EEUU podría enfocar su atención en políticos mexicanos en su lucha contra la corrupción.

**Embajador de EE. UU. en México Lanza Advertencia sobre Corrupción en Inauguración de Fábrica en Sinaloa**

**LOS MOCHIS, México** — Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, visitó el noroeste del estado de Sinaloa la semana pasada para lo que parecía ser una ceremonia habitual: la inauguración de una fábrica cerca de Los Mochis. Sin embargo, sus declaraciones revelaron una agenda más amplia y provocadora, según fuentes cercanas a la relación bilateral. Estas palabras marcan el inicio de una ambiciosa campaña anticorrupción de la administración Trump, enfocada en funcionarios mexicanos con posibles vínculos al crimen organizado.

Esta ofensiva podría tener un impacto significativo en las relaciones entre ambos países en un momento crítico, ya que los negociadores de Estados Unidos, México y Canadá se encuentran en conversaciones para revisar el tratado de libre comercio de América del Norte, un pilar esencial para la economía mexicana, que depende en gran medida de las exportaciones.

El evento del jueves celebró la construcción de una planta de metanol de mil millones de dólares, una de las mayores inversiones privadas estadounidenses en México en tiempos recientes. Durante su discurso ante ejecutivos, inversores y funcionarios estatales en Los Mochis, Johnson destacó la importancia de las relaciones entre ambos países y elogió el proyecto.

“El proyecto Pacifico Mexinol representa una inversión de 3.300 millones de dólares durante su construcción y desarrollo”, afirmó Johnson. “Se convertirá en la planta de metanol con emisiones ultrabajas más grande del mundo”. Sin embargo, pronto cambió de tono al abordar el tema de la corrupción, un asunto delicado en México.

“La corrupción no solo frena el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costos, debilita la competencia y erosiona la confianza que los mercados necesitan. No es un problema sin víctimas”, advirtió Johnson. “Es un obstáculo directo para el crecimiento y el éxito a largo plazo de proyectos como este”.

El embajador envió un mensaje claro: México debe abordar su grave problema de corrupción, que abarca desde policías locales hasta alcaldes y legisladores federales, si desea asegurar la estabilidad financiera de su población de 133 millones. Johnson dejó claro que Estados Unidos perseguirá a los políticos mexicanos presuntamente corruptos.

“La inversión es como el agua”, dijo. “Fluye cuando las condiciones son adecuadas y se seca cuando no lo son”. Además, enfatizó que el tratado comercial exige a ambos gobiernos que penalicen el soborno y la corrupción, sugiriendo que podrían implementarse medidas significativas en este ámbito pronto.

Las contundentes declaraciones de Johnson reflejan la magnitud de la iniciativa anticorrupción, que podría ir más allá de las sanciones tradicionales, como la revocación de visados para aquellos sospechosos de colusión con cárteles. Esta vez, la ofensiva podría incluir acusaciones contra políticos mexicanos en tribunales federales de EE. UU., incluso miembros del partido gobernante Morena, que se fundó sobre una plataforma de “no corrupción”.

Las reacciones oficiales a las declaraciones de Johnson fueron cautelosas. La presidenta Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre sus comentarios, respondió con una risa y afirmó que su gobierno ya está trabajando en esas directrices anticorrupción, sugiriendo que Estados Unidos debería hacer lo mismo.

Los fiscales estadounidenses que lleven a cabo esta iniciativa podrían contar con una amplia gama de posibles informantes, incluidos antiguos miembros de cárteles, muchos de los cuales están dispuestos a colaborar contra antiguos cómplices, incluidos políticos y policías corruptos.

Johnson eligió Sinaloa, la base del cártel de Sinaloa, para transmitir su mensaje. Este cártel ha estado involucrado en la corrupción a través de sobornos, con cientos, si no miles, de políticos y agentes de la ley en su nómina, según expertos.

El mensaje de que Washington ya no tolerará la corrupción fue una advertencia seria para Sheinbaum, quien, a pesar de su reputación libre de corrupción, debe navegar entre apaciguar a Trump y enfrentar la presión de su base política de Morena, especialmente si prominentes políticos son arrastrados por la campaña anticorrupción.

El Departamento de Estado ya ha revocado los visados de varios legisladores de Morena, incluido el gobernador de Baja California. Entre los afectados se encuentra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y aliado de Morena, quien ha negado tener vínculos con cárteles.

Rocha Moya ha sobrevivido a diversos escándalos políticos, en parte gracias a su amistad con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, su administración enfrenta críticas, especialmente tras el asesinato de su rival político, Héctor Melesio Cuén Ojeda, en 2024Tomado de https://www.latimes.com/espanol/mexico/