Contralor del INE revela que hay 5 imputados por caso de Gudalupe Taddei

Cinco servidores públicos del Instituto Nacional Electoral (INE) ya fueron formalmente imputados por presuntas faltas administrativas graves, con motivo de las investigaciones sobre una posible red de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei, hasta el momento hay 18 expedientes abiertos, de los cuales 13 permanecen en etapa de investigación, informó el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente Contreras.

Precisó que, a pesar de que todavía no existen resoluciones definitivas que acrediten responsabilidades, los cinco casos ya avanzaron de la fase de investigación a la de procedimiento administrativo, es decir, los servidores públicos fueron formalmente señalados y notificados para que ejerzan su derecho de defensa.

Si las conductas se clasifican como graves, los expedientes deberán ser remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que resolverá si procede imponer sanciones, dijo.

“¿De verdad no sabía de las contrataciones a modo? ¿Por qué el Órgano de Control no detectó las presuntas irregularidades antes de que fueran exhibidas por investigaciones periodísticas?”, fueron algunos de los cuestionamientos que enfrentó Carvente Contreras durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

En respuesta, el contralor expuso presuntas anomalías en contratos de material electoral, posibles conflictos de interés, simulación de competencia entre proveedores, documentación fiscal de otras empresas, deficiencias para comprobar servicios y hasta una posible reducción irregular de penalizaciones por incumplimientos contractuales, que se integran en estos 18 expedientes abiertos.

No solamente todo se refiere a material electoral, también existen expedientes en otras aristas de la contratación pública. Es decir, hay un universo de contratación pública y existe todo un segmento que corresponde a materia electoral. De estas, se han generado 25 vistas al área de investigaciones”, explicó.Detalló que entre las posibles conductas administrativas identificadas están el ocultamiento o actuación bajo conflicto de interés, desvío de recursos públicos, simulación del cumplimiento de requisitos en las contrataciones, abuso de funciones, daño patrimonial y perjuicio a la Hacienda Pública, además de faltas de particulares.

Carventes precisó que el procedimiento tiene distintas etapas, primero el área de Investigación reúne elementos y, cuando encuentra indicios suficientes, formula la imputación correspondiente.

Después se inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa, en el que los señalados pueden defenderse y aportar pruebas. En los casos graves, el OIC no dicta la sanción definitiva, sino que remite el expediente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En cambio, las faltas no graves sí pueden ser resueltas por el propio órgano de control.

Diputados exigen explicacionesDesde el inicio de la comparecencia, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Javier Herrera Borunda, advirtió que la reunión no sería un trámite para el contralor.

Esta comparecencia no es una cacería de brujas, pero tampoco será un mero trámite”, sostuvo.Aseguró que proteger a una institución no significa cerrar los ojos ante posibles irregularidades y afirmó: “Aquí no habrá preguntas a modo”.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Claudia Gabriela Salas entregó a Carvente el reportaje de Excélsior sobre las denuncias de presuntos cobros de diezmos a trabajadores del INE. La investigación refiere exigencias de entregar dinero en efectivo de sus salarios, manejo de una contabilidad paralela y represalias administrativas contra quienes se negaron a participar en esas prácticas.

La panista Kenia López Rabadán lanzó uno de los cuestionamientos más severos al contralor. Cuestionó por qué el OIC no había detectado las contrataciones señaladas antes de que fueran exhibidas por la prensa, también preguntó si dentro de esa oficina existen personas con vínculos personales, profesionales o de negocios con Guadalupe Taddei o con los proveedores investigados.

También pidió aclarar si colaboradores del órgano de control exigen a trabajadores entregar 10 por ciento de su sueldo para conservar una plaza.

“¿De verdad no nos pudo advertir de este cochinero?”, cuestionó, al recordar que el contralor había comparecido previamente ante la Cámara y que, a su juicio, en aquel informe las irregularidades se mencionaron de manera genérica.

La diputada también le pidió explicar qué medidas de control y cautelares ha solicitado para preservar pruebas, evitar que continúen posibles irregularidades y proteger el patrimonio del instituto.

Contralor defiende trabajo del OICCarvente defendió el trabajo de su oficina y comparó los resultados de la actual gestión con los de la administración anterior: mientras en el periodo previo se emitieron dos mil 776 recomendaciones derivadas de 194 auditorías, en los últimos 18 meses se han formulado tres mil 307 recomendaciones en solo 27 auditorías.

El promedio, sostuvo, pasó de 14 a 112 recomendaciones por revisión.

