Chapingo en la mira: la elección de rector y la mafia agraria detrás del botín

La Universidad Autónoma Chapingo adelantó cuatro meses su elección de rector para blindar al rector interino Ángel Garduño, quien busca una segunda reelección ilegal mientras oculta un déficit de 500 millones de pesos. Antorcha Campesina lo sostiene a cambio del control del Consejo Universitario, y el patrimonio territorial de la universidad está siendo despojado entre la complicidad oficial y los intereses inmobiliarios

CIUDAD DE MÉXICO. – La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) celebrará el 23 de noviembre una elección extraordinaria para rector, cuatro meses antes de la fecha prevista para la toma de posesión.

Detrás del adelanto hay un déficit acumulado superior a los 500 millones de pesos y la intención de blindar a la administración del actual rector, Ángel Garduño, antes del cierre del ejercicio fiscal.

La maniobra, articulada por el profesor Santos Tenorio desde el Consejo Universitario, contraviene el Artículo 10 de la Ley que crea la Universidad, que prohíbe una segunda reelección consecutiva.

Garduño fue nombrado rector interino en octubre de 2022 tras la destitución de José Solís y ratificado en 2023 para concluir el periodo que vence en 2027. Ahora pretende un segundo mandato consecutivo.

Además, enfrenta resoluciones institucionales y legales derivadas de denuncias de una alumna por impropiedades severas, lo que lo ha convertido en rehén político de Antorcha Campesina: la organización le brinda blindaje a cambio del control de las carteras del Consejo Universitario y de los recursos de la institución.

El desastre financiero se explica por contrataciones masivas, gastos desmedidos en eventos y bailes estudiantiles «para anestesiar la protesta juvenil».

Además, de sostener una nómina paralela de entre 200 y 400 asesores y operadores políticos que operan dentro del campus para sofocar inconformidades y manipular redes clientelares, afirmó en entrevista con Pie de Página Mauricio Macossay, académico del Centro Regional Universitario de Yucatán (CRUY) con 43 años de trayectoria en Chapingo.

Detrás de la elección, además de las acusaciones de desfalco, existe el blindaje a una práctica de despojo que durante años ha corrompido al centro de estudios campesinos más emblemático de México que hoy enfrente dos casos graves en Zoquiapan, Estado de México, y en Temozón Norte, Yucatán.

La Estación Forestal Experimental Zoquiapan, en Ixtapaluca, Estado de México, cumple más de un año bajo un bloqueo absoluto impuesto en sus accesos por supuestos pobladores de Río Frío.

Detrás del cierre opera una pinza política: células del Movimiento Antorchista en abierta complicidad con operadores políticos locales vinculados a Morena en el Estado de México. Esa convergencia explica la pasividad calculada de las autoridades federales y estatales, inclinadas al «dejar hacer y dejar pasar» para no perturbar acuerdos electorales regionales.

Zoquiapan es un baluarte ecológico indispensable para el centro del país. Sus mil 640 hectáreas de bosque de pino y encino funcionan como un laboratorio vivo de escala internacional y un pulmón verde que recarga los mantos acuíferos de la cuenca del Valle de México.

La certidumbre jurídica de la universidad sobre el predio es incuestionable: la UACh administra las tierras desde 1972 y cuenta con el acta formal de entrega-recepción emitida en 1993 por el Gobierno Federal, que avala la posesión universitaria por decreto presidencial.

El bloqueo ha provocado la suspensión definitiva de experimentos forestales de largo plazo y proyectos de monitoreo de biodiversidad, la cancelación de prácticas de campo para estudiantes de licenciatura y posgrado de Chapingo y de instituciones nacionales e internacionales, y la imposibilidad de ejecutar labores básicas de conservación, brechas cortafuego y combate a plagas.

Bajo el disfraz de una lucha ejidal —encabezada por un grupo que carece de planos, carpetas básicas o títulos legales—, el móvil real de la ocupación, denuncian académicos de Chapingo, es el lucro: la tala clandestina de madera de alto valor comercial y la ambición de fraccionar el bosque para desarrollos inmobiliarios, complejos ecoturísticos y cabañas privadas.

