El escándalo del huachicol fiscal mancha ahora a la Sedena

El escándalo del contrabando de combustible en las aduanas de México llega ahora a la Secretaría de la Defensa Nacional. A diez meses de que se anunciara la detención de los integrantes de una red de corrupción liderada por marinos de alto rango, el diario Reforma publica que la Fiscalía General de la República busca detener a tres miembros del ejército. Estos, como cabezas de la aduana de Matamoros, permitieron el estraperlo de 144 millones de litros de hidrocarburos entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025. Como en el caso de la red de la Marina, el epicentro de esta conspiración criminal es el Estado fronterizo de Tamaulipas. Los militares, que están prófugos, son parte de una lista de 13 personas, entre soldados, militares y empresarios, contra los que existen órdenes de aprehensión. Siete ya han sido detenidas.

De acuerdo a la información publicada, los acusados con rango militar son los tenientes coronel Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, titulares de la aduana de Matamoros entre 2024 y 2026, y el teniente de policía militar Jorge García García, ex subdirector de operación aduanera en el mismo espacio. Los dos primeros, según consta en los registros públicos, han interpuesto amparos en febrero de este año contra la Unidad de Inteligencia por “la orden y acuerdo de aseguramiento o cualquier otra restricción impuesta sobre las cuentas bancarias”. Es decir, contra el bloqueo de sus cuentas.

La trama estaba supuestamente encabezada por Armando III Riestra Fernández, dueño de la empresa Servicios Aduanales JR, y que desde enero de 2026 está preso en el penal del Altiplano. Su compañía fue la encargada de tramitar los permisos para importar 144 millones de litros de combustible entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025, ocultos como solución de cloruro de calcio. Las importadoras fueron Jumandi Group, de Aguascalientes, y Ferroservicios, ubicada en Pedro Escobedo, Querétaro.

“Esta organización delictiva mantiene una red de corrupción que incluye a personal de las fuerzas castrenses, como el extitular de la aduana de Matamoros, Armando Barrera Trujillo, Teniente Coronel de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuya gestión se encuentra dentro del periodo de investigación del 1 de junio (de 2024) al 15 de julio de 2025 y del actual titular de la referida aduana, Blas Pedro Sarabia García, también Teniente Coronel de Sedena, cuya gestión dio comienzo a partir del día 15 de julio de 2025”, cita Reforma la orden de aprehensión.

Según estos datos, los 144 millones de litros se contrabandearon después del aseguramiento del buque Challenge Procyon en la aduana de Tampico, también en Tamaulipas. Aunque su carga declarada era aditivos para aceites lubricantes, el barco fue inspeccionado, descubriendo que en realidad transportaba combustible. Este hallazgo fue la pieza clave para desmantelar la mayor conspiración criminal de los últimos años, una red de complicidades entre marinos, funcionarios y empresarios que desde junio de 2023 hasta marzo de 2025 coordinó al menos 69 operaciones de contrabando en los puertos mexicanos, gestionando la entrada ilegal de, al menos, 564 millones de litros de combustible.

El control de las aduanas fue entregado a las fuerzas militares a mediados de 2020, siendo los marinos los encargados de los puertos, mientras los soldados se quedaron con las de tierra. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador lo justificó, como en otros muchos encargos tradicionalmente asignados a personal civil, en la honestidad y eficacia de los cuerpos castrenses. Estas razones han ido quedando entredicho según avanzan los años y se van sabiendo, con cuentagotas, diferentes escándalos de corrupción e ineficiencia en las que hay militares involucrados. Visto en perspectiva, las aduanas fueron un regalo envenenado para unas instituciones que han demostrado que sus integrantes tienen los mismos vicios y defectos que los civiles.

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