Cientos de manifestantes llegaron a La Paz a principios de semana para exigir al gobierno la derogación de una ley que consideran perjudicial para sus territorios ancestrales. Según el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Orlando Ceballos Acuña, y el investigador Juan Pablo Chumacero, la nueva normativa sería contraria a la Constitución y favorecería a los grandes propietarios.
Transportistas paralizaron el servicio público en varias ciudades de Bolivia y bloquearon carreteras en protesta por la escasez y mala calidad de los combustibles. El lunes, tras 28 días de marcha y más de 1.000 kilómetros recorridos, la mayoría de los manifestantes, indígenas amazónicos, llegaron a La Paz para exigir al presidente Rodrigo Paz la anulación de la Ley de Tierras. Denuncian que esta normativa afecta sus territorios ancestrales, beneficia a los grandes propietarios y permite la expansión y concentración de la tierra.
«Es una ley inconstitucional porque colisiona con el principio de inembargabilidad establecido en la Constitución. Esto es inaudito. El gobierno es tan débil que no puede plantearse una reforma parcial de la Constitución. Aunque el Gobierno representa a la clase dominante, carece de la legitimidad necesaria para llevar a cabo un proceso de reforma. Por lo tanto, ha optado por sobrepasar los límites de la Constitución a través de una ley», afirma Ceballos.
Juan Pablo Chumacero, investigador en temas agrarios y director de la Fundación Tierra, advierte que los campesinos no son los verdaderos beneficiarios de esta ley. «Durante el proceso de saneamiento, muchos grandes propietarios utilizaron la regularización de derechos para subdividir sus propiedades y hacerse pasar por pequeños propietarios, evitando así pagos que debían realizar como grandes propietarios. Ahora intentan blanquear esta situación de una manera que los libera de sus compromisos y obligaciones. Hablamos de parcelas de 200 o 300 hectáreas cultivadas con soya, que pueden costar medio millón de dólares. Aun así, los grandes propietarios quieren evitar que se verifique la función económico-social de estas propiedades. Esto es claramente una cuestión de desigualdad e injusticia agraria», concluye.
Esta protesta campesina se suma a otras manifestaciones contra la gestión económica del Gobierno. Obreros, maestros y mineros han anunciado un paro indefinido a nivel nacional, mientras que los transportistas bloquearon las rutas de Santa Cruz este martes.Tomado de https://www.rfi.fr/
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