Detenidas 22 personas por la desaparición en febrero de cuatro turistas en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad ha informado este lunes de la detención de 22 personas vinculadas a la desaparición de cuatro turistas de Estado de México en Mazatlán, Sinaloa, ocurrida en la noche del pasado 3 de febrero. “[De ellas] nueve tuvieron participación directa en el evento, además, se han ejecutado siete cateos en inmuebles relacionados con un grupo delictivo vinculado con los hechos”, ha expuesto en un comunicado. Por el momento, no hay información del hallazgo de los cuatro desaparecidos. “Las investigaciones continúan para garantizar que todos los responsables sean llevados ante la justicia”, apunta el Gabinete.

Aquella noche de febrero desaparecieron seis turistas en Cerritos, una zona costera al norte de Mazatlán: cuatro hombres, una mujer y una niña. Pero la mujer y la niña aparecieron apenas unas horas después en El Habal, un municipio a unos 10 kilómetros de donde desaparecieron. Las autoridades hallaron en el lugar de los hechos el celular de uno de los desaparecidos y una Razer, una de esas cuatrimotos rentadas por los turistas para moverse por la ciudad.

Las autoridades han decomisado desde entonces 20 armas, entre ellas un fusil Barrett, un poderoso arma capaz de derribar helicópteros. También han hallado más de 3.000 dosis de droga —que no especifican— y equipo táctico. La información del Gabinete de Seguridad llega este lunes, aunque el último despliegue coordinado de las autoridades sobre este asunto se realizó el pasado martes. “Fue detenido Jesús Valentín N, identificado como la persona que proporcionó información de las víctimas y su ruta para ser interceptados por integrantes de una célula delictiva”, añade el escrito de la autoridad. A él se le aseguraron dosis de droga y una pistola.

La desaparición de los cuatro turistas mantuvo en vilo a Mazatlán a pocos días de que iniciara su carnaval, el mayor festejo de la ciudad costera que reúne a miles de personas cada año. El evento ocurría en un momento de tensión del Estado, inmerso en una guerra entre facciones del Cartel de Sinaloa desde que Joaquín Guzmán López ―hijo de Joaquín El Chapo Guzmán― entregara, en julio de 2024, a Ismael El Mayo Zamabada a las autoridades de Estados Unidos. El Gobierno federal movilizó a 1.600 militares el pasado mes de febrero a Sinaloa ―muchos de ellos a Culiacán; otros a Mazatlán― para tratar de revertir la situación. Unos días antes, también inició un operativo especial, con alrededor de 3.000 agentes de diferentes instancias de gobierno, para vigilar la ciudad costera durante las fiestas de carnaval.

El secuestro de los cuatro turistas no fue un episodio aislado en aquellos días. La desaparición el 23 de enero de al menos 10 mineros en la localidad de Concordia, al sur de Sinaloa, y el ataque a balazos contra dos diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán amplió la tensión a todo el territorio.

El terremoto en Sinaloa no ha dado respiro. Hace un par de semanas, la justicia estadounidense acusó a 10 funcionarios sinaloenses, entre ellos el gobernador, Rubén Rocha Moya, por tener presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos. Los señalamientos han mantenido el rechazo del Gobierno federal, que han mantienen que esas acusaciones son un ataque político, al, según mantienen, no presentar pruebas contundentes. Por el momento, dos de los funcionarios señalados se han entregado a las autoridades de Estados Unidos: el exsecretario de Finanzas de Sinaloa Enrique Díaz y el de Seguridad Gerardo Mérida.

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