Chihuahua: no obstruir la justicia

César Gustavo Jáuregui Moreno, ex fiscal de Chihuahua, fue detenido ayer por la mañana en un operativo de agentes del Ministerio Público y policías estatales por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, así como por ser autor material de los mismos delitos en otro cargo penal.

Más tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ejecutó una orden de aprehensión en su contra tras determinar que incurrió “en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional”, al haber autorizado de manera ilegal la participación de personal de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en esa entidad en abril pasado.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, dijo que esa acción “claramente es un ataque al pacto federal y a la división de poderes”, ya que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional establecen límites a las entidades federativas para asumir facultades reservadas a la Federación, así como para transferir potestades públicas a autoridades extranjeras.

Gilberto Loya Chávez, recién nombrado encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), afirmó que esta acción obedece a la responsabilidad del imputado en el operativo antidrogas en El Pinal. Sin embargo, la defensa de Jáuregui denuncia que el arresto constituye una maniobra política para impedir que compita por la candidatura a la alcaldía de la capital del estado.

Para su abogado, “es evidente que esta maniobra es electoral, porque al privarlo de la libertad, automáticamente lo están privando de la posibilidad de competir” en los comicios del año entrante. Cabe recordar que la legislación electoral local impulsada por la gobernadora María Eugenia Campos le da a su administración el poder de hundir candidaturas con una simple acusación, sin presentar pruebas ni poder sostenerlas ante un tribunal.

La Suprema Corte ya declaró inconstitucionales dichas disposiciones, pero la sentencia tendrá efecto hasta 2030.

Más allá de los fuertes indicios de culpabilidad del ex fiscal, todos los antecedentes apuntan a que su detención por parte de la instancia que dirigió tiene un trasfondo político. Es imposible ignorar que, después de medio año sin tocarlo, la FGE se lanzó contra él la misma semana en que rompió con Campos mediante un video en el cual aseguró: “estoy firme (en sus aspiraciones a la alcaldía), y nadie me va a hacer sentir fuera de lugar en mi propia casa”. Incluso anticipa lo ocurrido al decir que, si “la Federación o el estado me fincan alguna responsabilidad, estoy listo para asumirla con orgullo”.

Asimismo, debe señalarse la incongruencia de proceder contra Jáuregui por unos cargos por los que también se encuentra señalada la mandataria estatal.

Después de que la muerte de los espías estadunidenses en un accidente carretero pusiera al descubierto la complicidad total de las autoridades chihuahuenses con agencias de Washington para vulnerar la soberanía mexicana y violar la Constitución, Campos ha admitido que estaba al tanto de la colaboración ilegal entre la fiscalía y los organismos extranjeros, e incluso haber autorizado extradiciones a Estados Unidos, facultad exclusiva del gobierno federal.

El 9 de septiembre se inauguró la Torre Centinela, nueva sede de la FGE, con presencia de miembros de la embajada y el consulado estadunidenses.

El piso 18 del edificio ubicado en Ciudad Juárez es para uso exclusivo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, como anunció desde abril Loya Chávez, entonces secretario de Seguridad Pública estatal.

En este contexto, pareciera que la FGE y la gobernadora Campos procedieron contra Jáuregui para apartar a un rival político e impedir que el funcionario quedara a disposición de la FGR y fuera trasladado a la capital del país, donde el ex fiscal pudo haber revelado detalles sobre las relaciones de la administración blanquiazul con el espionaje estadunidense y la profundidad de la intervención del trumpismo en la entidad.

Estas maniobras enfatizan la necesidad de que el ex funcionario sea entregado a la justicia federal y de que ésta continúe sus indagatorias en torno a las responsabilidades del gobierno de Chihuahua en las transgresiones a la Constitución y la integridad nacional de México.