Desde 2025, pesquisas en el INE por trampas en contratos y proveedores

“Al más alto nivel”, decisión de echar a Taddei: Diputados

Están involucrados 13 funcionarios y 18 empresas // El OIC avisará a autoridades

Durante dos días, Guadalupe Taddei Zavala se resistió a renunciar a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), a pesar de que una corriente en Morena definió que ya era “insostenible”.

También, en momentos en que el Órgano Interno de Control (OIC) del órgano comicial informó a la Cámara de Diputados que desde mayo de 2025 abrió 13 expedientes de investigación por irregularidades, de los cuales nueve se refieren a contratos que involucran a por lo menos 13 funcionarios y ex funcionarios, 18 empresas y ocho personas físicas.

El OIC adelantó que, de sus hallazgos, dará vista a las autoridades competentes.

Diputados de Morena explicaron que Taddei Zavala apostó a que el escándalo se enfriara, y el viernes y el sábado pasados mantuvo su postura, hasta que en los diálogos entre legisladores y funcionarios se planteó que si el partido estaba seguro de ganar las elecciones de 2027, no había necesidad de sostenerla.

Entonces, contaron los diputados, la decisión se tomó “al más alto nivel”.

De manera paralela, durante todo el sábado, los coordinadores parlamentarios y el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños (PVEM), cruzaron llamadas telefónicas ante la eventual dimisión de la presidenta del INE, para preparar la decisión política de empezar un nuevo proceso de designación.

La Comisión de Vigilancia y Transparencia recibió ayer el informe del Órgano Interno de Control del INE, donde confirmó que empezó investigaciones internas a funcionarios, contratos y proveedores desde mayo de 2025, así como a expedientes relacionados con conflictos de intereses, desvío de recursos públicos e incluso casos de enriquecimiento ilícito.

El OIC reportó que como resultado de seis auditorías y ocho revisiones de control, se abrieron 24 pesquisas adicionales en materia de contrataciones, y que las posibles conductas identificadas con las indagatorias incluyen irregularidades en procedimientos, desde posible simulación de cumplimiento de requisitos hasta abuso de funciones y deficiencias en la planeación, administración, supervisión, recepción o pago de bienes y servicios que provoquen un daño patrimonial.

Además, posible uso o aplicación irregular de recursos públicos, que podría derivar en desviación de fondos del erario, incumplimiento de funciones o deberes de supervisión, que podrían causar daños o perjuicios a la hacienda pública; probables actuaciones bajo conflicto de intereses, abuso de funciones o participación indebida en procedimientos de contratación.

Incluso, posibles faltas de particulares vinculados con procedimientos de contratación pública o bien falta a la veracidad en la información declarada, que podría conllevar al ocultamiento de conflicto de intereses o posible enriquecimiento ilícito.

También identificó posible ocultamiento de conflictos de interés en tres de cuatro casos señalados, y en el restante realiza las actuaciones legales.

En el documento de cinco páginas, revela que analizó contratos en materia de adquisiciones en las áreas de comunicación social, Coordinación de Asuntos Internacionales, direcciones ejecutivas de Administración y de Organización Electoral y unidades técnicas de Fiscalización y de Igualdad Sustantiva y no Discriminación, entre otras.

Ahí encontró presentación de documentos e información falsos o alterados, ocultamiento de conflicto de intereses, recursos ejercidos sin comprobación, posibles actos de colusión y participación ilícita en proceso, y personas morales que no acreditaron capacidad técnica o que no cumplían sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

Reportó que de enero de 2025 a la fecha aplicó 20 sanciones, de las cuales 19 corresponden a inhabilitaciones de 14 funcionarios y ex funcionarios, y a cinco particulares, así como multas por 1.6 millones de pesos.