El diputado Jesús Cuanalo Araujo (PVEM), secretario de la Comisión de Medio Ambiente y egresado de Chapingo, ha denunciado que la toma vulnera un «laboratorio vivo» de la nación y exhortó a las partes a restablecer el diálogo sin condicionar la posesión de la universidad.

Al interior del campus, en cambio, la comunidad señala a la administración de Garduño de incurrir en una inacción omisa y deliberada. Sometida al control antorchista, la rectoría se ha negado a activar la defensa jurídica e institucional del patrimonio para no fracturar sus alianzas con los grupos invasores que operan en Zoquiapan.

En el extremo sur del país, la pugna política adquiere tintes de estrangulamiento administrativo e interés inmobiliario. El Centro Regional Universitario de Yucatán (CRUY) atraviesa por una política de asfixia sistemática dirigida a forzar su clausura.

Académicos del centro denuncian que el hostigamiento responde a una venganza política orquestada por el grupo hegemónico, luego de que la comunidad del CRUY rechazara mayoritariamente en un irregular plebiscito el estatuto universitario promovido por la cúpula antorchista.

El mecanismo de estrangulamiento operó mediante barreras administrativas sobre la matrícula. La administración central denegó sin sustento técnico los grupos del propedéutico —impartido ininterrumpidamente desde 2008 hasta 2025 para nivelar a egresados de bachilleratos externos— para los ciclos 2025 y 2026.

Para la carrera de Ingeniería en Desarrollo Agroforestal, la rectoría frenó la apertura del grupo de primer año (cuarto año en la nomenclatura interna): a pesar de una demanda real acreditada de 33 aspirantes, maniobras burocráticas redujeron la cifra a solo dos seleccionados para justificar el cierre del grupo bajo el pretexto de «falta de demanda».

La estrategia redujo la población estudiantil del CRUY a tan solo 11 alumnos activos, acorralando a la plantilla docente y administrativa al borde de la inoperancia.

Detrás del acoso político subyace un botín de alta plusvalía urbana. El CRUY alberga un predio de 138 hectáreas ubicado en Temos Norte, la zona de mayor plusvalía comercial y especulación inmobiliaria en Mérida, Yucatán.

Flanqueado por desarrollos de alta gama como Cabo Norte y Solunda, el terreno universitario es visto por grupos corporativos como una reserva codiciada para la expansión urbana.

El académico Mauricio Macossay dimensiona el trasfondo de la agresión y el valor ecológico de resistir el despojo:

«La mayoría de nosotros no votó para avalar la elección, y los que votaron votaron en contra. Entonces, parece ser que hay todo un proceso de venganza política.»

Frente a la gentrificación y la proliferación de islas de calor en Mérida, las 138 hectáreas del CRUY funcionan como un pulmón ambiental, una reserva florística y faunística que alberga venados y especies locales.

La permanencia de la reserva cuenta con el respaldo explícito de las comunidades vecinales, que reconocen el valor del predio como moderador microclimático.

El CRUY cuenta con cuatro décadas y media de trabajo agropecuario en la península. Su carrera de Ingeniería en Desarrollo Agroforestal tiene 12 años de creación y suma 92 egresados titulados y tres próximos a graduarse (95 profesionales en total). La mayoría se encuentra inserta en programas como Sembrando Vida, iniciativas agroforestales estatales y proyectos comunitarios de organizaciones no gubernamentales.

Para eludir el bloqueo presupuestal, un colectivo de 12 profesores (de un total de 18 que conforman la plantilla) diseñó un plan de reestructuración curricular a 5 años que permite el ingreso directo de egresados de cualquier bachillerato mediante un examen de admisión propio del centro. El proyecto será sometido al Consejo Universitario para reabrir la convocatoria de ingreso en 2027 y blindar la viabilidad del centro regional.

El control operativo de la Universidad Autónoma Chapingo responde a una arquitectura corporativa donde convergen grupos clientelares, cacicazgos incrustados en los órganos colegiados, redes sindicales y acaparadores de tierras.

Antorcha Campesina, surgida en los años 70 como la «Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques» bajo el liderazgo de Aquiles Córdova, fue expulsada de Chapingo tras la intervención militar de 1976.

