Ganó de modo convincente e inobjetable por un margen de 3.58% y con casi 4 millones y medio de votos de diferencia. Lo hizo después de haber perdido la primera vuelta, pese a todos los pronósticos, sondeos y apuestas, e incluso contra la historia: las elecciones en Brasil nunca habían tenido un vuelco desde que la democracia fue restaurada en 1989. Los precedentes existen hasta que dejan de serlo.
Sin embargo, Lula no las tiene todas consigo, y conviene matizar y tomarse el resultado con reservas. Sobre su victoria frente a Flávio Bolsonaro pesan ya cuestionamientos. La decisión del juez del Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, de extender el horario de votación hasta las 19:00 horas fue adoptada cuando el cierre de las urnas era inminente. La medida provocó confusión en algunos centros de votación y obligó a suspender temporalmente el recuento.
Bolsonaro rechazó con vehemencia el resultado y exigió la anulación judicial de los comicios, invocando el hecho de que Zanin fuese abogado de Lula antes de incorporarse al Supremo. Si bien es cierto que esa relación previa alimenta las sospechas de parcialidad, no demuestra por sí misma que la resolución fuera ilegal o que se manipularan los votos.
Asimismo, el carácter excepcional de la remontada ha alimentado dudas y suspicacias entre algunos sectores. Ello ocurre en un contexto marcado por la circulación de desinformación, teorías conspiratorias y controversias sobre la integridad del proceso electoral, como ha sido el caso de esta elección, en la que, por si fuera poco y para colmo, el propio Donald Trump se propuso interferir, sin el menor pudor.
En cualquier caso, habrá conflicto poselectoral, que por el interés público no conviene que escale al nivel de la algarada protagonizada en enero de 2023 en Brasilia por miles de partidarios de Jair Bolsonaro, que irrumpieron de forma violenta en las sedes del Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Federal y el Palacio de Planalto, en emulación al asalto al Capitolio de Washington D.C, protagonizado por los iracundos seguidores de Trump, dos años antes.
Todo esto ocurre en un país de por sí dividido en dos grandes bloques antagónicos. El apretado resultado electoral actualiza el estrecho margen de hace cuatro años, al tiempo que confirma la fractura que polariza a Brasil desde hace una década. En efecto, la elección de 2022 se zanjó por apenas un y medio puntos porcentuales; esta vez la diferencia, aunque mucho más clara, no ha sido tampoco categórica.
Por otra parte, basta contemplar el mapa electoral brasileño y la polarización geográfica para advertir la profunda grieta que se consolida en Brasil, por la que el Norte y el Noreste –la región históricamente más afectada por la pobreza extrema, el rezago económico y la desigualdad estructural– de ese país, se mantienen como bastiones inexpugnables del PT, en tanto que el Sur, el Centro-Oeste –núcleo del poderoso sector agroindustrial exportador del país– y el Sureste –sede de la industria manufacturera y región históricamente más próspera– siguen siendo baluartes del bolsonarismo.
No en vano, en 1974, el economista brasileño Edmar Lisboa Bacha acuñó el término Belindia –mitad Bélgica, mitad India– para designar un país en el que una parte del país disfruta de altos ingresos, modernidad y estándares de vida europeos, mientras que otra malvive con salarios de subsistencia, informalidad y graves carencias. Aunque habría que poner el concepto al día –ni Bélgica es lo que solía, ni tampoco India–, a más de medio siglo su significado sustantivo se mantiene, lo que desmentiría, por otra parte, la aseveración lulista de haber sacado a sectores ingentes de población del umbral de la pobreza.
Por lo demás, el bolsonarismo mantiene una notable capacidad de movilización electoral, pese a que su líder, Jair Bolsonaro, cumple una condena de 27 años de prisión domiciliaria, por tentativa de golpe de Estado, sentencia dictada por el juez Alexandre de Moraes. Cuatro miembros de su familia, además de Flavio, concurrieron en los comicios, alzándose con la victoria en la primera vuelta.
Su esposa, Michelle será senadora por el Distrito Federal, en Brasilia. Su hijo Carlos, senador por el estado de Santa Catarina, mientras que otro hijo suyo, Jair Renán, fue electo diputado por esa misma entidad federativa.
Finalmente, su hermano Renato será diputado federal por São Paulo.
En cualquier caso, la nueva presidencia de Lula estará severamente acotada por un congreso que le será adverso, donde la derecha conserva una posición dominante y donde la coalición bolsonarista, integrada por el Partido Liberal de Flavio y el Partido Novo cuentan con un bloque conjunto de 131 diputados, equivalente al 25% de la Cámara de Diputados, compuesta por 513 escaños.
En su conjunto, el llamado bloque de derecha y partidos afines controla aproximadamente 283 escaños, consolidando el Congreso con mayor peso derechista desde 1985. De modo inverso, el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula contará apenas con 70 asientos y el llamado Bloque de izquierda en su conjunto 88 escaños, lo que le obligará, en el mejor de los casos, a buscar acuerdos muy amplios con los partidos de centro y centroderecha a fin de intentar sacar adelante la agenda gubernamental de Lula da Silva frente a un bloque opositor notoriamente fortalecido.
Más allá de las acusaciones, infundadas o no, de fraude electoral, Lula enfrenta la imputación de uso ilegal o ilegítimo de recursos públicos. Sus críticos sostienen que, para superar a su rival, Lula recurrió de manera intensiva al aparato estatal para apuntalar su campaña electoral. Prodigó beneficios a mansalva y dispensó promesas hechas a la medida de sectores del electorado que buscó cortejar, desvirtuando programas sociales y empeorando aún más el gravoso legado de déficit y deuda, que él mismo padecerá, ahora como presidente.
De este modo, decretó un aumento del monto del 15% y un adelanto de la entrega del programa social Bolsa Família, para que los 50 millones de beneficiarios pudieran cobrarlo antes de emitir su sufragio, medidas que la oposición tachó de “compra de votos”, en lo que ciertamente pareció un intento desesperado por parte de su gobierno para revertir el empate técnico hasta entonces prevaleciente en las encuestas.
Por último, pero no menos importante, como tantos otros antes que él, Lula sucumbió a la gran tentación del caudillismo latinoamericano: el necesariato, sentirse indispensable e insustituible. Tras el impeachment de 2016, que desembocó en la destitución de Dilma Rousseff, y después de la derrota de su exministro de Educación, Fernando Haddad, a manos de Jair Bolsonaro en las elecciones de 2018, Lula volvió cuatro años después.
Evidentemente ya no es el Lula aguerrido que protagonizó las luchas sindicales contra la dictadura militar, a fines de los setenta, ni tampoco el candidato que ganó por vez primera en 2002. Entonces tenía 57 años.
Hoy es un hombre provecto, cuyo empeño pospone una vez más el relevo generacional necesario para que el PT pueda consolidarse como un proyecto viable más allá de su figura.
Eso pesa, y mucho, en un sistema político, como el brasileño, sin tradición de partidos políticos fuertes y consolidados, más allá de fórmulas personalistas o integradas exprofeso en torno a una candidatura, partidos de cuadros o meras asambleas de notables. ~
Nota original publicada en el portal de letraslibres.com el 26 de octubre de 2026: https://letraslibres.com/politica/brasil-un-balance-provisional/26/10/2026/.
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