Detrás del nuevo hospital de Mérida, trece familias pelean por no perder las casas que construyeron

En el sur de Mérida, familias que compraron sus terrenos de buena fe —mediante cesiones de derechos ejidales o tras décadas de posesión— enfrentan desalojos, amenazas y acoso judicial por parte de personas que alegan ser las verdaderas dueñas. El caso de Nuevo Renacimiento, a unos metros del nuevo Hospital O’Horán, expone el choque entre el derecho agrario y el civil que deja a los vecinos en la incertidumbre patrimonial

Texto: Katia Rejón

Foto: Gerardo González y Giovanni Emmanuel

MÉRIDA, YUCATÁN. — En lo que va del 2026, en Mérida, Yucatán, ha habido por lo menos dos operativos para desalojar a familias que viven en predios con una situación irregular. El 6 de agosto, decenas de viviendas fueron desalojadas de un asentamiento irregular en terrenos que le pertenecen precisamente al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. La institución ha contabilizado al menos 30 asentamientos irregulares, casi todos ellos en el sur de Mérida, donde las personas se han organizado para levantar sus viviendas sin ningún trámite de por medio.

Sin embargo, también existen casos cada vez más frecuentes donde familias que adquirieron su patrimonio a través de una cesión de derechos ejidales o que han vivido por generaciones dentro de los fundos legales de una comunidad son amenazadas por parte de empresarios o acaparadores de tierras. Eso fue lo que denunciaron las seis familias de Chichí Suárez que el 8 de septiembre a las 4:30 de la mañana fueron desalojadas de las casas que compraron y habitaron desde hace 25 años.

Ahora, 13 familias de la colonia Nuevo Renacimiento que compraron sus terrenos a través de ejidatarios que cedieron sus derechos ejidales están siendo amenazadas por personas que alegan tener escrituras de los mismos predios. Entre las familias de Chichí Suárez y las de Nuevo Renacimiento hay un nombre en común: María Eugenia Hernández, la supuesta dueña de la tierra que ellos también compraron.

Gerardo González y Giovanni Emmanuel

Sobre esto, el abogado y especialista en derecho a la vivienda, Miguel Anguas, explicó que tanto en el derecho agrario como en el derecho civil debería haber certeza jurídica para garantizar el derecho a la vivienda. En el caso de Chichí Suárez y Nuevo Renacimiento, lo que parece haber es “un choque de derechos”.

Originalmente, estas tierras pertenecían al ejido de Kanasín para el cultivo de hortalizas. Todos los vecinos de Nuevo Renacimiento tienen una cesión de derechos ejidales por parte de una persona que asegura ser posesionario legítimo desde el 2012, un documento jurídico propio de la Ley Agraria que certifica que un ejidatario transfirió sus derechos parcelarios o de uso común a otra persona. Las actas están notariadas y las familias aseguran que durante el proceso con la notaría nunca apareció por ningún lado una controversia legal que entorpeciera la certificación de su terreno.

“Ahí estamos viendo un conflicto entre el derecho agrario y el derecho civil que está dejando en plena incertidumbre legal a personas que adquirieron de buena fe esas tierras con el fin de vivirlas. Si las personas además tienen documentación notariada, esto también da validez al acto jurídico porque las notarías primero se cercioran de que lo que van a certificar esté dentro del marco de la ley”, explicó el abogado.

Nuevo Renacimiento: acoso judicial y amenazas

J.T. tiene más de 60 años y 3 mil metros cuadrados de una casa llena de hortalizas, árboles frutales y animales de traspatio como patos, gallinas, cabras y una vaca. Es migrante y campesino. Lleva años trabajando este terreno, pues fue el primero en comprar estas tierras que pertenecían al ejido de Kanasín, un municipio colindante a Mérida. Cuando llegó tuvo que abrir una brecha para entrar a su casa; todos los días acarreaba agua desde la casa de su hijo en la colonia Emiliano Zapata Sur, a 5 kilómetros, porque no tenía cómo abastecerse.

“Cuando compramos aquí solo decía Montes de Kanasín. Estamos hablando de un montón de años; vinieron ingenieros del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán a trazar los polígonos. Yo anduve con ellos, les ayudé a medir los solares. A mí me llegaron miles de gentes queriéndome comprar, pero yo no le quise vender a nadie. Porque yo la tierra la quiero para trabajar”, explica J. en entrevista.

Gerardo González y Giovanni Emmanuel

Durante diez años vivió tranquilamente en su terreno con su familia. En 2019 comenzaron a venderse los otros solares y a llegar nuevas familias a la zona; la comunidad Nuevo Renacimiento ha tenido que lidiar con la falta de servicios públicos que hasta el día de hoy el Ayuntamiento de Mérida les niega.

Sin embargo, los problemas más graves comenzaron en 2023, cuando el Gobierno del Estado empezó a construir el Nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, promocionado como “el más grande de la Península y Centroamérica”, a unos metros de sus casas. Fue ese año cuando Enrique Burgos Quintal, un ex asesor jurídico en materia agraria en Yucatán, llegó a casa de don J. para decirle que estaba viviendo en propiedad privada y que esos terrenos, incluidos los de las 13 familias que ya habitan la colonia Nuevo Renacimiento, eran de él desde el 2015.

“Nosotros vivimos aquí cuando era todo monte. ¿Y él no se había fijado? Fue hasta que empezaron a construir el hospital y se aseguró el proyecto de gobierno que iba a caer aquí. Si era dueño, ¿por qué no lo reclamó antes? ¿Por qué, cuando se aseguró que iba a haber una inflación de terrenos, él dice que son suyos?”, agrega J.

