Clara Luz Flores denuncia a García y De la Garza por corrupción ante FGR

La morenista Clara Luz Flores Carrales, coordinadora estatal de la defensa de la transformación en Nuevo León, presentó ante la FGR dos denuncias penales: una de ellas contra el gobernador de la entidad, Samuel García Sepúlveda, su esposa Mariana Rodríguez Cantú y su padre Samuel Orlando García Mascorro, por los delitos de delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y lavado de dinero; la segunda dirigida al alcalde priista de Monterrey, Adrián de la Garza.

Acompañada del senador Alejandro Murat y del diputado federal, Alfonso Ramírez Cuellar, Flores Carrales acudió este miércoles a la sede de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para acusar al mandatario del partido Movimiento Ciudadano de desviar más de siete mil millones de pesos a una red de empresas de su entorno familiar.

"Se ha señalado una presunta red de empresas mediante la cual recursos públicos del gobierno de Nuevo León habrían sido transferidos hasta llegar a un despacho jurídico vinculado con el gobernador y su entorno familiar", denunció la morenista en entrevista.

Además, afirmó, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por siete mil 12 millones de pesos y también, dijo, existen investigaciones sobre contratos que el gobierno de García Sepúlveda realizó por 110 millones de pesos con empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La segunda denuncia que Flores Carrales interpuso fue contra el alcalde priista de Monterrey, Adrián de la Garza, y Jovita Morín Flores, excontralora municipal, miembro activo del Partido Acción Nacional (PAN), por delincuencia organizada, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, lavado de dinero, tráfico de influencias relacionados con el caso Next Energy, en el que se destinaron más de siete mil millones de pesos para una parque solar.

Al respecto, la virtual candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León señaló que de la Garza otorgó un contrato por siete mil 370 millones de pesos para dicha obra, pero el costó se disparó a más de mil millones de pesos.

"Es indispensable investigar si existieron conflictos de intereses, es indispensable investigar si hubo tráfico de influencias, favorecimiento indebido a determinadas empresas, identificar quién autorizó los contratos, quién ordenó los pagos, verificar si los servicios efectivamente se prestaron, si las empresas contaban con los permisos y autorizaciones correspondientes y si se pagaron e iban bajo un avance de obra, ese avance de obra quién lo fundamentó y lo justificó", indicó.

Acusó que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y Adrián de la Garza, presidente municipal de Monterrey, utilizaron sus cargos para hacer negocios desde el poder.

"Nuestra exigencia es clara: justicia para el pueblo de Nuevo León y seguir la ruta de los recursos públicos. A dónde fue su destino final. No estamos prejuzgando, exigimos que las autoridades investiguen y determinen las responsabilidades correspondientes. Que se investigue hasta las últimas consecuencias, que se siga cada peso y que cada persona que resulte responsable responda ante la ley, por el dinero del pueblo se respeta y la justicia no se negocia", apuntó.