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La reciente ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por el caso «Vialidad» reavivó una pregunta que sobrevuela cada vez que una figura política enfrenta un fallo judicial: ¿puede pedir asilo en una embajada? La imagen de un expresidente refugiado entre paredes diplomáticas remite a capítulos delicados de la historia latinoamericana. Pero, ¿qué tan probable es que la exmandataria argentina recurra a esa vía?
En teoría, sí. La figura del asilo político diplomático está contemplada en el derecho internacional latinoamericano, y ha sido invocada incluso en casos recientes como el del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. Sin embargo, tanto el marco jurídico como las consideraciones políticas lo tornan altamente improbable en este caso. Para responder esta pregunta, El Cronista consulto a tres especialistas: una por el lado de lo legal, y dos que realizan un análisis político.
¿Qué dice la ley sobre el asilo político?
Según explica la abogada Lucía Fernández Villar, el asilo diplomático es una herramienta de protección excepcional para personas perseguidas políticamente que se encuentren en peligro inminente. En América latina, este tipo de asilo está regulado por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, que faculta a los Estados a conceder protección en sus sedes diplomáticas, aunque no están obligados a hacerlo.
Pero hay límites. El artículo III de la Convención excluye expresamente a personas condenadas por delitos comunes. «Aunque técnicamente CFK podría solicitarlo, su condena por corrupción administrativa -que no se configura prima facie como persecución política- hace que su solicitud tenga escasas probabilidades de prosperar», aclara Fernández Villar. La única excepción sería si se lograra probar que todo el proceso judicial estuvo viciado por una clara persecución política, algo difícil de argumentar de manera concluyente ante otro Estado.
Ecuador. El ingreso forzado de la policía ecuatoriana a la embajada provocó la ruptura de relaciones diplomáticas y abrió un proceso ante la Corte Internacional de Justicia.
El análisis político: más costos que beneficios
Desde una mirada más política, la doctora en Ciencia Política Andrea Castagnola sostiene que la opción del asilo no parece viable ni conveniente para la propia Cristina. «Tuvo muchas oportunidades para irse y no lo hizo», explica. «Hoy tiene más para ganar quedándose, incluso capitalizando una prisión domiciliaria con rédito político dentro del peronismo», afirma.
Castagnola descarta también la hipótesis de un asilo en países afines: «Gobiernos como el de Venezuela o incluso México podrían estar dispuestos a recibirla, pero el costo diplomático sería altísimo». Recuerda el caso de Rafael Correa, quien vive en Bélgica por razones familiares, pero sin haber solicitado asilo. En el caso argentino, un pedido de asilo de CFK «provocaría una tensión internacional innecesaria, especialmente en un contexto regional cargado».
Además, Cristina Fernández aún conserva capital político: «Sigue siendo presidenta del Partido Justicialista, tiene presencia en la escena y está en condiciones de ejercer influencia. Exiliarse sería ceder esa centralidad», sostiene Castagnola.
En la misma línea opina Lara Goyburu, directora ejecutiva de Management & Fit. Sostiene que la hipótesis de un pedido de asilo no encaja con el perfil público que la propia Cristina Kirchner ha construido en los últimos años. «No me la imagino yéndose del país. Por razones personales -sus hijos, su familia están acá- y también por una cuestión de estrategia política», explica. Según Goyburu, la figura de Cristina aún conserva fuerza simbólica dentro de un peronismo fragmentado, y el relato de persecución judicial puede servir para fidelizar a su núcleo militante.
A eso se suma el rechazo social mayoritario. «Hoy la imagen negativa de Cristina está por encima del 50% y no baja nunca. Si se va del país, la ciudadanía podría interpretarlo como una huida, y eso agravaría aún más su desgaste político», advierte. En ese contexto, sostenerse en el país puede ser una forma de resistir desde adentro y preservar lo que queda de su capital político.
Qué dicen las fuentes diplomáticas
Consultadas en off, fuentes cercanas a la diplomacia argentina coinciden en que, si bien no existe impedimento legal para que una expresidenta condenada solicite asilo en una embajada, sería diplomáticamente inconveniente. Ningún país con relaciones estables con la Argentina querría verse en el centro de una crisis de esa magnitud.
Asilo político en la historia argentina y latinoamericana
En la historia argentina, el caso más emblemático es el de Juan Domingo Perón, quien tras el golpe militar de 1955 se exilió primero en Paraguay, luego en Panamá y finalmente en Venezuela, antes de establecerse en España bajo la protección del régimen de Franco.
Si bien no tramitó formalmente un asilo diplomático, su salida del país y la protección brindada por gobiernos extranjeros funcionaron en la práctica como un refugio político. Isabel Perón, por su parte, cumplió prisión domiciliaria tras el regreso de la democracia y nunca pidió asilo, a pesar de estar detenida por orden de la justicia. En 1981, fue condenada por malversación de fondos públicos y, tras beneficiarse de una libertad condicional ese mismo año, se exilió voluntariamente en España, donde se radicó definitivamente en Madrid.
En América latina, en tanto, el asilo diplomático ha sido una herramienta recurrente ante crisis políticas. Alan García, expresidente de Perú, pidió asilo en la embajada de Uruguay en Lima en 2018, en el marco de investigaciones por corrupción, aunque la solicitud fue rechazada. Rafael Correa, exmandatario ecuatoriano, reside en Bélgica desde 2017, país al que se trasladó por su vínculo familiar, pero sin pedir asilo formal. El caso más reciente es el de Evo Morales, quien tras el golpe de Estado en Bolivia en 2019 recibió asilo en México y luego en Argentina, desde donde continuó su actividad política.
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