Clara Luz Flores denuncia ante la FGR a Samuel García y Adrián de la Garza por presuntas irregularidades millonarias

Portada: Jerge

(05 DE NOVIEMBRE, 2026).-La coordinadora de Morena en Nuevo León, Clara Luz Flores, presentó dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. Una señala al gobernador Samuel García, a su esposa, Mariana Rodríguez, y a su padre, Samuel Orlando García Mascorro; la segunda involucra al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y a la excontralora municipal Jovita Morín Flores.

Acompañada por el senador y delegado de Morena en Nuevo León, Alejandro Murat, y por el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, Flores informó que la primera denuncia incluye señalamientos por delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la acusación, durante la administración de Samuel García habría operado un esquema de triangulación de recursos públicos: el gobierno estatal habría transferido dinero a proveedores que posteriormente habrían enviado fondos a despachos vinculados con la familia del mandatario. Las operaciones señaladas ascienden a aproximadamente 7 mil 212 millones de pesos.

La denuncia también solicita investigar contratos por 110 millones de pesos entre el gobierno estatal y empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

En este caso, Flores pidió esclarecer si existieron conflictos de interés, tráfico de influencias o beneficios indebidos para determinadas compañías. También solicitó identificar quién autorizó los contratos, quién ordenó los pagos, si los servicios se prestaron y si las empresas contaban con los permisos correspondientes.

La segunda denuncia está relacionada con el caso Next Energy e incluye al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y a la excontralora municipal Jovita Morín Flores. La querella señala presuntos delitos de delincuencia organizada, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias.

El señalamiento se refiere a un contrato celebrado con la empresa Next Energy para desarrollar un parque solar en el municipio. De acuerdo con la denuncia, el convenio contempló una autorización presupuestal de 7 mil 370 millones de pesos, cantidad que Flores considera una afectación para las finanzas municipales.

El caso tiene antecedentes en administraciones anteriores. El contrato original contemplaba una vigencia de 30 años y pagos mensuales a la empresa. De acuerdo con reportes periodísticos, los desembolsos realizados habrían superado los mil 603 millones de pesos. Posteriormente, durante la administración de Luis Donaldo Colosio, el convenio fue modificado para reducir su plazo y costo; en 2025 volvió a modificarse.

La denuncia busca que se investigue quién autorizó el contrato y sus modificaciones, qué pagos se realizaron y si la empresa cumplió con las obligaciones y los permisos necesarios para desarrollar el proyecto.

Piden rastrear el destino de los recursos

Para reconstruir las operaciones financieras e identificar las cuentas y a los beneficiarios finales, Flores solicitó la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera de Nuevo León y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La morenista pidió revisar también el origen de los recursos utilizados, particularmente si hubo dinero federal y si fue ejercido conforme a la ley. En los casos donde los pagos se hayan realizado con base en avances de obra, señaló que debe comprobarse que esos trabajos existieron y determinar quién documentó y justificó su ejecución.

Durante su presentación, Flores sostuvo que ambas denuncias tienen un elemento en común: el presunto uso de cargos públicos para favorecer intereses particulares y comprometer recursos de la población de Nuevo León.

“Samuel García y Adrián de la Garza representan exactamente lo mismo, delincuencia organizada desde el poder público, utilizando sus cargos para beneficiar intereses particulares y comprometer los recursos del pueblo de Nuevo León”, afirmó.

También rechazó que sus acciones respondan a una persecución política contra el gobernador y sostuvo que los señalamientos sobre posibles desvíos requieren una investigación de las autoridades federales.

La presentación de estas denuncias ocurre mientras la ASF también ha promovido acciones relacionadas con presuntas irregularidades financieras en el gobierno de Nuevo León. Sin embargo, de acuerdo con el fiscal general del estado, Javier Flores, la denuncia presentada recientemente por la Auditoría corresponde a hechos distintos de los investigados previamente por las autoridades locales.

Flores insistió en que corresponde a la FGR y a las instancias fiscalizadoras determinar si existieron delitos o responsabilidades administrativas. Exigió que se siga la ruta del dinero y que cualquier persona que resulte responsable responda ante la ley.

Finalmente, cuestionó tanto la gestión del gobernador emecista como la del alcalde priista de Monterrey. Afirmó que, a su juicio, representan distintas etapas políticas con prácticas similares en el manejo de los recursos públicos y sostuvo que Nuevo León necesita transparencia y rendición de cuentas.

Las denuncias presentadas por Morena no constituyen una resolución judicial ni acreditan por sí mismas la responsabilidad de las personas señaladas. Corresponderá a las autoridades investigar los hechos, reunir pruebas y determinar si existen elementos para proceder penalmente.