Editorial: España: la vivienda es un derecho

España está viviendo una oleada de indignación social después de que la totalidad de la fuerza política de la derecha lograra en el Congreso (el parlamento español) la caída de dos decretos que el presidente Pedro Sánchez había propuesto para dar cierto alivio a la crisis de la vivienda.

El detonante de esta protesta fue el desahucio de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años que fue desalojada del apartamento que había sido su hogar durante siete décadas, tras la compra del inmueble por un "fondo buitre" (una compañía de inversión que adquiere edificios completos, expulsa a sus ocupantes con rentas controladas y los vuelve a alquilar a precios muy altos).

Aunque el caso de Maricarmen fue uno entre aproximadamente un millón de desalojos que se han registrado desde la crisis financiera de 2008, en esta ocasión una parte tan grande de la sociedad, que también sufre los efectos de la mercantilización de la vivienda, no estuvo dispuesta a dejar sola a la víctima; se volcó a las calles hasta lograr que se revirtiera la injusticia y obligar al gobierno a tomar cartas en el asunto.