El primer juzgado de distrito en materia penal en la Ciudad de México ordenó el levantamiento de las medidas cautelares a Brenda Quevedo Cruz y determinó el fin del arraigo domiciliario y la remoción del brazalete electrónico que ha portado en el tobillo por más de un año. A partir de ahora, Brenda se presentará a firmar ante el juzgado una vez al mes mientras se resuelva el proceso, además de que se le mantendrá la prohibición de salir del país.
Desde hace 20 años y siete meses, Brenda Quevedo ha sido víctima de persecución judicial por el presunto plagio y homicidio de Hugo Alberto Wallace en julio de 2005. Al igual que Juana Hilda González, Jacobo Tagle, César Freyre y los hermanos Tony y Albert Castillo, fue acusada y cazada por la fallecida Isabel Miranda de Wallace, madre de Hugo, empresaria, política y traficante de influencias. Hace un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata libertad de Juana Hilda González Lomelí por las violaciones graves al debido proceso y la obtención bajo tortura de las confesiones utilizadas en su contra, momento en que se dio por sentado el inminente final de las causas contra el resto de los coacusados. Sin embargo, todos excepto Brenda e Hilda continúan en prisión y no hay ninguna señal de que la justicia esté en camino.
La propia Brenda ha explicado por qué el caso continúa estancado pese a que hace mucho se demostró el ejercicio de tortura física para la obtención de declaraciones autoinculpatorias de las otras cinco víctimas, de que ella nunca confesó delito alguno, y de que el resto de las evidencias fabricadas contra ellos han sido desechadas por insostenibles: “si se destapara toda la cadena de complicidades y corrupción que facilitó la fabricación del caso, de mínimo deberían caer unas cuantas cabezas de funcionarios que todavía están operando en el sistema judicial. ¿Cuántos servidores públicos estaban al tanto, los que daban órdenes de hacer cosas, los que fueron omisos, los que mintieron, los policías que realizaron las torturas? Casi todos están activos”.
Debe recordarse que Isabel Miranda fue una empresaria con amplios contactos en círculos de poder económico y político, quien hizo uso de expedientes judiciales para desacreditar causas sociales. Dirigente de una asociación de combate al secuestro y amiga de Felipe Calderón, durante los sexenios de éste y de Vicente Fox ejerció control ilegal sobre el Ministerio Público y las corporaciones policiacas, hasta el punto en que dirigía operativos sin tener cargo alguno. Con el favor de los regímenes blanquiazules, hizo encarcelar sin pruebas a quienes ella decidió responsabilizar por el crimen contra su hijo, pese a que desde un principio su caso estuvo lleno de contradicciones y de que nunca se probó que siquiera existiese un delito que investigar. Hasta octubre de 2025, tuvo una cómplice en la cúspide del Poder Judicial: la ex presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, nombró secretario de estudio y cuenta a un cuñado de Miranda. Fue más allá. Desde que encabezó la Judicatura en enero de 2023, emprendió una cacería de brujas contra todo integrante que haya intentado hacer justicia para las víctimas de la empresaria.
Por ello, el cambio de las medidas cautelares para Brenda Quevedo es tardío e insuficiente. Tanto ella como Tagle, Freyre y los hermanos Castillo deben quedar absueltos por falta de pruebas y violaciones al debido proceso, así como ser reconocidos como víctimas de una conjura política que destruyó sus vidas y fue usada para justificar las peores prácticas penales durante ese periodo sombrío de la historia mexicana que fue la usurpación de la Presidencia por el calderonato.
Nota original publicada en el portal de La Jornada el 9 de agosto de 2026: https://www.jornada.com.mx/2026/08/09/opinion/002a1edi?partner=rss.
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