Denuncian terrorismo laboral en el INE

En tiempos de Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), su Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación se convirtió en un contrasentido. Ahí se practica, aún ahora, porque la estructura impuesta por la expresidenta opera, el “terror laboral-psicológico institucional”.

Una de las siete analistas de la Subdirección de Investigación y Formación de la Unidad, encabezada por Claudia Martínez López, denunció haber sido víctima de acoso laboral con el propósito de justificar su despido, pese a que no existían motivos para ello.

En entrevista con Excélsior, la analista de gestión y procesamiento de información con perspectiva de género señaló que intentaron responsabilizarla del daño autoinfligido por una de sus compañeras, quien aún trabaja en el INE, presuntamente como consecuencia de la presión que Martínez López ejerció sobre ella.

En su denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC), del 5 de noviembre de 2026, narra lo siguiente:

El ambiente laboral tóxico no sólo impactó mi salud, sino que provocó estragos graves en el bienestar de mis compañeras. Una de ellas comenzó a presentar crisis de ansiedad severas acompañadas de conductas de autolesión, producto directo de las pocas horas de sueño, el hostigamiento y los malos tratos de la C.

Claudia Elizabeth Martínez López, situación que la propia compañera manifestó abiertamente.“Lejos de asumir la responsabilidad institucional y ética derivada de sus omisiones y abusos, la C. Claudia Elizabeth Martínez López incurrió en revictimización y transferencia de culpabilidad, optando por deslindarse de toda culpa, señalando de manera absurda e infundada que fui yo quien ‘le contagió la ansiedad’.

“Asimismo, argumentó que el estrés crónico y los trastornos de ansiedad experimentados por el equipo no derivaban de las condiciones de explotación laboral, sino de una supuesta ‘autogeneración’ por falta de autocuidado de las empleadas”.

En entrevista, la analista dijo que, para acreditar su denuncia y el intento de Martínez López de deslindarse de responsabilidades por violencia psicológica y patologización del malestar laboral, entregó al titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, tres audios: dos aportados por personas que presentó como testigos y otro que ella obtuvo como medida de autoprotección.

Denuncian acoso al interior del INE para renunciar; despidieron a 7 de puestos claveLa exanalista denunció que Martínez López, subalterna de Iliana Araceli Hernández Gómez, entonces titular de la unidad, las sometía a ella y a sus compañeras a jornadas de 15 horas varios días a la semana: “trabajamos efectivamente los fines de semana y cuando algo se nos llega a complicar, que pues obviamente no podemos atenderlo porque pues tenemos una vida”.

Entre las arbitrariedades que denunció ante el OIC está que al grupo de analistas “se nos exhibe públicamente, se nos quitan de proyectos”.

En su denuncia, la analista aseguró que ingresó al INE bajo un esquema contractual simulado de prestación de servicios por honorarios.

No obstante, en la práctica material y cotidiana, existió una relación de suprasubordinación regida por las condiciones propias de una relación laboral formal. A pesar de que la C.

Claudia Elizabeth Martínez López… señalaba de manera abierta y formal que, aunque el horario institucional era de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., nosotras debíamos tener disponibilidad absoluta, anulando el derecho al descanso, a los fines de semana y a los límites de la jornada”.En la denuncia, acusó que Martínez López “nos delega una cantidad desproporcionada de trabajo.

Prueba fehaciente de esta situación son las múltiples ocasiones en que ha sido regañada por las consejeras en sus sesiones de trabajo debido a su evidente desconocimiento de los temas que nuestro propio equipo se encontraba desarrollando”.

Añadió que, en ese marco, el desgaste físico y emocional de las empleadas era, y es, notorio, agravado por reuniones obligatorias cada lunes en la sala de juntas.

Red de Taddei, con brazos en 17 estados; proveedores de material electoral“En dichos espacios, la referida servidora pública ejercía un hostigamiento punitivo y de devaluación profesional constante, regañando y descalificando al personal bajo la premisa de que ‘no estábamos comprometidas’ o que ‘sólo jugábamos a trabajar’ por cuestiones intrascendentes o errores mínimos de forma, aun cuando habíamos laborado todo el fin de semana.

“Cuando se intentaba confrontar su conducta, recurría sistemáticamente a la negación absoluta de los hechos (gaslighting institucional), a pesar de la presencia y el testimonio de todo el equipo. Este entorno hostil generó un clima de terror psicológico institucional.

Ingresar a la sala de juntas comenzó a provocarme crisis de ansiedad severas. Mis compañeras pueden atestiguar que, como mecanismo de autoprotección somática ante la violencia ambiental, optaba por ingresar altamente abrigada para mitigar los temblores corporales involuntarios provocados por el miedo, empleando objetos de distracción (fidgets) o concentrando la mirada rígidamente en mi equipo de cómputo para evitar una crisis de pánico”.

En su denuncia, la analista narró un hecho ocurrido el 28 de agosto de 2026, a las 18:32 horas, que refiere como vulneración de la autonomía personal, y que “no conocía límites de espacio ni de tiempo. Un ejemplo paradigmático de violación al derecho a la desconexión digital y persecución de la autonomía”.

Cuando el equipo abandonó las instalaciones cumpliendo estrictamente con su horario laboral, la C. Claudia Elizabeth Martínez López reaccionó con profunda molestia al considerar que el personal había ‘osado’ retirarse sin su autorización expresa, ignorando que el descanso es un derecho laboral inalienable.“Ante su molestia, nos hizo una videollamada de forma muy alterada; el equipo le comentamos en ese momento que muchas de nosotras nos encontrábamos en el transporte público y otras tantas manejando, por lo que atender la videollamada en esas circunstancias resultaba altamente peligroso.

“Pese al riesgo vial advertido, exigió muy enojada que atendiéramos la llamada y mantuviéramos nuestras cámaras encendidas. Tuvimos que acatar sus instrucciones bajo coacción, pues dicha videollamada fue, nuevamente, para informarnos que laboraríamos todo el fin de semana. Este hecho ilustra una clara violación al derecho a la desconexión digital y un control absoluto sobre la esfera privada y la seguridad física de las trabajadoras”.