influencia y que cristalizó en el Escudo de las Américas, con 12 países muy próximos a Trump, unidos en la cruzada militarizada contra las drogas.

México ha descabezado al cártel de Jalisco con ayuda de información de Estados Unidos, pero tal vez no sea suficiente para contener a Trump. Washington quiere más. Hace dos días el secretario de Guerra, Pete Hegseth, pidió a México “intensificar aún más sus esfuerzos y hacerlo con rapidez”. En las últimas semanas, el accidente de tráfico en el que murieron dos funcionarios mexicanos y dos agentes de la CIA hizo sonar la alarma de la injerencia cuando Sheinbaum dijo que el Gobierno no había autorizado la presencia de estos agentes y cargó por poner en riesgo la soberanía contra la gobernadora de Chihuahua, un Estado en la frontera que tiene una amplia cooperación de seguridad con el vecino del norte. Javier Martín Reyes, investigador de la UNAM, conecta con este suceso la petición estadounidense para detener y extraditar al gobernador. “Estados Unidos podría estar molesto por la actitud de Sheinbaum contra la gobernadora de Chihuahua, lo interpreta como una manera de cercenar su cooperación con ese Estado, pero ¿con cuántos gobiernos estatales más estará cooperando la CIA?”, plantea.

Si la retórica de Trump es injerencista y agresiva, la de Sheinbaum para consumo interno, para las bases de su partido, es de soberanía y de apego total a los protocolos, procedimientos y leyes mexicanas que el Estado no siempre es capaz o quiere hacer cumplir. Y menos, como dice Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, en la lucha contra el narco. Estrictamente, explica, “la encargada de combatir el narcotráfico es la Fiscalía General, pero lleva 20 años sin impulsar investigaciones. Esta incapacidad la fue cubriendo el Ejército y la Marina, y eso está fuera de la ley, igual que lo está el modo en el que los capos han sido extraditados”.

Varios analistas cuestionan la laxitud con la que este Gobierno ha entregado a 92 supuestos narcos a Estados Unidos y la exquisitez legal con “pruebas irrefutables” que reclama Sheinbaum para detener y extraditar al gobernador de Sinaloa. Benítez señala algo más: “En Estados Unidos hay un consenso bipartidista sobre la fragilidad del Estado mexicano y la penetración del narco en las instituciones. Trump sí es injerencista, pero hay que relativizar, porque del otro lado, también se percibe al narco como el enemigo pero México no lo para”.

En ese sentido, y al ser el narcotráfico un delito transfronterizo —el reproche de México hacia el norte es un mayor control de las armas que obtienen de allí los cárteles— la justicia estadounidense también desempeña un papel que suele tener consecuencias políticas en otros países. La investigación que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha llevado a cabo contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, un senador y otros ocho altos funcionarios estatales sostiene que el político ganó las elecciones con ayuda de una facción del poderoso cártel de Sinaloa, la de Los Chapitos, que se encargó del robo urnas e intimidó y secuestró a rivales. Una vez en el cargo, el gobernador les habría facilitado sus actividades delictivas. También en la ciudad estadounidense se juzga estos días a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por conspiración narcoterrorista, a partir de unas pesquisas iniciadas en 2020 por el fiscal Jay Clayton, el mismo que ha cimentado ambas acusaciones.

Otra de estas investigaciones en Estados Unidos llevó a la condena a 45 años de cárcel a Juan Orlando Hernández, expresidente de derechas de Honduras, por vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, Trump lo indultó y salió de la cárcel dos días después de las elecciones en el país centroamericano, en las que ganó un aliado de Trump.

El comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, que supervisa en el Congreso la política exterior de Estado Unidos, celebraba este jueves en X la acusación contra el gobernador de Sinaloa: “Los días de impunidad para narcoterroristas se han acabado. De Nicolás Maduro a Rubén Rocha Moya, si eres cómplice en el tráfico de drogas te haremos responder por ello. Esto es solo el principio”. La propia presidenta Sheinbaum también abrió la puerta a una posible motivación política de Estados Unidos si no presenta pruebas contundentes para inculparlo. El gobernador ha decidido apartarse temporalmente del cargo mientras la Fiscalía General ―que de momento no ve evidencias que muestren la urgencia de detenerlo― evalúa la solidez de la acusación estadounidense. Mientras llegan las pruebas y se analizan, Sheinbaum se ha envuelto en la defensa de la soberanía y señala, de nuevo, al fantasma de la injerencia.

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