De acuerdo con los testimonios, Enrique Burgos ha dado distintas versiones para explicar cómo consiguió la tierra. Una de esas versiones es que el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, durante la administración del priista Rolando Zapata Bello, se las entregó como una permuta, es decir, en intercambio con otros predios de Motul.

Los vecinos aseguran que Burgos recurre constantemente a sus vínculos políticos con priistas y panistas para amenazar a los habitantes. Incluso entregó una tarjeta con el escudo del antiguo Gobierno del Estado donde se presenta como asesor jurídico especialista en materia agraria. De acuerdo con los entrevistados, en una ocasión manifestó que el IVEY le entregó las tierras como pago por trabajos y asesorías jurídicas en materia agraria que él realizó para el gobierno.

Sin embargo, en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio consta que la permuta no se realizó directamente a él, sino a María Eugenia Hernández, a quien los vecinos se refieren como “su esposa”, pues así lo ha manifestado él. El Registro Público dice que el predio de 20 mil m² donde viven ahora las familias de Nuevo Renacimiento le pertenecía al IVEY en 2013 y la institución se lo cedió a María Eugenia Hernández a cambio de 24 predios de Sacapuc, Motul.

Posteriormente, en el 2015, María Eugenia Hernández se lo vendió a Enrique Burgos Quintal. En el 2019, esas tierras ejidales fueron afectadas por la modificación de los límites del municipio de Kanasín y pasaron a ser parte de Mérida. La colonia que ahora se llama Nuevo Renacimiento colinda con San Antonio Xluch III y se encuentra a apenas unos metros del nuevo hospital O’Horán.

“Empezamos a hacer averiguaciones, fuimos al IVEY, al Palacio de Gobierno, al Ayuntamiento de Mérida, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y a la Fiscalía. La situación parecía que iba a resolverse hasta que hace como año y medio todo se echó para atrás. Suponemos que (Burgos y Hernández) se enteraron de que estábamos moviéndonos”, contó un poblador en entrevista.

“Burgos también nos intentó demandar. Denunció a Don J., pero el juez dijo: el señor (Burgos) nos muestra un papel de 2015 y el ejidatario del 2012; la tierra la tienen los señores. La tierra es de quien la trabaja, y falló en su contra. Pero él no se quedó contento, fue a poner otra demanda penal”, relató una de las habitantes.

Gerardo González y Giovanni Emmanuel

Miguel Anguas apuntó que, independientemente de la propiedad, desde el derecho internacional se reconoce la vivienda como un derecho humano. “Esto no significa necesariamente que para tener seguridad jurídica yo deba ser el propietario de una vivienda, pero sí que pueda tener certeza de la posesión de un sitio que me permita vivir con dignidad”.

Añadió que, por muchos años, el derecho a la vivienda se ha confundido con el derecho a la propiedad, y el Estado, como árbitro de las tierras nacionales, colectivas y de fondos legales, prioriza la defensa de la propiedad privada dejando de lado el derecho de las personas a vivir bajo un techo.

“Por eso se ha tenido que hacer una diferencia entre estos dos derechos, y que el Estado empiece a matizar sus políticas sobre propiedad para garantizar en efecto que las personas puedan vivir dignamente aun sin tener un título que avale su propiedad sobre ellas”.

Amenazas y violencia contra las familias

En el 2024, dos hermanas que habitan en Nuevo Renacimiento acudieron a la Fiscalía para intentar poner una denuncia que al final no lograron concretar. Al regresar a la colonia, un auto intentó atropellarlas.

“Todos se fueron a sus casas y nosotras íbamos a salir. En eso vimos que desde el O’Horán estaba entrando un coche blanco con polarizado negro. Andábamos en moto sobre la calle pequeña entre nuestras casas, cuando vimos que el coche que estaba parado, como esperando, nos vio y arrancó a toda velocidad hacia nosotras. Es una calle mala; claramente fue a propósito que manejara tan rápido justo cuando mi hermana avanzó”, contó una de ellas.

El auto siguió avanzando hasta que se salió de la colonia y ellas aventaron su moto para quitarse del camino. Contaron que ese día se pusieron muy tristes y lloraron por el miedo. Todavía ahora, cuando van los de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y la Fiscalía a tomar fotos a los lotes, a ellas les entra el miedo. Algunas vecinas han desarrollado depresión, se han enfermado o terminaron yéndose.

“Te pones a pensar que una trabaja con esfuerzo y te vienen a decir que te van a sacar. Yo comprendo a la gente que se desanima, la verdad”, dijo una vecina.

El IVEY y el racismo ambiental

De acuerdo con el especialista, mientras Yucatán vive las consecuencias de la gentrificación y la mala planeación urbana, el Instituto que debería velar por ese derecho no funciona como debería hacerlo.

“Particularmente en el sur de Mérida, como hay comunidades que conviven con industrias, y no debe ser así. Debería existir un mejor ordenamiento territorial en el cual se permita establecer un programa que defina dónde pueden instalarse ciertas industrias o ciertas empresas para que no generen, primero, despojo; segundo, daño ambiental; y, por consiguiente, daño a la salud de las comunidades con las que convive”, explicó Anguas.

El que esto se concentre en espacios habitados por personas de menor ingreso, migrantes y de comunidades indígenas también es un indicador de que la configuración territorial sigue siendo racista.

“Lo que tiene que cambiar es la política del Estado frente al derecho a la vivienda. En otros estados de la República se habla de creación de leyes de arrendamiento, de leyes de vivienda, de leyes que puedan garantizar ese derecho frente a estructuras del Estado. Sin duda son necesarias y son útiles para ir avanzando al menos poco a poco en el derecho a la vivienda”, concluyó.

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