“Desde luego esperamos tener mucho más tiempo para fiscalizar”, dijo.Precisó que, en su última auditoría, notificaron 45 observaciones, con lo que aseguró que el OIC da resultados.

También señaló que, a partir del análisis de precios de adquisición del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), se identificó un ahorro potencial de aproximadamente tres mil millones de pesos.

Reconoció que las revisiones no comprenden la totalidad de las contrataciones, aunque precisó que ello no exime al órgano de sus responsabilidades.

Sin embargo, no precisó si existen investigaciones que involucren directamente a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, ni aclaró si se han presentado denuncias penales ante la FGR o acciones ante la Comisión Nacional Antimonopolio por una posible colusión entre proveedores.

Sobrecostos y penalizacionesDestacó que las irregularidades en la llamada “red Taddei”, uno de los casos más delicados corresponde al contrato INE-007-2025, para la adquisición de urnas genéricas y mamparas especiales destinadas al proceso electoral extraordinario. El monto mínimo fue de 165 millones de pesos y el máximo de 198 millones.

En esa contratación, el OIC detectó que la adjudicación directa se realizó por 26 millones de pesos más que la propuesta presentada por Talleres Gráficos de México. De acuerdo con Carvente, se encontraron indicios de que se habría manipulado la mediana de los precios de mercado para favorecer a una empresa determinada.

Una adjudicación directa 26 millones más arriba que la propuesta de Talleres Gráficos de México. 26 millones más arriba”, enfatizó.También reportó que una de las empresas participantes incorporó a su objeto social la comercialización de artículos electorales apenas tres días antes de la licitación, sin que se acreditara suficientemente su capacidad técnica, económica y operativa para cumplir el contrato.

El contralor señaló que hubo deficiencias en la investigación de mercado, cambios en las condiciones de contratación y una adjudicación directa sin que, a juicio del órgano fiscalizador, se acreditaran suficientemente las causas legales para exceptuar la licitación pública.

Pero uno de los hallazgos más relevantes fue el retraso en la entrega de urnas y materiales electorales.

Dijo que el OIC estimó que la pena convencional que correspondía aplicar por los incumplimientos ascendía a más de 40 millones de pesos; sin embargo, el INE determinó cobrar únicamente 26 mil pesos.

Nosotros estimamos que esa pena convencional asciende relativamente a 43, 40 y tantos millones”, expuso.Añadió que también se detectaron incumplimientos en materia de seguridad social y falta de personal suficiente para ejecutar las obligaciones contractuales.

Carvente advirtió que las irregularidades en la proveeduría de material electoral no serían un asunto aislado ni reciente, sino una práctica que requiere revisarse en todo el sistema electoral.

“Este no es un asunto que pareciera así coyuntural, el del material electoral, más bien me parece que es un asunto histórico y estructural”, sostuvo, al señalar que los mismos proveedores han dominado históricamente el mercado y participan también en contrataciones de organismos públicos locales electorales.

Documentos fiscales de otra empresaEl contralor también expuso irregularidades detectadas en el contrato 66-2023, por 48 millones 569 mil 782 pesos, adjudicado mediante licitación pública a Comercializadora Ghibli para prestar servicios integrales del sistema de voto electrónico por internet de mexicanos residentes en el extranjero.

La auditoría, realizada entre el 23 de septiembre de 2025 y el 25 de febrero de 2026, identificó inconsistencias en la documentación fiscal presentada por la empresa durante el procedimiento de contratación.

El primer hallazgo fue que la declaración de impuestos federales presentada durante la licitación contenía datos fiscales de otra compañía. La opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales entregada antes de formalizar el contrato también correspondía a una empresa distinta.

Se hizo pasar por otra empresa”, resumió Carvente.Además, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios no acreditó haber consultado previamente el portal del Servicio de Administración Tributaria para verificar la situación fiscal del proveedor.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que los registros patronales de la empresa habían sido dados de baja con anticipación, pese a que ésta reportó trabajadores en su propuesta técnica para demostrar que contaba con capacidad operativa.

En la segunda y última ronda de cuestionamientos, legisladores de oposición y oficialistas se confrontaron verbalmente, luego de que el priista, Arturo Yañez, demandara se extendiera la comparecencia del contralor, que se extendió por más de cuatro horas, lo que fue denegado.

Ante la insistencia, Caravente reconoció que existen muchas dudas e inquietudes sobre el caso, por lo que se comprometió a establecer mesas de trabajo continuas con los legisladores de las comisiones de Vigilancia de la ASF y de Transparencia y Anticorrupción.