Big Brother del INE fue para no devolver dinero; inhabilitan sistema

A fines de 2025, colaboradores del empresario Alfredo Hernández en el INE idearon proyectos fuera de presupuesto por cientos de millones de pesos, inflando precios hasta cuatro veces su valor de mercado.

Uno de esos proyectos fue el del llamado Big Brother del INE —cuya inhabilitación inició esta semana—, que sobrepasaba los 300 millones de pesos e incluía, en un inicio, tanquetas con cañones de agua para disolver mítines que finalmente no fueron aceptadas por la presidencia del instituto, y quien además ordenó “bajarle” a ese proyecto, el cual quedó en 227 millones de pesos.

Fuentes que consultó Excélsior y que tuvieron acceso al contrato detallaron que, de los 227 millones que el INE informó que costó el proyecto, el sistema de cámaras con micrófonos se pagó en más de 160 millones de pesos; los sensores ambientales, en alrededor de 8 millones; los dos drones, 2 millones, igual que los antidrones; un monitor gigante para la videovigilancia de la sede del INE sobrepasó los 22 millones, y los ponchallantas, torniquetes y sistema de credencialización sumaron casi 10 millones de pesos.

Red en el INE inventó proyectos de último minuto para evitar subejercicioA fines de 2025 y para no regresar dinero que podría considerarse subejercicio presupuestal, los colaboradores del empresario Alfredo Hernández que laboraban en el Instituto Nacional Electoral (INE) idearon proyectos no incluidos en la programación presupuestal —hecha desde 2024—, pero que significaban cientos de millones de pesos y en los cuales intentaron inflar los precios hasta cuatro veces su valor de mercado.

Hasta tanquetas con cañones de aguaUno de esos proyectos inventados de último momento fue el caso del llamado Big Brother del INE, que sobrepasaba los 300 millones de pesos e incluía en un inicio tanquetas con cañones de agua para disolver mítines, las cuales finalmente no fueron aceptadas por la presidencia del instituto, que además ordenó “bajarle” a ese proyecto, quedando en 227 millones de pesos.

Los detalles del Contrato para el Sistema Integral de Seguridad —que instaló cámaras con micrófonos en la sala de prensa, pasillos y áreas comunes del instituto, torniquetes con acceso por tarjeta, drones, antidrones, sistema antievasión para vehículos y monitoristas— fueron clasificados como de “seguridad nacional”, por lo que sus pormenores no se conocen abiertamente.

Sin embargo, fuentes consultadas por Excélsior que tuvieron acceso al contrato detallaron el desglose de los 227 millones de pesos que el INE informó que costó el proyecto:

Sistema de cámaras con micrófonos: Más de 160 millones de pesos.Monitor gigante para videovigilancia (sede central): Más de 22 millones de pesos.Ponchallantas, torniquetes y sistema de credencialización: Casi 10 millones de pesos.Sensores ambientales: Alrededor de 8 millones de pesos.Dos drones y sistemas antidrones: 2 millones de pesos cada rubro.Las cámaras se instalaron en todos los edificios del instituto en la Ciudad de México (Tlalpan, Tláhuac, Corum, Zafiro, Insurgentes, Quantum, Cecyrd y Moneda), así como en las 32 juntas locales. Algunos de estos insumos tenían un sobreprecio de 100%, de acuerdo con la fuente consultada.

Este proyecto fue otorgado por adjudicación directa por el entonces director de Administración, Jesús Octavio García, a la empresa AMPS para la Integración y Articulación, S.A.P.I. de C.V., constituida en 2017 por gente cercana a Genaro García Luna. Raymundo Hernández Casillas, hermano de José Alfredo Hernández, acercó a esta empresa con el INE.

Por órdenes de los consejeros electorales, desde la semana pasada se inhabilitaron los torniquetes para el ingreso a los edificios y el pasado lunes 9 de noviembre inició la desinstalación de cámaras con micrófonos, al menos en la sala de prensa.La UTSI, el paraíso de los “aviadores”

Según la fuente, Jesús Octavio García y José Alberto Pérez de Acha fueron los artífices del proyecto luego de que Alfredo Hernández dejó de buscar únicamente los contratos relacionados con impresiones, materiales electorales y documentos, para empezar a meterse en el área tecnológica.

De hecho, el contrato para la producción de la credencial para votar sólo tenía valor para los involucrados por las empresas a las que se les compraba tecnología patentada necesaria para su conformación, como los códigos QR. Los tratos se hacían con esas firmas para pactar el sobreprecio y el cobro de comisiones.

Para salvaguardar los intereses de varias compañías participantes, José Alberto Pérez de Acha contrataba como “aviadores” a personal de esas proveedoras, además de otras personas a las que buscaban beneficiar.

La fuente consultada por Excélsior calculó que más de 40% del personal de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), comandada por Pérez de Acha, eran “aviadores” a los que nunca se les vio en la oficina porque supuestamente “trabajaban desde casa”. Esta unidad cuenta con 496 trabajadores de base y por honorarios permanentes, sin contar a los empleados contratados por honorarios eventuales.