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se adhirió orgánicamente al PRI, alianza que mantuvo hasta el respaldo a Enrique Peña Nieto en 2018. Hoy ejerce hegemonía sobre carteras clave del Consejo Universitario y órganos de decisión mediante clientelismo, acondicionamiento de becas, administración de albergues estudiantiles, entrega de dádivas y despliegue de grupos de choque.

Profesores y alumnos denuncian que este grupo mantiene cautivo a Garduño para disponer del presupuesto institucional y garantizar su expansión territorial, aunque Antorcha Campesina lo ha negado rotundamente.

El enlace operativo entre esa cúpula y el Consejo Universitario es el profesor Santos Tenorio, calificado por académicos como un «cacique» interno y «fósil» incrustado en el órgano desde hace décadas. Está especializado en la manipulación de convocatorias, el reventado de quórums y la articulación de acuerdos para sostener la agenda del oficialismo.

El STAUACh, sindicato de trabajadores académicos, opera como factor de presión laboral e influenciador en los procesos de elección ejecutiva. Negocia corporativamente plazas docentes, prestaciones colectivas e injerencia financiera, y la comunidad académica lo documenta por sellar pactos clientelares con la fórmula de Manrrubio Muñoz y J. Reyes Altamirano, negociando el loteo de al menos dos Direcciones Generales con Martín Soto Escobar a cambio de movilización electoral.

Como dato de contexto, dentro del campus opera también la Fundación Chapingo, una asociación civil presidida por Antonino Almazán Arteaga, exfuncionario del Registro Agrario Nacional (RAN) que ha sido señalado públicamente por acaparamiento de tierras.

La Fundación se presenta oficialmente como una organización de beneficencia dedicada al apoyo estudiantil y a proyectos ambientales, y no hay evidencia pública verificable de que participe en la elección ni de que tenga vínculos orgánicos con Antorcha Campesina. Su mención es relevante, sin embargo, porque su presidente encarna el tipo de intereses inmobiliarios que rodean las reservas territoriales de la universidad.

La crisis que sacude a la Universidad Autónoma Chapingo excede la disputa por la rectoría y el manejo del presupuesto; representa un choque sobre el proyecto histórico del campo mexicano.

De un lado subsiste la visión agronómica de vocación social, volcada al acompañamiento de la agricultura campesina, las comunidades indígenas y los sistemas agroforestales sustentables. Del otro, se impone el modelo favorecido por las cúpulas hegemónicas, volcado hacia la agricultura industrial, la tecnificación al servicio de las grandes plantaciones comerciales y la entrega del patrimonio universitario a la especulación inmobiliaria.

Esta degradación amenaza el legado de una institución centenaria.

Tras la expropiación zapatista de la antigua hacienda porfirista de San Jacinto en Texcoco, el predio fue entregado en 1925 a la Escuela Nacional de Agricultura (ENA). En sus muros, Diego Rivera inmortalizó en la capilla laica una obra pictórica declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Tras resistir embates como la intervención militar de 1976 durante el gobierno de Luis Echeverría —que desalojó al grupo de los «Bolcheviques» antes de la promulgación de la Ley que creó la UACh en 1977—, la universidad atraviesa hoy su momento de mayor desmantelamiento interno a manos de las mismas facciones expulsadas en el pasado.

A pesar de la atomización inducida por la entrega de prebendas, la resistencia académica mantiene la vía legal para recuperar la institucionalidad. Profesores investigadores, sustentados en la trayectoria de académicos como Mauricio Macossay, han interpuesto impugnaciones formales ante las instancias internas y los tribunales para frenar la candidatura de Ángel Garduño, demostrando la violación al Artículo 10 de la Ley de la UACh por pretender una segunda reelección extemporánea.

La crisis de la Universidad Autónoma Chapingo ha rebasado las fronteras de Texcoco.

El rescate de la institución agrícola más importante de América Latina exige que el Gobierno Federal —a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) — abandone la complacencia del «dejar hacer y dejar pasar». La restauración de la legalidad, la fiscalización de los fondos públicos y la garantía de elecciones libres son los únicos caminos para evitar que el patrimonio científico del campo mexicano quede reducido a una cuota de reparto político e inmobiliario.

Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.

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